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‘Los fallos de la Corte son políticos y van contra el presidente Uribe’ El senador Mauricio

El senador Mauricio Pimiento, que acaba de ser condenado a 7 años de cárcel por la Corte Suprema, rompe su silencio y acusa: “Las investigaciones de la Corte sobre la llamada parapolítica no son jurídicas, son políticas y tienen como finalidad hacerle daño al Presidente de la República. Si la Corte tuviera competencia, ya habría investigado y acusado al presidente Uribe de vínculos con el paramilitarismo”.

Desde la cárcel de La Picota, donde cumple su pena, Pimiento adjudica la
sentencia a la confrontación que existe entre la Corte y el Presidente.
¿Cómo recibe usted la sentencia de la Corte?
Con mucha tranquilidad, producto de mi conciencia limpia y de haber hecho
todo lo que humanamente podía para demostrar la equivocación en que había
incurrido la Corte cuando me llevó a juicio. Este fallo condenatorio
establece una extraña nueva jurisprudencia: condenar por ‘inferencias’,
valiéndose de verdades retóricas y no de material probatorio como obliga
todo proceso penal. Acude la Corte a analogías de lo ocurrido en otros
departamentos para concluir que en el Cesar, mi departamento, también habría
podido ocurrir lo mismo.
Pero, para la Corte hubo indicios de que los ‘paras’ forzaron sus votos.
Meros indicios, que son válidos solo cuando son respaldados con pruebas que
den credibilidad y certeza para dictar una condena. En mi caso, no las hay.
No se prueba cómo, ni cuándo, ni con quién me concerté, ni a quién
constreñí.
La Corte dice que varios municipios del Cesar fueron entregados por los
‘paras’ a su fuerza política. Y evidentemente fue en esos municipios donde
logró alta votación en las elecciones parlamentarias del 2002. ¿Cómo se
explica eso?
Hay una verdad irrefutable. Mi fuerza política siempre fue mayoritaria en
esa área de 8 municipios del Cesar, que forman la región minera del
departamento. En 1994 fui elegido gobernador del Cesar con los votos
mayoritarios de la misma área en que obtuve mayoría para ser elegido senador
años después. Con dos hechos adicionales: primero, la candidata que mi
alianza política acogió para reemplazarme, la ‘Cacica’ Consuelo Araujo,
obtuvo las mismas mayorías de mi candidatura a la gobernación y al Senado. Y
segundo, para ser elegido senador en el 2002, hice alianza con el candidato
a la Cámara liberal Jorge Ramírez Urbina que tenía el apoyo de los alcaldes
de esos municipios. La Corte acomoda las pruebas sin objetividad ni
justicia, solo con la intención de condenarme.
Pero, en un documento hallado en una caleta de ‘Jorge 40’, aparece escrito
a lápiz su nombre y sus iniciales sobre esos municipios. ¿Cómo explica eso?
¿Por qué la Corte, en los tantos interrogatorios que le hizo al señor
‘Jorge 40’, no le preguntó por ese documento? ¿Por qué no ordenó una prueba
grafológica para establecer quién y cuándo escribió mi nombre en ese papel?
Según la Corte, fue ‘Jorge 40’ el autor de las mismas. Ni a él se lo
preguntaron, ni existe prueba pericial que respalde la afirmación de que ese
documento fue escrito antes de las elecciones de 2002. La Corte tomó la vía
fácil: presumir. Presumir que lo hizo ‘Jorge 40’; presumir que se hizo antes
de elecciones y presumir que yo estaba enterado, cuando, para la época de
ese documento, yo estaba fuera del país.
Si el descubrimiento de ese documento condujo al senador Dieb Maloof a
aceptar su culpa y pedir sentencia anticipada, ¿por qué esa prueba sí tiene
validez en el caso de Maloof y no en el suyo?
Por la sencilla razón de que el documento aparece suscrito por dirigentes
del departamento del Magdalena. No está suscrito por mí, ni por dirigentes
del Cesar. Lo que hace la Corte es presumir que ese mismo documento se dio
también en mi departamento. Y eso no es cierto.
