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OLA DE PRIVATIZACIONES EN AMÉRICA LATINA

Definitivamente, América Latina abordó la nave de la privatización de empresas estatales, piloteada por Chile y México. Los ritmos son veloces en algunos casos y en otros son más lentos. En contados casos, la oposición política de izquierda y sindical, aún parlamentaria, ha frustrado el proceso, bajo la bandera del costo social que significa el recorte burocrático.

AP
En el caso del Grupo Andino, mientras Venezuela y Colombia agilizan sus programas de privatización de empresas estatales, sus viejos socios Perú, Ecuador y Bolivia avanzan a un ritmo diferente por el camino que prácticamente ya recorrió con éxito otro, Chile.
Argentina y Brasil, los dos gigantes del Mercado Común del Cono Sur (Mercosur), enfatizaron durante 1993 sus propósitos de entregar al sector privado las centenares de empresas estatales que en las últimas décadas administraron sin éxito.
Los otros socios en el proyecto de integración del sur del continente, Uruguay y Paraguay, parecen muy retrasados en sus aspiraciones privatizadoras.
En el Grupo Andino, México en Norteamérica, y Chile en el Cono Sur, se convirtieron en ejemplos a seguir y todos, con la excepción de Ecuador, ya tienen programas en desarrollo para deshacerse de empresas que en lugar de ingresos dieron dolores de cabeza.
Con la abundancia de los recursos provenientes de las exportaciones petroleras, el Estado venezolano dejó crecer la burocracia en sus empresas estatales, subsidió su accionar y satisfizo sin problemas las demandas salariales.
Pero todo cambió durante la crisis de los ochenta por el colapso de las finanzas públicas a fines de esa década.
Hasta ahora, el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), a cargo de las transferencias, dice que se han transferido 43.000 empleados del sector público al privado y unos 31.000 trabajadores se están convirtiendo en accionistas de empresas vendidas.
En Colombia, los planes no parecen tan agresivos como en Venezuela, pero el Gobierno del presidente César Gaviria afirma que el objetivo es dejar que el sector privado trabaje en áreas en las cuales no es necesaria la intervención del Estado.
Desde el año pasado, el gobierno comenzó un programa de tres años de desburocratización y privatización de empresas no esenciales, que espera retirar de la planilla estatal a unos 23.000 trabajadores, a cambio de altas indemnizaciones.
En Ecuador, se encuentran estancados los deseos del presidente Sixto Durán-Ballén de privatizar las empresas estatales consideradas ineficientes.
Un proyecto de ley que envió al Congreso en febrero para iniciar el proceso, chocó con la heterogénea oposición en que se mezclan social demócratas, izquierdistas, populistas y derechistas. Dilataron por ocho meses la discusión del proyecto y, finalmente, lo modificaron notablemente, para devolverlo al presidente el 21 de octubre pasado.
En Bolivia, la ley de privatización pretende que los trabajadores se conviertan en accionistas de las nuevas empresas adquiriendo las acciones con el dinero de los beneficios sociales obtenidos por sus despidos.
En Perú, el gobierno del presidente Alberto Fujimori vendió hasta ahora 19 empresas estatales por las que recibió unos 483,2 millones de dólares. Antes de 1995, la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) espera haber vendido otras 61 de las 232 que posee.
Aun cuando el traspaso de empresas estatales ha dejado sin empleo a 200.000 personas, los partidos políticos, en un Congreso Constituyente controlado por gobiernistas, no se pronuncian.
Cono contradictorio
Mientras en Argentina los opositores advierten del costo social ante el despido de miles de trabajadores, en Uruguay un plebiscito paralizó los intentos del presidente Luis A. Lacalle de dar un marco legal a la entrada de la inversión extranjera.
Los opositores uruguayos sostienen que el Estado debe reformarse, pero no venderse . En Paraguay, la oposición política está de acuerdo con la privatización porque se considera que las empresas deficitarias sólo sirven para dilapidar el dinero del pueblo.
En Argentina, la privatización comenzó en 1990. La opositora Unión Cívica Radical, del ex presidente Raúl Alfonsín, que gobernó hasta julio de 1989, se atribuye el comienzo del proyecto, pero hoy en día objeta su costo social .
Las quejas se basan en que hasta 120.000 puestos de trabajo fueron eliminados en el sector público, elevando el desempleo al 12 por ciento.
Para Brasil, el objetivo es obtener recursos para reducir la deuda interna que se calcula en unos 20.000 millones de dólares, terminar con la corrupción y los empleos fantasmas , que por décadas engrosaron las nóminas de las reparticiones públicas.
La oposición proviene principalmente de algunos derechistas nacionalistas o izquierdistas, en particular del socialista Partido de los Trabajadores.
En Uruguay, el proyecto de Lacalle de dar un marco legal al ingreso de capitales privados a empresas estatales y convertirlas en mixtas, fue paralizado por el resultado de un plebiscito en diciembre de 1992.
El estado uruguayo, en un país de 3,2 millones de habitantes, tiene unos 260.000 funcionarios públicos, los que unido a más de 600.000 pasivos, generan gastos enormes al fisco.
En Paraguay, el anterior gobierno de Andrés Rodríguez prometió privatizar todas las empresas no estratégicas, pero no lo logró.
Las grandes ventas en Latinoamérica
A continuación, un cuadro estadístico sobre la privatización de empresas estatales en América Latina, basado en cifras oficiales recopiladas hasta diciembre de 1993: Norteamérica:
México: ha vendido 906 de las 1.155 que poseía en 1982. El Estado ha recaudado el equivalente a unos 21.000 millones de dólares. Centroamérica:
Guatemala: vendió la línea aérea Aviateca durante el gobierno del democristiano Vinicio Cerezo (1986-91).
El Salvador: traspasó 30 empresas estatales. Ha recaudado 267,4 millones de dólares.
Honduras: ha vendido 60 de 200 empresas, por las que espera recibir hasta 500 millones de dólares. Suramérica:
Venezuela: vendidas 22 de 200 empresas. Los ingresos son de 2.365 millones de dólares. Espera recibir antes de fin de año otros 1.644 millones de dólares.
Colombia: decenas de empresas por las cuales se ha recibido más de 500 millones de dólares.
Brasil: ha vendido 23 de 65 empresas. Conservará por ahora 72. Ha recibido 152 millones de dólares en efectivo y otros 6.300 millones de dólares en bonos de la deuda externa.
Argentina: fueron vendidas 35 y otras 20 pasaron en concesión al sector privado. Los ingresos se estiman en 7.000 millones de dólares.
Chile: el Estado ya vendió 470 de 500 empresas. Los ingresos se calculan en 3.000 millones de dólares.
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