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La tierra de los Castaño

En la historia del municipio de Valencia han ocurrido pocos hechos tan insólitos como los dos que interrumpieron la apacible jornada del colegio José María Carbonell en la mañana del miércoles 11 de junio.

ÁLVARO SIERRA
El primero fue una reunión para retransmitir la versión libre que dio a la
Fiscalía en Bogotá, en el proceso de Justicia y Paz, poco antes de ser
extraditado a Estados Unidos, ‘don Berna’, sin cuyo permiso, durante una
década, ni rebuznaban los burros de esta región de Córdoba donde el calor y
la violencia parecen suspendidos en el aire irrespirable de los mediodías.
El segundo es que la reunión fue un fracaso, pese a que era una oportunidad
sin precedentes para que las víctimas oyeran a uno de los grandes
victimarios de una región que ha vivido por años bajo la férula de opresores
truculentos, de los Castaño a Salvatore Mancuso. Más de 300 campesinos
llegaron puntuales a la cita con sus ropas de domingo, en mula, en chiva y a
pie, desde todo el departamento, pero una hora después de iniciado el
evento, el auditorio quedó casi vacío.
Lo que pasó ese día fue una lección profunda sobre las cosas que mueven a
las víctimas del conflicto armado (y sobre las equivocaciones de no pocos de
quienes dicen defenderlas) en el peculiar proceso de justicia transicional
en Colombia.
La ‘reforma agraria’ de Fidel Castaño
A Valencia solo se puede llegar de dos maneras. Por la trocha carreteable
que la une a San Pedro de Urabá, dominada por años por guerrilleros y
paramilitares y ahora en guerra entre los grupos rearmados de otro don, ‘don
Mario’, y ‘Los Paisas’ de Vicente Castaño; o en dos planchones que cruzan el
río Sinú, pobres sustitutos del puente que le deben desde siempre los
políticos a uno de los municipios más ricos y con más pobres de Córdoba.
Aislamiento perfecto. Desde fines de los años 80 la familia paramilitar y
narcotraficante de los Castaño convirtió la región en su retaguardia
estratégica. Aquí tenía sus fincas –‘Las Tangas’, una de ellas, era orgullo
y cuartel general de Fidel, el hermano mayor–. Aquí compró a granel tierras
baratas, asoladas por el EPL, no bien sus tropas empezaron a limpiar la
región a punta de terror. En San Pedro de Urabá estaban ‘La 35’ y ‘La 15’,
adonde llevaban a los sentenciados, a matarlos y sepultarlos, y ‘La
Acuarela’, una de las primeras escuelas de entrenamiento de los
paramilitares, que practicaban las artes del sufrimiento humano con los
pobres condenados.
En ‘Las Tangas’ protagonizó Fidel Castaño, en agosto de 1990, con obispo y
ceremonia, la primera desmovilización paramilitar. Anunció una “reforma
agraria” en la que, supuestamente, repartió entre 2.500 familias campesinas
de la región 10.000 hectáreas expoliadas por sus hombres. Se les entregaron,
con escrituras, parcelas de entre 2 y 8 hectáreas en siete fincas (600 de
esas familias, cercanas, según dicen los campesinos, a los paramilitares,
recibieron entre 20 y 60 hectáreas). Cinco de las fincas –Jaraguay, Las
Tangas, Santa Mónica, Pasto Revuelto y Roma– están en la orilla del río Sinú
donde queda Valencia; otras dos –Santa Paula y Cedro Cocido–, en Leticia,
cerca de Montería. Son de las mejores tierras de Colombia y hoy valen unos
700.000 millones de pesos.
El regalo estaba envenenado. Todo se tramitó a través de la Fundación para
la Paz de Córdoba (Funpazcord), organizada por los Castaño, y dirigida por
una mujer cercana a ellos, Sor Teresa Gómez. Y, se dice, con lazos de
parentesco, con Jesús Ignacio Roldán, ‘Monoleche’, uno de los mayordomos de
los Castaño y, según se denuncia, activo participante en la operación de
expoliación de la que fueron objeto después los campesinos. Las escrituras
incluían una cláusula que prohibía “vender, hipotecar o limitar el dominio
donado, sin permiso escrito de Funpazcord”. A muchos se les impidió
construir casa, cultivar y, en algunos casos, hasta visitar su parcela.
Pocos años más tarde, recibieron la orden de vender la tierra a nuevos
dueños. “O vende o le compramos a la viuda” es el argumento que recitan.
Muchos firmaron.
La denuncia
En 1996, en esta región de jornaleros míseros y ganaderos grandes
enriquecidos en esos años de tierras de ocasión, en San Rafael del Pirú,
cerca a Valencia, Carlos Castaño, sucesor de Fidel, dio refugio a ‘don
Berna’, cuando huía de ‘La Terraza’, la banda de Medellín que quería matar a
uno de los hombres claves en la derrota y muerte de Pablo Escobar.
Mientras duró el control paramilitar en la región, los parceleros se
quedaron callados y el despojo –que luce como una de las operaciones más
grandes y sofisticadas de testaferrato forzoso que se han visto en
Colombia–siguió impune. Hasta 2006.
