El gobierno argentino, presidido por Carlos Menem, se halla acusado de vender, de manera irregular, armas fabricadas en su territorio a Ecuador y Croacia, en momentos en que estos países estaban envueltos en conflictos bélicos.

Los hechos han causado un gran escándalo político, especialmente si se tiene en cuenta los factores que envuelven cada uno de los procesos.

Sobre el caso particular de Ecuador, que en el momento de la venta se hallaba en guerra con Perú, se habla de la violación de un embargo que Argentina, como garante del Tratado de Paz firmado en 1942 entre estos países, había dispuesto junto con otras naciones americanas. Además, se ha denunciado que esta transacción, autorizada por un decreto secreto firmado por Menem en enero de 1995, estuvo basada en documentación falsa que decía que las armas iban a Venezuela, hecho que ha sido negado desde Caracas.

Sobre Croacia, la acusación principal es la de haber burlado el embargo impuesto a las partes en conflicto en la antigua Yugoslavia, donde, además, Argentina participa con personal de su ejército en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, entidad promotora de la prohibición de la venta de material bélico en esta confrontación.

Por otro lado, según sigue la acusación, esta transacción fue realizada bajo la cubierta de un decreto secreto que afirmaba que las armas se dirigían a Panamá, país que, desde la invasión estadounidense en 1989, no tiene fuerzas armadas.

Al respecto, Rodolfo Terragno, jefe de la Unidad Cívica Radical, partido de oposición, ha afirmado que Menem no puede alegar que no sabía los decretos que firmaba, y si no lo sabía es gravísimo .

El gobierno se ha defendido de los ataques de dos formas: por un lado ha dicho, a través de diversas declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Camillón, que dichas irregularidades han sido acusadas por mandos medios pertenecientes a las Fuerzas Armadas, descartando su implicación en todo momento.

A esto han respondido inmediatamente tanto el jefe del Ejército, Teniente General Martín Bauzá, y el jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Juan Paulik, aclarando que Fábricas Armadas , la empresa estatal de fabricación de material bélico, esta bajo la dirección del ministerio de Defensa y de la Cancillería, por ser esta última la encargada de los asuntos de comercio exterior argentinos.

A esto, Paulik ha informado ante la justicia que le había avisado a Camillón que los aviones que transportaban las armas hacían una escala en Guayaquil, en momentos en que se desarrollaba el conflicto ecuatoriano-peruano, pero, a pesar de ello, el ministro no ordenó detener los vuelos.

Por otro lado, Menem ha ordenado levantar el secreto sobre todas las operaciones de este tipo que Argentina hizo desde 1983 a la fecha, buscando involucrar a la UCR, e intentado disminuir la responsabilidad política de su gobierno en este tema, mostrando cómo, durante el período presidencial de Raúl Alfonsín, se vendió el mayor caudal de armas, siendo este dirigido a Irán, en la época de su guerra con Irak.

Los radicales han respondido que sobre ese caso en particular no puede pesar ninguna disposición de embargo de armas por parte de la ONU u otra organización internacional y que, más bien, Menem, al exhibir públicamente estos documentos, intenta confundir a la opinión pública sobre la gravedad de los hechos que lo comprometen.

A estas alturas, gran parte de los analistas políticos argentinos piensa que Menem, para bajar la temperatura de este escándalo, debería pedirle la renuncia a Camillón y permitir una investigación más abierta de los archivos referentes al caso.

Pero Menem, por el momento, ha dicho que respalda plenamente a su ministro de Defensa y sigue negando que haya cualquier tipo de implicación en el asunto de cualquiera de los miembros de su gabinete.