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MEDELLÍN: OTRA GUERRA

La guerra del narcotráfico, que se creía superada con la reentrega de siete de los hombres que se fugaron con Pablo Escobar, afecta en una nueva edición a Medellín. Después de un año de relativa tranquilidad, la ciudad parecía resurgir de su pasado sombrío. Sinembargo, a partir de septiembre el ambiente está enrarecido. Los habitantes han vuelto a vivir con el miedo de convertirse en víctima del terrorismo o de cualquier masacre esquinera. Procuran no salir a las calles, sobre todo de noche.

Los ataques contra la fuerza pública han provocado la muerte de 58 miembros de los organismos de seguridad y seis civiles.

Casi cuatro meses después de la fuga de Pablo Escobar Gaviria y cuando las reentregas de siete de los hombres que se evadieron con el capo hacían presagiar el fin de ese capítulo, la guerra del narcotráfico ataca de nuevo a Medellín.

Tras un año de relativa tranquilidad y cuando la ciudad parecía resurgir de un pasado sombrío, a partir de septiembre el ambiente se ha enrarecido y sus gentes viven otra vez bajo el signo del miedo de convertirse en una víctima más del terrorismo. Ha resurgido el temor de salir a las calles, especialmente en la noche.

La zozobra no se basa sólo en los rumores sobre los hechos graves que pueden ocurrir. Los petardos y los ataques contra la fuerza pública ya han provocado la muerte de 58 miembros de los organismos de seguridad y seis civiles, así como heridas a 28 agentes y 14 particulares. Así mismo, la posibilidad de caer muerto en una masacre esquinera en los barrios populares ha reaparecido.

La amenaza del carro-bomba está presente y, aunque parece una medida muy remota, también se está contemplando la posibilidad de implantar el toque de queda.

Que ha pasado en Medellín? El alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos Botero, reconoce que la situación de la ciudad se dañó. Los tres primeros meses de mi gestión junio, julio y agosto fueron de relativa tranquilidad. Pero después, ha habido un trastorno del orden público hecho que es visible y que no podemos ocultar .

Aunque la ciudadanía se escandalizó esta semana al saber que entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre, se cometieron en Medellín 260 homicidios, el índice de esta quincena no sobrepasa el promedio del resto del año: 267 homicidios.

Aunque existieron muchos temores por la violencia que podía desatar la fuga de Escobar, el 22 de julio, las estadísticas del Departamento de Estudios Criminológicos y de Policía Judicial (Decypol) demuestran que entre julio y septiembre el número de homicidios disminuyó en un 6.25 por ciento, en comparación con el mismo trimestre de 1991.

Con respecto al segundo trimestre de 1992 también se observa una disminución del 0.5 por ciento. Aunque es notorio desde julio un incremento paulatino del número de homicidios (en julio, 515; en agosto, 537, y en septiembre, 551), estos no son los meses más graves del año, pues en mayo la cifra se disparó a 586 muertos.

El total de las muertes violentas también demuestra que, a pesar de las circunstancias, este año no será el más violento de la historia de Medellín: el año pasado fueron asesinadas entre enero y septiembre 5.351 personas, mientras que este año, en ese mismo período las víctimas fueron 4.748. Muerte de juez y agentes Lo que realmente define la violencia desatada en Medellín desde hace dos meses, es el asesinato el 18 de septiembre, de la juez sin rostro Miriam Rocío Vélez Pérez; y la racha de atentados contra agentes de organismos de seguridad. Estos hechos son interpretados por las autoridades como una nueva guerra desatada por el narcotráfico.

El recrudecimiento de la violencia en Medellín ha tenido dos momentos claves: primero, la intensificación de las operaciones para dar con el paradero de Escobar y sus hombres y, segundo, la muerte de Brances Muñoz Mosquera, Tyson .

Entre el 15 de septiembre y el 28 de octubre fueron asesinados 26 agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Policía. Estos crímenes coincidieron con los allanamientos realizados en Medellín, Envigado, La Estrella, el oriente y el Magdalena Medio antioqueño. En este período, algunos de los prófugos de La Catedral, que se habían vuelto a someter a la justicia, denunciaron atropellos contra sus familiares y amigos durante las operaciones.

Desde la cárcel de Itagí, el 16 de octubre, Carlos Aguilar Gallego, El Mugre , anunció la suspensión de las entregas de Escobar y los dos hombres que todavía lo acompañan, como protesta por el asesinato de sus dos guardaespaldas Juan Carlos Díez Montoya y William Alonso Trujillo Ospina, minutos después de haber salido de las instalaciones del DAS, donde estuvieron detenidos varias horas.

