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REABREN CASOS DE LA UP: MUERTE DE LEONARDO POSADA, 21 AÑOS IMPUNE

Desde hace 21 años, Reina Pedraza guarda en una bolsa plástica un zapato derecho que aún conserva su color gris y una media con un agujero de bala en la que la sangre de su hijo parece tatuada, como si se rehusara a desaparecer entre los hilos.

ANDRÉS GARIBELLO
Esta madre de 84 años no tiene una explicación de por qué terminó
aferrándose al zapato. Lo que sí sabe es que el izquierdo desapareció en el
atardecer aciago del 30 de agosto de 1986, cuando Leonardo Posada cayó
muerto a los 39 años en el asfalto caliente de Barrancabermeja.
El asesinato ocurrió pocos días antes de que Leonardo, que era militante de
la Unión Patriótica (UP), se radicara en Bogotá para ocupar la curul como
representante a la Cámara por Santander. Él fue, según la historia, el
primer congresista asesinado del partido político que nació en 1985 como
resultado del primer acercamiento de paz entre el Estado colombiano (el
presidente era Belisario Betancur) y las Farc.
La angustia de no saber a quién reclamarle por su tragedia sigue rondando el
corazón de Reina. Ella, comunista hasta la médula, aprieta sus frágiles
puños cuando habla de la impunidad que rodea ese crimen cometido hace 21
años.
Pero aún conserva la esperanza de no morirse sin saber algo más. Su ilusión
creció este año, cuando la Fiscalía anunció que desempolvará los más de 2
mil asesinatos que desterraron del mapa político a la UP entre los 80 y 90.
Los fiscales ya reabrieron 294 procesos que estaban archivados.
De hecho, este mes se conocieron las primeras dos capturas relacionadas con
la muerte una pareja de esposos del Concejo de de Remedios (Antioquia) en
1989. Este año, además, el caso avanzó en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y quedó a un paso de llegar a la Corte Interamericana.
“Hasta el último minuto lucho para que se acabe la impunidad –dice Reina–.
Quisiera conocer a los que lo mandaron a matar, no para pedir algo, sino
solo para saber”.
Un hogar a la izquierda
Julio César, el papá de Leonardo y que no vivió la muerte de su hijo, pues
murió en 1980 de un paro cardíaco, lo inició en la lucha política.
El viejo era sastre profesional y comunista forjado por la lectura de
decenas de libros. Se metió tanto en el tema que fundó un sindicato de
sastres en el Eje Cafetero, época en la que conoció a Reina. Y esas primeras
puntadas como sindicalista lo llevaron después a matricularse en el Partido
Comunista.
El rumbo que tomó Julio marcó el destino de la familia Posada. A los nueve
años Leonardo ya salía por la noche con su papá a pegar carteles en las
paredes de Bogotá, algunas veces con Reina. Incluso, en una ocasión fueron
detenidos por la Policía.
Eran años difíciles y Julio, Reina y los siete hermanos Posada tuvieron
épocas en las que no podían pasar más de dos meses seguidos en una misma
casa. “Nos tocó vivir la intolerancia de que fue objeto nuestro papá
–recuerda Fabiola, hermana de Leonardo–. Nos rompían los colchones, tiraban
los libros al suelo y a veces se llevaban al viejo”.
Leonardo siguió los pasos de su padre. Fue líder estudiantil en la
Universidad Nacional en Bogotá, entró a las juventudes comunistas y así
llegó al partido, que lo envió a Barranca.
Se devolvieron a rematarlo
Leonardo llegó al puerto petrolero a finales de los 70, donde ya estaba
consolidada una fuerte influencia sindical, especialmente por la fuerte
presencia de la Unión Sindical Obrera (USO).
Fue elegido concejal y era reconocido por su labor en los barrios pobres y
sus discursos en plaza pública, donde denunció a ‘narcos’ y a grupos como el
‘MAS’ (Muerte a Secuestradores) o el conocido como ‘La Mano Negra’, a los
que se les adjudican torturas y muertes a sindicalistas en la región. En
1986 estuvo en una de las listas de la UP y ganó una curul en la Cámara.
Pero el éxito político llegó acompañado por serias amenazas de muerte, que
se fueron incrementando cada vez que ascendía peldaños. Su familia estuvo
ajena a esta situación, especialmente Reina: “Nos decía que eso era solo por
asustar, para no dejar trabajar”, recuerda.
La amenaza que más lo hizo estremecer fue un grafiti en el que escribieron:
‘Fuera Leonardo Posada de Barranca’, firmado por el MAS. Por las noches
parecía un gitano: día de por medio buscaba con sus amigos casa para dormir,
pues no se podía quedar mucho tiempo en una sola parte. “En una visita a
Bogotá lo vi muy preocupado. Me dijo: ‘Van a atentar contra mí’ –cuenta
Fabiola–. Pero él decía que el lugar más seguro era Barranca, pues allá la
gente lo quería”.
