Que les piquen caña

Que les piquen caña

Ahora que empiezan las vacas flacas, bueno es saber quién se quedó con las vacas gordas de los seis años de crecimiento económico y promoción de la confianza inversionista. A juzgar por los hechos y cifras reveladas en las recientes huelgas en el sector de la palma y la caña de azúcar, la conclusión es que los perdedores, otra vez, fueron los trabajadores, a expensas de unos mal llamados empresarios, que más parecen señores feudales que agroindustriales.

23 de septiembre de 2008, 05:00 am

En el caso de la palma, hay evidencia suficiente para demostrar que la gran expansión de este cultivo en la última década coincide con zonas de expansión geográfica del narcoparamilitarismo. Tampoco es un secreto que el crecimiento de la palma en esas zonas coincidió con el crecimiento de intimidaciones y homicidios selectivos de líderes de organizaciones sociales y sindicales agrarias. También se sabe que las condiciones laborales de los trabajadores de la palma son casi de servidumbre y que se sustituyó cualquier forma de contrato laboral por el uso de sociedades comerciales de hecho, en las cuales no hay ni salario estipulado, ni jornada laboral, ni ningún tipo de prestación social, como lo ha demostrado con estudios serios la Escuela Nacional Sindical.

En el sector de la caña de azúcar está ocurriendo lo mismo. El efecto combinado de la política gubernamental de promoción de biocombustibles y negociación del TLC ha sido que los otrora ingenios azucareros se dediquen cada vez más a la producción de etanol y no a la de azúcar. El incentivo está claro, la producción de etanol es casi 100 por ciento más rentable que la de azúcar. Es obvio que con semejante rentabilidad, el etanol puede pagar sus costos por sí mismo. Pero el Gobierno decidió quitarnos de los bolsillos de todos los colombianos millones de dólares para regalárselos a los productores de etanol. Esos productores, a diferencia de algunos palmeros, no son nuevos empresarios. Entre los productores de etanol está el Grupo Ardila Lülle, dueño también del canal de televisión RCN.

Nada de malo tiene que el campo colombiano se reconvierta hacia actividades más rentables ni que sus empresarios ganen mucho dinero con ello. Lo malo es que cuando hay expansiones apoyadas en el brazo armado del narcoparamilitarismo, a expensas de la vida y tierras de miles de campesinos o precarizando las condiciones laborales de los que quedan como sus trabajadores.

En el caso de los cortadores de caña, el método para evadir la legislación laboral son las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Los ingenios no contratan directamente a los cortadores, sino que contratan con las CTA y les pagan un valor por el peso global, que, según el ingenio, tiene la caña cortada. Aparte de la inestabilidad por no tener una contratación directa, ese pago global no incorpora el valor real del salario, ni las prestaciones sociales, ni cubre los riesgos profesionales de los corteros. Y, además, les siguen pagando la caña cortada como si se usara para producir azúcar y no para producir etanol, cuando el valor de mercado es completamente distinto.

Cuando el Gobierno Nacional le da un subsidio a una familia pobre, lo focaliza y condiciona. Las madres que reciben subsidio por familias en acción, por ejemplo, tienen que ser las más pobres, según el Sisbén, y enviar a sus hijos al colegio y alimentarlos adecuadamente. El subsidio sólo se paga si las condiciones de nutrición y asistencia escolar se cumplen.

¿Por qué el mismo esquema no se aplica a los empresarios? ¿Con qué criterio de mayor pobreza o necesidad se escoge subsidiar al grupo Ardila Lülle? ¿Con qué criterio se escoge subsidiar actividades altamente rentables como el etanol? ¿Por qué los subsidios empresariales no están condicionados al cumplimiento de las condiciones laborales legales: contrato laboral, jornada de ocho horas, pago completo de las prestaciones sociales (salud, pensión, jubilación y vacaciones), pago completo de la dotación requerida para el trabajo, prevención y cubrimiento de riesgos profesionales? ¿Por qué para las familias pobres hay subsidios focalizados y condicionados y para los empresarios, cheques libres al portador? ¿En eso consiste la confianza inversionista?