Luego de la desmovilización del jefe paramilitar de Córdoba, Salvatore
Mancuso, del ‘señor’ local, ‘don Berna’, y del lugarteniente de los Castaño,
‘Monoleche’, que creyeron definitiva, los parceleros se decidieron a contar
la historia. Los lideraba una mujer, Yolanda Izquierdo, que convenció a casi
800 de ellos de hacerse parte en el proceso de Justicia y Paz, para reclamar
la tierra y una indemnización.
En diciembre de 2006, para destapar lo sucedido, Izquierdo volvió, con este
corresponsal, a su parcela, en la hacienda Santa Paula, hoy en parte
propiedad de un respetable ganadero. Un mes y medio después, fue asesinada
en su casa, en el barrio Rancho Grande de Montería. Como ocurre con trágica
frecuencia en Colombia, había denunciado, tan reiterada como inútilmente
ante las autoridades, que la iban a matar.
La Fiscalía sospecha que Sor Teresa Gómez, la gerente de Funpazcord, Diego
Sierra, de Santa Paula, y ‘Monoleche’ están tras el homicidio. Todos lo
niegan. Se capturó al presunto sicario, se libró orden de captura contra
otro y el esposo y la hija de Yolanda Izquierdo entraron al programa de
protección de testigos de la Fiscalía. Pero su muerte sigue impune.
‘Monoleche’ rindió en Montería, el pasado martes 10 de junio, una versión
libre en la que, poco más o menos, se declaró inocente de los crímenes que
las víctimas le imputan y no habló una palabra de las fincas de los
parceleros. Y estos siguen a la espera de que les devuelvan las tierras que
los paramilitares les dieron en 1990 y luego les quitaron.
La reunión que no fue
El miércoles 11 de junio, el escenario en Valencia, habituada a 20 años de
ley del silencio, no podía ser más inusual. En la tarima del vasto auditorio
del colegio José María Carbonell, varias funcionarias de la Unidad Satélite
de Justicia y Paz de la Fiscalía de Montería, instalaron computador y
videobeam. Abajo, más de 300 campesinos de la región, se apretujaban,
endomingados y expectantes. Pero ellos y las funcionarias habían venido a
dos reuniones distintas.
La Fiscalía había convocado el evento para retransmitir la versión que
rindió en Bogotá, poco antes de ser extraditado a Estados Unidos, ‘don
Berna’, amo y señor de Valencia. Como muchos teóricos de procesos de este
tipo, confiaba en que oír hablar al victimario despertaría considerable
interés entre quienes habían vivido bajo su férula y tenían familiares
desaparecidos, muertos y desplazados por obra suya.
Pero los campesinos habían sido convocados a otra reunión. Semanas antes,
luego de la extradición de 14 jefes paramilitares, las autoridades habían
ocupado muchas de sus propiedades. Entre ellas, estaban algunas de las
fincas objeto de la vieja expoliación, como ‘Las Tangas’ y ‘Jaraguay’. Los
campesinos habían venido convencidos de que ese día, la reunión era para
devolverles las parcelas en ‘Jaraguay’.
No hace falta describir el zafarrancho que se armó cuando, a las 10 de la
mañana, en el auditorio del colegio José María Carbonell, Rodrigo Torres,
funcionario de Acción Social de la Presidencia, explicó a los presentes el
objetivo oficial de la reunión y les dijo que si querían recuperar las
tierras debían buscar un abogado. Hubo protestas encendidas de los
parceleros, muchos de los cuales traían sus escrituras delicadamente
apretadas en las manos callosas; hubo murmullos indignados e intervenciones
ofendidas.
Cuando todo se calmó y se aclaró, mientras ‘don Berna’ hablaba en un video
apenas audible en medio del barullo, la gente abandonó la sala en masa. Una
hora después de iniciada la reunión, en el vasto recinto donde tenía lugar
la primera ‘confesión’ del gran jefe paramilitar de Valencia, los
espectadores eran cientos de sillas vacías.
La saga de los parceleros
“Estamos apenas en la primera parte del partido procesal, la versión libre.
Hasta ahora, nadie confiesa los desplazamientos (de los parceleros)”. Así
habla Mauricio Caballero, el abogado que, desde que Yolanda Izquierdo inició
el proceso de recuperación de las tierras de los Castaño, ha reunido 760
poderes de los parceleros para pelear sus derechos en el marco del proceso
de Justicia y Paz. Aunque critica la lentitud del proceso para las víctimas,
como ellas, confía en conseguir no solo la devolución de las tierras sino
millonarias indemnizaciones.
Como lo mostró la fallida reunión del miércoles 11 de junio en Valencia, ese
es el motor principal de los cientos de campesinos expoliados por la
“reforma agraria” de Fidel Castaño: la tierra. Pero, como Caballero
reconoce, “para la fase de imputación (en el proceso de Justicia y Paz,
cuando se podrá concretar el reclamo) faltan cuatro o cinco años”. La saga
de los parceleros de Córdoba aún dista de terminar.
cortapalo@gmail.com
ADRVEG
ÁLVARO SIERRA
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