Tras la polémica desatada por un oficio enviado por la Fiscalía a cinco universidades anunciando una revisión a sus bases de datos, el vicefiscal General, Guillermo Mendoza Diago, explicó que lo que se busca en concreto es verificar información sobre 55 personas que son buscadas por las autoridades y que podrían estar relacionadas con centros educativos del país.

Mendoza aclaró que no se trata de obtener la totalidad de las bases de datos de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y el Sena, sino de avanzar en un expediente que lleva la Unidad Nacional contra el Terrorismo contra ese medio centenar de sospechosos de colaborar con la guerrilla.

Según dijo, los nombres “estaban en un computador de las Farc que fue encontrado recientemente y que los señala como infiltrados en los centros educativos”.

El expediente al que se refiere el Vicefiscal surgió desde febrero pasado, cuando el Ejército ocupó en cercanías del municipio de La Macarena (Meta) un campamento de las Farc. En el sitio encontraron cuadernos y una memoria USB con las hojas de vida de por lo menos nueve mil guerrilleros de las Farc.

En un capítulo de la memoria del computador aparecen los nombres, fotos y datos de 55 personas que las Farc señalaban como sus fichas en las universidades. Aparecen las fechas en que ingresaron, los nombres de los centros educativos y las ‘misiones’ que estarían realizando en la ciudad.

La orden de la Fiscalía, que se conoció este fin de semana, no cayó bien en las universidades públicas y en otros sectores, que criticaron los alcances del oficio enviado a los rectores.

La notificación dice que se comisionó a un grupo de la Policía Judicial (Dijín) para realizar “inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades (...) desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley”.

El procurador general, Edgardo Maya, criticó la medida y señaló que en este tipo de investigaciones no se puede generalizar. “Cuando haya visos de violación a la ley en cualquier establecimiento público o privado, la autoridad tiene la posibilidad de investigación criminal, pero lo que considera la Procuraduría es que debe hacerse sobre casos concretos”, dijo Maya.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, calificó la notificación como “absurda e impertinente”. También señaló que iniciará consultas jurídicas para determinar “en qué medida se afectan la autonomía universitaria y el derecho a la intimidad” con la averiguación que emprendió la Fiscalía.

El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, dijo que la orden violaría los derechos de los estudiantes: “Es una amenaza directa y grave a los derechos fundamentales de las personas que son o han sido alumnos de los centros de estudios mencionados”.

Sin embargo, la investigación está en plena marcha. EL TIEMPO conoció que las autoridades ya tienen individualizados varios casos, por lo menos 7, de personas que están vinculadas a diferentes universidades y que, según las pesquisas, hacen parte de las Farc.

Hace dos meses la imagen de encapuchados en un acto de la Universidad Distrital, reveladas por la congresista Gina Parodi, reavivó el debate por la infiltración de la guerrilla en las universidades. No solo porque aparecían gritando arengas en favor de las Farc sino porque lo hacían frente al rector de esa universidad, Carlos Ossa.

Otras investigaciones han confirmado también la infiltración paramilitar en varias universidades de zonas en las que mandaron las Auc