La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) le abrió una investigación administrativa y le formuló pliego de cargos al cementerio Jardines de Paz, ubicado en el kilómetro 13 de la autopista Norte, por no reubicar más de 20 cadáveres que en los últimos dos años enterró en el extremo noroccidental del camposanto, donde la autoridad ambiental le había notificado previamente que no podía vender tumbas ni inhumar cuerpos.

La apertura de la investigación por presunto “deterioro ambiental” y “conductas atentatorias contra el recurso hídrico” está contenida en la resolución 1919 que la Secretaría expidió el pasado 19 de julio.

La autoridad ambiental tomó esa decisión, tras establecer que Jardines de Paz inhumó cadáveres en 1.500 metros cuadrados de un sector esquinero del predio, declarado como zona de ronda del Humedal Torca.

El secretario Distrital de Ambiente, Juan Antonio Nieto Escalante, expresó que, de acuerdo con las normas ambientales, la zona de ronda es una reserva ecológica protegida por la ley, pues funciona como área de amortiguación en caso de que ocurra una inundación provocada por el desbordamiento de agua del humedal.

En consecuencia, agregó, en las áreas de ronda “no se puede edificar ni hacer actividades como la inhumación, porque son claramente incompatibles con los usos permitidos para esas zonas y por el impacto ambiental y de salud que pueden generar”.

La autoridad ambiental se enteró de que estaban haciéndose posiblemente “rellenos” en el Humedal Torca, por las denuncias que le hicieron llegar representantes de las comunidades indígenas de Suba y Usaquén, en julio del año pasado.

Tales hechos motivaron que, el 9 de agosto del 2007, funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) practicaran una visita técnica al cementerio Jardines de Paz.

Ellos establecieron que allí, efectivamente, se vendían lotes e inhumaban cadáveres en la ronda del Humedal Torca y que se habían quitado los mojones que el Acueducto había señalado como los límites reservados para uso y protección legal.

Por tales hechos, la Secretaría Distrital de Ambiente –mediante la resolución 4066 del 19 de julio del 2007– le ordenó a Jardines de Paz suspender la venta de lotes y las inhumaciones en la ronda y reubicar los cadáveres enterrados en esos terrenos.

Además, le dio al cementerio un mes de plazo para que efectúen los estudios que evaluarán el daño causado por la inhumación de cuerpos en la zona de manejo y preservación ambiental del camposanto.

La autoridad ambiental exigió esas averiguaciones ante la preocupación de que, según su “revisión bibliográfica”, la descomposición de cadáveres genera lixiviados entre los que se encuentra la cadaverina que, con el tiempo, podría tener algún impacto en el Humedal.

Sin embargo, ese efecto aún no se ha estudiado ni comprobado en los cementerios de Bogotá, según dijeron fuentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

En vista de que Jardines de Paz no cumplió con los requerimientos que la Secretaría le hizo, esta entidad optó por abrirle la investigación administrativa y los pliegos de cargos por “conductas atentatorias contra el medio acuático”, que podrían conducir, luego, a la imposición de una multa millonaria.

EL TIEMPO consultó a la representante legal de Jardines de Paz Olga Lucía Melo, quien respondió: “Hay un trámite administrativo adelantado por la Secretaría, al cual ya le hemos dado respuesta y ahí está consignada nuestra opinión sobre el tema”.

Jardines de Paz, en una comunicación que envió el pasado 26 de junio, le pidió a la SDA revocar la medida por la cual le suspendió la venta de tumbas en la zona de ronda y le ordenó trasladar los cadáveres a otro lugar del camposanto, por considerar que los terrenos del pleito “están por fuera de la ronda”, (...) “no han afectado el ecosistema” y que tales usos del suelo fueron autorizados por el Gobierno Distrital.

Igualmente, el cementerio dijo que no efectuó los estudios del impacto ambiental en el Humedal, por considerar que es “ una medida desproporcionada” y que, además, esas evaluaciones demandan mínimo por lo menos tres meses y tienen “elevados costos”.

1.500 Los metros cuadrados donde, según el Distrito, fueron inhumados más de 20 cadáveres en Jardines de Paz, y que hacen parte de la ronda del Humedal Torca.

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"No se puede edificar ni hacer actividades como la inhumación, porque son incompatibles con los usos permitidos para esas zonas”.

Juan Antonio Nieto, secretario distrital de Ambiente.

REDACTORA DE EL TIEMPO