Dentro de las nuevas normas de tránsito que entrarán en vigencia en las próximas semanas sobresale una que tiene incidencia directa en las ventas ambulantes que se realizan en los semáforos de las ciudades.

Según el nuevo Código de Tránsito que aprobó el Congreso, y al que solo le falta la firma del Presidente para convertirse en Ley de la República, se sancionará con un salario mínimo legal vigente (actualmente 461.500 pesos) a los conductores –particulares o de servicio público– que compren mercancías o productos a vendedores ubicados a menos de 200 metros de semáforos, cruces viales o peatonales y hasta en los peajes.

Marcial Rodríguez, representante legal de la Asociación Nacional de Comerciantes –que agremia a cerca de tres mil vendedores informales en Bogotá–, asegura que esa ley no debería ser declarada exequible por la Corte Constitucional ya que “atenta contra el mínimo vital de las familias que susbsisten de ese comercio informal”.

Rodríguez calcula que solo en la capital existen 10 mil ambulantes que en los semáforos comercializan frutas, cigarrillos, bebidas, flores, periódicos y accesorios para celulares, entre otros productos.

“Mis mejores clientes son los conductores de taxis y busetas, que a diario me compran cigarrillos y chicles”, afirma Magdalena Murcia, quien labora cerca de un semáforo de la calle 72, en el norte de la ciudad.

Otro es el caso de Jorge Patiño, quien desde hace 10 años vende maní, dulces, cigarrillos y bebidas en una importante intersección semafórica del norte de Bogotá.

“Con los 15 mil pesos que en promedio me gano trabajando durante 12 horas al día sostengo a mis dos hijos y a mi esposa. Por eso –agrega Patiño–, este tipo de leyes lo que hacen es crear más delincuencia”.

Entre los conductores capitalinos, a quienes se les impondrá la multa en caso de violar la norma, las opiniones están divididas.

María Chávez, que diariamente se desplaza en su carro a trabajar en una de las universidades del norte de la ciudad, cree que es una medida arbitraria que atenta contra las personas que se ganan la vida de manera honrada.

Otra cosa piensa Hernando Vásquez, que está completamente de acuerdo con la nueva norma. “La presencia de vendedores ambulantes en los semáforos demora el tráfico, genera inseguridad y da mal aspecto a la ciudad”, sostiene.

‘Respetamos la decisión’ Por su parte, la Administración Distrital, a través de Inés Elvira Roldán, directora del Instituto para la Economía Social (Ipes), entidad encargada del control de las ventas ambulantes en Bogotá, dijo que acata y respeta la decisión tomada por el Congreso.

Asegura que en el Distrito hay un censo de vendedores ambulantes en el que están identificados los lugares donde ejercen su actividad.

“Las personas que venden en los semáforos y ya están dentro del censo pueden recibir la ayuda de la Administración Distrital”, explica Roldán.

De otro lado, el comandante encargado de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel Carlos Barriga, anunció que los 1.300 hombres que tiene a su cargo están listos para hacer cumplir las normas que entren en vigencia.

El control se hará a través de planes y dispositivos en los lugares donde se prohíba que los conductores hagan las compras.

También se realizarán campañas pedagógicas.

“Lo importante es que los conductores entiendan la importancia de cumplir la ley para mejorar la movilidad de la ciudad, sin necesidad de que el policía esté permanentemente parado debajo del semáforo”, afirma Barriga.

''Con este tipo de leyes lo que se hace es violar los derechos humanos y generar más desempleo.

Cómo podemos pagar los impuestos si nos quitan el trabajo”. Pedro Ramírez, vendedor ambulante de accesorios de celulares que labora en la localidad de Chapinero.

39.500 Es el número de vendedores informales que ocupan el espacio público en Bogotá, según datos a junio de 2007