El fin de semana pasado la noticia de una emergencia en el río Magdalena prendió las alarmas sobre la posibilidad de contaminación de la principal arteria fluvial del país. Un camión que transportaba 96 canecas con 50 kilos de cianuro granulado se volteó en el planchón que atravesaba el río Magdalena, a la altura del corregimiento de Bodega Central, en Morales, Bolívar.

La alerta fue nacional. Se ofrecieron recompensas a los habitantes ribereños que pudieran localizar las canecas azules que habían ido a parar al fondo del río. Una filtración del veneno podría generar una emergencia sin precedentes por la contaminación del río y cerca de 50 municipios ribereños del Magdalena, César y Bolívar, cuyos acueductos se sirven de las aguas del río. Incluso, el propio presidente Álvaro Uribe se desplazó al sitio, ante la posibilidad de una catástrofe.

En la zona, Uribe convocó al Comité Nacional de Emergencias y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para revisar la normatividad sobre el transporte de tóxicos. Uribe también anunció que hasta que no se cree la reglamentación no se podrá transportar tóxicos por el río. Ese día, primero de septiembre, se expidió la resolución 3601 por medio de la cual el Gobierno prohibió el transporte de sustancias tóxicas en las vías fluviales y asignó un responsable para ejercer control al movimiento de ese tipo de carga por los ríos.

Esa, hasta el momento, ha sido la única acción legal, pues en materia de normatividad, este accidente, que pudo convertirse en emergencia nacional, puso de presente el riesgo y la falta de control sobre el transporte de este tipo de materiales por la principal arteria fluvial del país. Así lo constató el presidente Uribe cuando llegó al sitio del accidente, al preguntar sobre los controles: no hay.

Paralelamente al operativo de rescate de los tanques con cianuro, y mientras los buzos de la Armada sacaban una a una las canecas, las autoridades nacionales revisaban lo poco que sobre esa materia hay en la legislación. Lo primero que estudiaron fue la Ley 1242 o Código de Transporte Fluvial, expedido el pasado 5 de agosto. En el mismo no existen artículos que den indicios de alguna restricción para el transporte de tóxicos. También se dieron cuenta de que las autoridades de salud (como el Invima), o del Medio Ambiente, no tienen responsabilidad sobre las disposiciones para la manipulación y el transporte de esas sustancias.

El accidente sirvió para mostrar que existe un vacío jurídico.

Al final, la emergencia se controló gracias a la acción arriesgada de 18 hombres rana de la Armada Nacional que sacaron las canecas de la profundidad de las aguas turbias del río Magdalena. Las normas siguen flotando.