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López propone acabar el estado comunitario de Uribe

Un proyecto de ley que pretende que el Estado les garantice un mínimo vital a todos los colombianos está listo para iniciar su trámite en el Congreso. Se trata de una iniciativa de la senadora liberal Cecilia López, quien considera que al Gobierno hay que darle un mandato para que cumpla con los derechos sociales mínimos de los ciudadanos, de acuerdo con la capacidad fiscal del Estado.

Ella propone que se acabe el Estado Comunitario y se entre a un Estado
Social de Derecho. López asegura que en Colombia no se puede continuar con
políticas como el paternalismo a las clases menos favorecidas, con la falta
de oportunidades, la universalización de la educación sin calidad y los
servicios de salud sin un norte definido.
Y aunque este proyecto no ha empezado a debatirse (está programado para la
próxima semana) ya tiene trabas. El ministro de Hacienda, Óscar Iván
Zuluaga, advirtió que es inconstitucional.
En un documento enviado a la Comisión Primera del Senado, Zuluaga advirtió
que “el proyecto de ley no solo modifica y afecta el actual Plan Nacional de
Desarrollo, sino que es contrario a la esencia y naturaleza misma del Estado
colombiano”.
Dice que adicional a la afectación del Plan de Desarrollo, ya aprobado, “al
modificar uno de los rangos constitutivos del Estado colombiano vulnera la
esencia de la Carta, razón por la cual adolece de inconstitucionalidad”.
Para la senadora López es evidente que el actual esquema que se aplica en
Latinoamérica y especialmente en Colombia ya fracasó, o por lo menos “ya
cumplió su vida útil”, debido a que, según la parlamentaria, los últimos
estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONU dan cuenta de
que el tema de los subsidios debe ser transitorio y no permanente.
Por eso, López advierte que “en este momento se implementó el tema de
subsidios a los pobres, la ampliación de la cobertura educativa y el
‘despelote’ en la salud”.
Dentro de los objetivos de la iniciativa se encuentran la definición de “un
paquete básico de bienes y servicios esenciales de buena calidad para todos
los ciudadanos, determinado por las posibilidades fiscales de cada país”.
“Redefinir las políticas asistenciales como Familias en Acción, para que se
conviertan en un camino a la universalidad de los derechos convirtiéndose en
programas transitorios y para grupos de población que se encuentren muy por
debajo de la línea de pobreza”, propone López.
En el proyecto se hace especial énfasis al tema del mínimo vital, el cual
para la senadora López representa reconocer esas necesidades básicas que
tienen las personas en extrema pobreza, a fin “de que el Estado atienda
dichas falencias” y que se pueda garantizar, en alguna medida, “una vida
digna”.
Gobierno responde
El ministro Zuluaga enfatiza en que “la totalidad del proyecto se encuentra
fundamentado en una noción asistencialista del Estado” y dice que se quiere
transformar el Estado de Derecho en “un Estado de Bienestar”.
Insiste en que la iniciativa “no solo adolece de inconstitucionalidad sino
que su aprobación implicaría una reformulación de la política plasmada en el
Plan de Desarrollo”.
Y explica que “dado que los recursos con los que cuenta el Estado son
limitados, la aprobación de la iniciativa supondría una reformulación de las
prioridades del Plan”.
Por su parte, el Ministerio de Protección Social, a través del viceministro
de relaciones Laborales, Andrés Fernando Palacio Rivera, también puso en
evidencia inconvenientes a la propuesta.
Advierte que si se aprueba la ley “podría generar costos innecesarios con
resultados de bajo impacto” y aclara que “el proyecto no plantea estrategias
ni instrumentos concretos que contribuyan al logro de la ‘transformación
social’”.
El Ministerio de Educación también expresó reparos sobre los alcances del
proyecto.
‘‘El esquema que se aplica en América Latina y especialmente en Colombia ya
fracasó o, por lo menos, ya cumplió con su vida útil. Los subsidios deben
ser transitorios, no permanentes”.
Cecilia López, senadora del Partido Liberal Colombiano.
‘‘La totalidad del proyecto se encuentra fundamentado en una noción
asistencialista del Estado. Quiere transformar el Estado de Derecho en un
Estado de bienestar (...)El proyecto adolece de constitucionalidad.”
Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda.
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