Si usted afirma que la Corte lo condenó sin pruebas, ¿a qué adjudica el
fallo?
Al interés de producir un efecto estrictamente político en una coyuntura
crítica del país, que se agrava por la confrontación que existe entre el
gobierno del presidente Uribe y la Sala Penal de la Corte.
¿Sugiere usted que los fallos de la Corte son consecuencia de ese
enfrentamiento?
Sí, por lo menos en mi caso. Me condenan sin pruebas que generen certeza
jurídica; me condenan por el propósito político de la Corte: hacerle daño al
presidente Uribe. En mi caso, siendo cercano al Presidente y habiendo sido
uno de los soportes de su gobierno en el Congreso, no me cabe duda de que,
sin pruebas, me condenan para afectar al Presidente. La vinculación de buena
parte de los amigos del Presidente a la investigación de la parapolítica y
la forma como la Corte la maneja no se pueden desvincular de la
confrontación con el Presidente.
Pero el senador Dieb Maloof es también uribista, él aceptó cargos y se
acogió a sentencia anticipada. ¿Ese hecho no desvirtúa su teoría?
No, por una razón: en el caso de Maloof, hace varios meses él se acogió a
sentencia anticipada porque vio que no tenía garantías. Además, en ese
momento, no existía el entorno político de choque entre el Gobierno y la
Corte que hay ahora. En el caso mío, no se probó nada. La única explicación
que encuentro es la de que me condenan por ser cercano al Gobierno y por
haber obtenido votos en una zona de influencia paramilitar, que es un tema
con el cual siempre han querido vincular al Presidente y no han podido.
¿Cómo calificaría entonces la sentencia contra usted?
Como política. Es una sentencia política y no jurídica, para afectar al
Presidente.
Pero el Presidente ha tomado distancia de este proceso de la parapolítica.
Sí, en unos casos, y por eso tengo sentimientos encontrados. Si bien sigo
admirando la obra del presidente Uribe y los efectos favorables tanto en
orden público, como en materia económica y social, tengo que decir que él,
en su interés de tomar distancia de la llamada parapolítica, empezó a asumir
actitudes injustas como el hecho de que hubiese prácticamente condenado a
quienes estaban siendo investigados antes de ser vencidos en juicios.
¿Cuándo hizo eso?
Cuando dijo que “esos congresistas vinculados deben votar antes de ser
metidos presos”. Y cuando se le requirió sobre la vinculación
fundamentalmente de amigos suyos a ese proceso de la parapolítica, él una y
otra vez, al comienzo de ese proceso hace más de 15 meses, lo único que dijo
fue que dejáramos que la justicia obrara, para que se conociera la verdad.
Pero, este año, cuando se empezaron a vincular personas muy cercanas a sus
afectos y de suma importancia para el Gobierno en este momento político,
comenzó a pedir objetividad a la Corte, a la hora de valorar testimonios y
pruebas.
En un país donde hay división de poderes, ¿no es obvio que el Presidente de
la República reconozca la total autoridad e independencia de la justicia?
Sí, si esa hubiera sido la constante.
¿Por quiénes se apartó de su inicial posición, según usted?
El país lo sabe y los conoce, claramente.
Pero, ¿usted acaso no era cercano al Presidente y al Gobierno?
Sí y por eso reclamo coherencia. El Presidente no ha tenido la misma
actitud en muchos de los casos, a pesar de que son iguales: investigan y
acusan sin pruebas.
Usted no renunció a su investidura de senador. ¿Se arrepiente?
Hoy, sí. Con tristeza tengo que decirlo, porque fueron varios los
dignatarios de la Sala Penal de la Corte Suprema quienes le dijeron al país
que solo tomarían decisiones con base en pruebas y en mi caso no ha sido
así. Tengo que lamentar que la Corte hubiese dado una muestra de sesgo
político evidente a la hora de tomar esta decisión. Siento profunda tristeza
de haber sido condenado por una Sala Penal sobre la cual pesan, en el caso
de algunos de sus magistrados, cuestionamientos mucho más graves que las
inferencias y presunciones por las que me condenan.
