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PRIMER ESTADO-REGIÓN LATINOAMERICANO

En un brillante estudio del norteamericano Kenichi Ohmae, titulado Del Estado-nación al Estado-región , publicado en la revista Foreign Affairs, el autor analiza la precariedad y el debilitamiento actuales del Estado-nación, tal como conocemos esta entidad política y territorial desde finales de la Edad Media y que, ahora, ante el desdibujamiento universal de las fronteras nacionales, tiende a verse muy disminuida frente a los tres hechos trascendentales que caracterizan la nueva era histórica del postsocialismo: primero, el resurgimiento del individuo y el mercado sin las tutelas del intervencionismo y, por consiguiente, con la visible reducción del tamaño y la actividad del Estado; segundo, el renacimiento del poder local de regiones, departamentos o municipios, con desmedro del poder central; y, tercero, la integración mundial de los mercados y la apertura de las fronteras económicas.

El Estado se ha convertido en una unidad antinatural, incluso disfuncional, para la organización de la actividad humana y el manejo de los flujos económicos en un mundo sin fronteras. No representa una comunidad genuina, compartida, de intereses económicos; no define corrientes significativas de actividad económica , dice el autor en su estudio que, creemos, servirá de marco ideológico a los protagonistas de estas novísimas transformaciones de la organización territorial del mundo.
Los límites del Estado-región no se imponen por mandato político; son delineados por la mano invisible del mercado mundial de bienes y servicios; siguen, más que preceden, los flujos reales de la actividad humana , agrega en su análisis el señor Ohmae.
Los Estados-región, evidentemente, son zonas económicas naturales de intensa actividad productiva y comercial que pueden formar parte de una nación, o que pueden abarcar porciones de dos o más naciones. En el primer caso podríamos ubicar a Sao Paulo, que ha alcanzado grados de notable desarrollo industrial y comercial y niveles de vida para sus habitantes muy superiores a los del resto del Brasil y que, al parecer, ha podido hacer prevalecer sus intereses frente al gobierno central -con lo cual, indudablemente, ha beneficiado a todo el país-; en el segundo caso podríamos situar al Estado-región que se está formando en la extensa y activa zona limítrofe entre Venezuela y Colombia, dos naciones que hasta 1830 formaron con el Ecuador un solo país y que poseen, además de una gran parte de historia común y un grado muy similar de desarrollo, una misma lengua, y composición étnica, religión y cultura, también comunes. (A estas dos naciones nada las separa; todo las une, se ha dicho).
No cabe traer a este estudio el caso de la amplia y activísima zona de industria y comercio de la frontera entre México y Estados Unidos, por cuanto sus profundas diferencias de idioma, étnica y cultura seguirán constituyendo un serio obstáculo para el nacimiento de un Estado-región localizado en esa zona; y ello no obstante el TLC, que si bien podría impulsar esta idea, también tendería a disolver la necesidad de su realización dentro de la dinámica integracionista de mayor horizonte del propio Tratado de Libre Comercio.
Mundo sin fronteras
Volviendo al pensamiento central de este estudio, podemos decir que la fuerza de los intereses económicos personales y locales es la que hace inevitable el desarrollo y consolidación de una estructura regional de vida y progreso cada vez más entretejida y consciente de la necesidad de defender esos intereses, como también del poder político que el proceso va alcanzando. En sus novedosas tesis, el autor referido afirma que los vínculos primarios de los Estados-región tienden ahora hacia la economía mundial y hacia sus propios intereses regionales y no, o solo en menor medida, hacia los de sus países componentes.
El nacionalismo, como una de las fuerzas de mayor ardor y pasión que han sujetado al hombre, mantuvo siempre firmes e infranqueables las fronteras del Estado-nación, y llevó a los patriotas a dar la vida por ellas. La lógica de los acontecimientos políticos mundiales, sin embargo, está llevando este sentimiento a grados insospechados de postración. Hoy lo que entusiasma a las gentes, con fuerza de igual pasión, es el mundo moderno sin fronteras, el comercio universal, el libre tránsito de las personas, las cosas y los capitales. No solo, pues, el empuje del desarrollo regional impone nuevas visiones, sino también el renacer de esa dimensión mental ecuménica que caracterizó a la cultura de Occidente con el solo intervalo de los dos siglos y medio de nacionalismos, y más de un centenar de encendidas y destructivas guerras nacionalistas.
Los Estados-región se han venido formando y creciendo en diversos sitios del mundo. Kenichi Ohmae menciona unidades económicas conformadas por porciones de Estados, como las del norte de Italia, Gales, Cataluña, Alsacia-Lorena: otros casos, por centros económicos superpuestos a límites nacionales previamente establecidos, como San Diego y Tijuana, Hong Kong y China Meridional, o el triángulo del crecimiento de Singapur y las vecinas islas indonesias.
La intensa vida económica de esta frontera suramericana ha creado progreso y desarrollo general, pero también ha generado problemas comerciales y diversos conflictos entre autoridades y habitantes. La línea fronteriza de las dos naciones se interpone entre las personas y fastidia cotidianamente sus vidas en zonas de densa población y actividad, y ha impuesto a los dos gobiernos la necesidad de coordinar medidas y políticas especiales para hacer frente a estos problemas. Así, de tiempo atrás se creó entre los gobiernos de Bogotá y Caracas la Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos, de origen presidencial, que ha trabajado durante tres años en llevar soluciones a la zona, como también en establecer posibilidades de diálogo y entendimiento con miras a superar el viejo y candente problema de la definición de las zonas marinas y submarinas de las dos naciones en el Golfo de Venezuela.