Los asesinos lo cazaron en la ciudad que lo había adoptado. A las 6 de la
tarde de ese 30 de agosto de 1989 Leonardo salió de una reunión, acompañado
por dos mujeres. Dos sicarios en moto le dispararon y huyeron. Una de ellas
gritó: “¡Está vivo, está vivo!”, por lo que los asesinos se devolvieron y lo
remataron.
Ese sábado, en Bogotá, la familia Posada estaba reunida viendo televisión.
Fue el hoy alcalde Luis Eduardo Garzón, quien para la época era sindicalista
de la USO, el que llamó a la casa para contar la fatal noticia.
Dos abogados amenazados
Reina y sus hijos llevaron a Bogotá el cuerpo de Leonardo, mientras el caso
lo asumió el juzgado 15 de instrucción criminal, que a los dos años lo
archivó por falta de pruebas. En seis meses, el caso fue asumido por dos
abogados diferentes, pero fueron amenazados y renunciaron. Incluso, uno se
radicó en Bucaramanga para llevar el proceso, pero hasta allá llegaron las
advertencias.
De los asesinos poco se sabe. Según la investigación, los sicarios fueron
llevados desde Medellín y, después del asesinato, la orden era que uno debía
asesinar al otro. Con el tiempo corrió el rumor de que el que quedó vivo
también lo mataron. Algunos testigos dicen que la moto en la que se
movilizaban salió de una unidad militar de la zona y, después, regresó allá.
Pero son solo rumores y no hay pruebas. Reina y su familia decidieron dejar
el proceso así.
Todos los 30 de agosto sagradamente van a visitar a Leonardo al Cementerio
Central, en Bogotá, donde también van amigos y compañeros de lucha. La
indiferencia de la justicia con su caso contrasta con la solidaridad de su
amigo Garzón, que le puso el nombre de Leonardo Posada a un colegio y en el
2004 le impuso una condecoración póstuma.
Pero la impunidad no deja tranquila a Reina. “Es una impotencia inmensa, tal
como la que sentí el día que lo mataron –dice Reina–. Uno ve que pasan los
días, los meses, los años y nada. Yo no sé qué castigo se merecen, si uno
moral o físico, pero yo les diría que son unos infames”.
CAPTURAS Y CONDENA A LA NACIÓN POR PALACIO DE JUSTICIA
El proceso por el holocausto del Palacio de Justicia avanzó a pasos
gigantes. En julio pasado, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, el hombre que
dirigió la retoma, fue detenido por las desapariciones y espera que la
Fiscalía decida si lo acusa o no.
También se llamó a juicio al coronel (r) Edilberto Sánchez y a otros cuatro
militares. La Fiscalía, además, evalúa la posible responsabilidad de 2
generales retirados.
En octubre, la Comisión de la Verdad presentó un nuevo informe en el que
concluyó que “nunca existió intención real del Gobierno de tratar de salvar
la vida de los rehenes ni de los que permanecían atrapados”.
Con el mismo argumento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó
al Estado, el pasado 12 de diciembre, a pagar 542 millones de pesos por la
muerte y desaparición de Ana Rosa Castiblanco, una de las empleadas de la
cafetería del Palacio. Es la tercera condena a la Nación por estos hechos en
casi dos décadas.
El caso saltó de la Fiscalía al Congreso. Más de 22 años después de la
tragedia del Palacio, la Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá evaluar
si reabre el proceso que hace dos décadas cerró a favor del ex presidente
Belisario Betancur
SE MUEVEN CASOS DE SINDICALISTAS
Tres jueces y 23 fiscales especializados tienen la labor de desempolvar los
casos de los centenares de asesinatos de sindicalistas en la última década.
El programa, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
se desarrolla en momentos en que el Gobierno quiere mostrar avances en la
lucha contra la impunidad en estos casos, principal traba en el Congreso de
E.U. para la aprobación del TLC. Se han resuelto más de 30 procesos, de los
cuales en 10 se ha demostrado que están relacionados con el trabajo como
sindicalistas.
SANTOFIMIO, CONDENADO POR MUERTE DE GALÁN
En un fallo de 93 folios, Jesús Lozano, juez especializado de Cundinamarca,
decidió el pasado 11 de octubre una de las grandes dudas que han rondado
durante casi 20 años el magnicidio de Luis Carlos Galán: ¿hubo políticos
tras el asesinato?
Lozano condenó al ex congresista Alberto Santofimio Botero a una pena de 24
años de cárcel como determinador del crimen. Para el juez, el político
influyó en el capo Pablo Escobar para que asesinara al candidato
presidencial en 1989: “Entre el hoy acusado (Santofimio) y Escobar existía
el mismo interés por segar la vida de Galán”.
Este fue el final de un juicio que duró 13 meses, en el que el testimonio
del jefe de sicarios del cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez,
‘Popeye’, tuvo peso protagónico en la sentencia. En el 2008 este caso tendrá
un segundo episodio, cuando el Tribunal de Cundinamarca se pronuncie sobre
la apelación que hizo el abogado de Santofimio.
‘‘Es una impotencia inmensa. No sé qué castigo se merecen, pero yo les diría
que son unos infames”.
REDACTOR DE EL TIEMPO
ANDRÉS GARIBELLO
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