¿La actitud del presidente Uribe de pedir objetividad a la Corte no pudo
haber sido originada precisamente por la acción de la Corte contra sus
amigos?
No creo, porque el Presidente sólo reaccionó cuando él fue victima de lo
que nosotros hemos vivido, en relación con la aparición de testigos falsos,
estimulados por los investigadores de la Corte para que declaren en contra
nuestra, como pretendieron estimular a alias ‘Tasmania’ para que declarara
en contra del Presidente. Es legítimo que reaccione cuando lo tocan a él,
pero él no puede negar que supo de investigadores de la Fiscalía
comisionados en la Corte y magistrados auxiliares que venían ofrecieron
beneficios a paramilitares o delincuentes recluidos en cárceles colombianas
si declaraban en contra suya o nuestra.
¿Cree usted que la Corte quiere vincular al Presidente con el
paramilitarismo?
Sí, los hechos hablan por si solos. Le aseguro una cosa: si hubiera sido
competencia de la Corte Suprema investigar al Presidente, con las mismas
pruebas frágiles documentales y testimonios de oídas con que a nosotros nos
acusan y condenan, ya lo habrían investigado y acusado. No tengo dudas de
que el único objetivo de la Corte es afectar al Presidente.
¿Usted proyecta adelantar algún tipo de acción contra la sentencia de la
Corte?
Por supuesto. Interpondré acción de tutela ante el atropello a mis derechos
con equivocaciones, desaciertos y violaciones de la sentencia que me condena
por inferencias. La tutela no supondrá que renuncie al derecho que voy a
ejercer de denunciar a esos magistrados de la Sala Penal por prevaricato
ante la Comisión de Acusación del Congreso, con la ilusión de que los
parlamentarios no se sometan a la presión de posibles aperturas de
investigaciones preliminares en su contra, como ya ocurrió recientemente con
miembros de esa comisión que se atrevieron a iniciar indagaciones por
posibles delitos cometidos por magistrados de la Sala Penal.
Se ha dicho que la sentencia en contra suya fue muy controvertida en el
seno de la Sala Penal, pero finalmente se adoptó por unanimidad.
Es que terminé siendo condenado por una especie de justicia sin rostro que
los magistrados han pretendido instaurar de manera inconstitucional e
ilegal. Ese principio de unanimidad que aplica la Sala Penal, según el cual
no puede haber salvamento de voto de ninguno de los nueve magistrados así su
convicción lo llevara a ello, so pretexto de que todos tienen que plegarse a
la mayoría, no es otra cosa que reinstalar en nuestra justicia penal los
jueces sin rostro que fueron tan cuestionados por los mismos magistrados de
la Sala. Magistrados que hoy aplican esa justicia sin rostro dijeron en su
momento que ese tipo de jueces son característicos de estados oscurantistas.
Los congresistas no sabemos ante quién defendernos ni quién es el magistrado
que instruye con quien podríamos ejercer un principio fundamental del
derecho penal que es el de la inmediación, es decir, que el magistrado que
va a acusar sea quien perciba las pruebas de nuestra defensa.
¿Se habría sentido mejor investigado por la Fiscalía?
Parafraseando al magistrado Yesid Ramírez, cualquier juez que no se hubiera
enamorado de su propia obra construida a lo largo de la investigación y
acusación, para mí, habría sido mayor garantía.
¿Por que menciona al magistrado Ramírez?
Porque él escribió en uno de sus libros que quien investiga, acusa y juzga,
corre el riesgo de terminar como Miguel Ángel con el Moisés, enamorado de su
propia obra.
'' En su interés de tomar distancia de la llamada parapolítica, el Presidente
empezó a asumir actitudes injustas como el hecho de que hubiese
prácticamente condenado a quienes estaban siendo investigados”.
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