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Choque de poderes

Las sentencias encontradas de las Cortes Suprema y Constitucional, y también del Consejo de Estado, daban lugar al llamado choque de trenes. Ahora estamos en presencia de un verdadero choque de poderes, porque la confrontación promovida por el Gobierno involucra al Ejecutivo, con la Presidencia de la República a la cabeza, las Altas Cortes y el Congreso.

JAIME CASTRO
Proponer que mediante referendo se autorice la repetición de las últimas
elecciones presidenciales constituye monumental error político y jurídico
que compromete el tercer periodo de Alvaro Uribe, o, por el contrario,
jugada maestra, de corte florentino, que le abre las puertas a su segunda
reelección.
Históricamente, la reelección en Colombia ha dado lugar a graves crisis
políticas institucionales, empezando por la del Libertador Simón Bolívar. En
esta ocasión, seguramente sin proponérselo, el Gobierno hace suyos los
alegatos de sus más duros contradictores sobre la ilegitimidad de la
elección presidencial del 2006 cuando pide que se repita. Se equivoca,
igualmente, cuando decide politizar tema que es de carácter judicial. Lo
hace cuando pide que sea el Congreso, mediante ley que convoque un
referendo, quien finalmente decida, en la práctica, si hubo cohecho o no,
quiénes pudieron cometerlo, si la Corte Constitucional revisa sentencia que
dictó sobre el acto legislativo que autorizó la reelección, y si se decreta
la nulidad o deja sin valor la elección citada, asunto que según la
normatividad vigente debe resolver el Consejo de Estado.
Politiza los asuntos citados porque, si el referendo se aprueba, no faltarán
quienes interpreten sus resultados diciendo que tienen valor de referendo
judicial que subsana las faltas o irregularidades que se hayan podido
cometer. No faltarán tampoco quienes acusen al Gobierno de estar obstruyendo
la administración de justicia, porque creó instancia paralela e interfirió
el trámite de los asuntos que a aquella competen.
La propuesta del Gobierno crea tantas inquietudes e interrogantes que para
absolver apenas uno de ellos debe recordarse que el Congreso puede
reformarla o adicionarla. Puede, por ejemplo, disponer que así como autoriza
repetir la elección presidencial para despejar cualquier duda sobre su
legitimidad, también puede prever que se realice nuevamente la de senadores
y representantes, cuya ilegitimidad hace parte del momento político. Como la
validez de la elección de algunos gobernadores y representantes está en tela
de juicio, ellos también podrán pedir idéntico tratamiento.
El análisis de los escenarios posibles exige tener en cuenta que, en el
mejor de los casos, las elecciones de que hablamos tendrían lugar a mediados
del año entrante (la discusión y aprobación de la ley toma meses, el texto
que se apruebe lo debe revisar la Corte Constitucional, la Registraduría
pedirá tiempo para preparar la votación del referendo y, luego, en otra
votación, se repetiría la elección o elecciones de que se trate). En ese
momento, a mediados o segundo semestre del 2009, faltarían pocos meses para
las elecciones regulares del 2010.
Las reflexiones que entonces surjan son obvias: ¿tiene sentido que en tan
corto tiempo hagamos dos elecciones, unas para el añito que falta del
periodo en curso, y otras para el nuevo periodo de cuatro años? ¿Se
justifican el desgaste político de los candidatos, el cansancio ciudadano y
los cuantiosos recursos presupuestales que demandan esos dos debates? ¿No
sería mejor hacer una sola votación para cinco años que legitime todo lo
anterior y defina el futuro político de los próximos cuatro años?
La respuesta es obvia. El Congreso, el Gobierno, los partidos y la opinión
mayoritaria optarán por la elección única. Así, por la puerta de atrás, sin
debate mayor, llegará la reelección. Por eso el choque de poderes que
provoca el Gobierno puede constituir jugada maestra para sus intereses
políticos.
jcastro@cable.net.co
ORLLOP
JAIME CASTRO
icono el tiempo

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