La nueva Constitución Nacional, la de 1991, contiene normas nuevas que acogieron la integración económica regional e internacional como una necesidad del país, e impusieron al gobierno el mandato de promoverlas y al Parlamento la facultad de expedir leyes en desarrollo de esos objetivos.
Tan pronto se instaló el Congreso, en julio, fue presentado un proyecto de Ley al Senado, por medio del cual se busca dictar nuevas normas sobre las zonas de frontera. En el proyecto se definen estas zonas como las formadas por municipios cuyas relaciones económicas y sociales con los países vecinos justifiquen programas especiales de desarrollo regional que impulsen su progreso y faciliten la acción de mecanismos binacionales y multinacionales de cooperación y desarrollo fronterizo , se señala la lista de los municipios fronterizos que se acogerán a los nuevos instrumentos de vida económica prescritos en el proyecto de ley, se consagran los derechos de los habitantes de los países vecinos en las zonas de frontera, se determina su estatuto de cooperación e integración y se fija el régimen económico y administrativo fronterizo, en el cual tienen cabida normas sobre moneda y libre cambio, aranceles, asuntos tributarios, instrumentos de financiación de la infraestructura, transporte, tráfico vehicular y de personas, etc.
Indudablemente que este proyecto sufrirá varias e importantes modificaciones y adiciones antes de convertirse en Ley, pero es elocuente en cuanto que los dos senadores que lo presentaron (Luis Eladio Pérez Bonilla y Carlos Celis Gutiérrez) reflejan la honda preocupación que sienten, como hombres de frontera , frente a un proceso de transformaciones económico-territoriales que está tomando nuevas dimensiones y exigiendo especiales formas de manejo.
Sin embargo, fue la creación del Consejo Binacional de Gobernadores Fronterizos por parte de diez mandatarios seccionales, cuya primera reunión tuvo lugar en Cúcuta, en julio/94 (una segunda reunión se realizó en noviembre en Maracaibo, Venezuela) lo que nos condujo a reflexionar sobre este tema y ha sido el motivo determinante de este breve aporte teórico que el autor quiere llevar a las personas interesadas en estos novedosos avances de la política contemporánea.
Los departamentos territoriales colombianos involucrados en dicho Consejo Binacional, son -indicándose el número de habitantes entre paréntesis- los siguientes: Arauca (141.000), Cesar (706.771), Guainía (22.160), La Guajira (339.229), Norte de Santander (1.066.429) y Vichada (21.479). Son seis departamentos, con 2.297.068 habitantes, y un PIB de aproximadamente 3.500 millones de dólares. Por parte de Venezuela fueron convocados al Consejo los siguientes estados: Amazonas (62.437), Apure (330.764), Táchira (891.769) y Zulia (2.257.539). Son cinco estados con 3.542.509 habitantes, y un PIB de alrededor de 7.100 millones de dólares, advirtiéndose que, en ambos casos, el PIB se ha calculado según el per capita nacional, hoy de 1.500 dólares para colombianos y 2.000 para venezolanos, en cifras redondas y aproximadas; por consiguiente, no se ha atenido en cuenta la apreciable riqueza petrolera de las dos regiones, lo cual subiría muy sensiblemente este cálculo.
Nuevo ente territorial
Con base en los antecedentes históricos, culturales e ideológicos que en tan breves términos hemos tocado, es indudable que está reacomodándose la división territorial del mundo, por fuera y por encima de las viejas concepciones de soberanía, intangibilidad de fronteras y obediencia ciega a los poderes centrales del Estado nacional. La integración económica mundial y los intereses del desarrollo económico regional, que son, a su vez, los del propio desarrollo nacional, como también el derecho a la vida, la felicidad y la igualdad de los habitantes de los centros de desarrollo, imponen este nuevo reacomodamiento. De allí surgen los Estados-región, que cuando se componen de porciones de dos naciones limítrofes, forman un nuevo ente territorial binacional, de derecho público nacional e internacional.
No debe atemorizarnos el pensamiento de que este novedoso y moderno ente territorial implicará un recorte a los lejanos centros del poder político tradicional, como ya los tuvo que sufrir Bogotá ante la elección popular directa de gobernadores y alcaldes, según quedó consagrado en la nueva Constitución, algo impensable antes de 1991.
Tal vez el gobierno supremo de este Estado-región estaría en manos de un consejo tripartito, formado por representantes de Caracas, Bogotá y de la región, siguiendo así la marcada tendencia de descenso del poder central hacia los entes territoriales. Como se ha dicho ya de manera tan expresiva, los nuevos actores políticos de esta transformación serán necesariamente los hombres de frontera más bien que los lejanos funcionarios de las capitales nacionales.
De todas maneras, el Estado-región fronterizo es una zona territorial de traslape de regímenes jurídicos e institucionales, cuya consolidación y perfeccionamiento, en los tiempos que corren, corresponde a una realidad inatajable y que, por lo mismo, debemos estudiar y apoyar sin aprehensiones ni rigideces de pensamiento.
Su gran lado bueno será el firme eslabonamiento que este nuevo fenómeno institucional de los tiempos modernos significará para la unión de los mercados y la vida de las dos hermanas naciones.
Aprovechando las reformas constitucionales que se anuncian en estos dos países, será necesario prever en ellas la consagración de un mayor cauce institucional para que las regiones puedan acomodarse con amplitud a estos novísimos desarrollos del derecho público contemporáneo, que son, como hemos visto, evidentes consecuencias de la apertura mundial y la economía de mercado.
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