De hecho, desde entonces, nadie más ha ingresado a la cárcel de Itagí.

En esos días también se presentaron protestas y anuncios de la suspensión del sometimiento a la justicia por parte de los narcotraficantes, ante los homicidios de dos parientes de José Fernando Ospina Bedoya, Icopor , y de un familiar de Otoniel González Franco, Otto , también recluidos en Itagí.

Además, en una carta enviada en septiembre pasado al director de la Dirección de Investigación y Policía Judicial (Dijin) en Bogotá, Luis Montenegro Rinco, Escobar advierte: Si se presentan desapariciones de mis seres queridos no tendré contemplaciones con las familias de quienes sean responsables de estos hechos .

Los crímenes de los agentes en ese lapso, según informaciones de seguridad, fueron cometidos por bandas de sicarios que anteriormente estuvieron al servicio del narcotráfico, al parecer como una retaliación por los allanamientos.

Sin embargo, la guerra más cruda se desató en Medellín a partir del 28 de octubre, luego que unidades combinadas del Ejército y la Policía dieron muerte a Tyson , en una vivienda del barrio Malibú, en el suroccidente de Medellín.

Esa misma noche y al día siguiente fueron atacadas tres patrullas de la Policía. Siete agentes fueron asesinados, otros 13 fueron heridos. El mismo día de la muerte de Tyson , considerado como uno de los jefes militares del Cartel de Medellín, los crímenes empezaron a dirigirse exclusivamente contra miembros de la Policía.

Desde esa fecha han sido asesinados 32 agentes en atentados en los que también han muerto seis civiles. Otros 28 policías y 14 civiles han sido heridos y 14 Comandos de Atención Inmediata (CAI) han sido volados con dinamita.

Otro fenómeno preocupante en la última semana es de que la modalidad de las masacres retornó a las calles. Entre la noche del sábado 7 de noviembre y el amanecer del domingo 8 fueron asesinadas 45 personas, 12 de las cuales cayeron en masacres perpetradas por hombres armados en calles y esquinas de la ciudad.

Ese mismo fin de semana más de ochenta personas resultaron heridas en hechos violentos. Igual que hace dos años, las muertes colectivas ocurrieron en barrios populares como El Salvador, Francisco Antonio Zea, La Milagrosa, Aranjuez y Campo Valdés. Milicias y narcotraficantes están aliados: Policía La Policía ha atribuido los ataques al narcotráfico, pero esta vez con un agravante: los actos terroristas fueron ejecutados con el apoyo de la delincuencia de la guerrilla urbana, a través de las Milicias Populares (MP).

Así lo dijo el pasado miércoles el director nacional de la Policía, general Miguel Antonio Gómez Padilla. Seguramente, dijo, esas Milicias están actuando por encargo de otras personas .

La afirmación del general Padilla revela que esta nueva guerra ha tomado contornos distinos a la de hace dos años.

Es sabido que terminada la narcoguerra de los años 1989 y 1990, las MP le declararon la guerra a las bandas de sicarios de las comunas y barrios populares de Medellín. Muchas de esas bandas fueron exterminadas y desarticuladas y las MP tomaron el control del territorio.

Como ahora las bandas no cuentan con hombres y una organización efectiva, el narcotráfico estaría aprovechando el aparato militar y logístico de las MP.

Sin embargo, otras versiones oficiales, de fuentes que pidieron no ser identificadas, dicen que en la ciudad se están pagando cuatro millones por cada policía asesinado. Según la versión, los crímenes son ejecutados por oficinas de sicarios que funcionan en cafeterías y edificios de la ciudad, donde una persona encargada de hacer los contactos cobra una comisión por conseguir el sicario que realizará el crimen.

Para el comandante de la Policía Metropolitana, general Jairo Antonio Rodríguez Quiñónez, existe una conexión lógica entre la muerte de Tyson y todo lo que está ocurriendo.

Sobre los autores de las masacres, Rodríguez dice que la institución contempla dos hipóteis. Que las MP, por su forma de actuar y sus áreas de influencia, hayan cometido los crímenes; o esas muertes se deben a peleas entre bandas por prestigio y territorio. Caen presuntos manejadores de sicarios Medellín Veinticuatro horas después de que los organismos de seguridad de Medellín iniciaran una campaña en la que ofrecen recompensas a ciudadanos que colaboren en la localización de sicarios y personas implicadas en el asesinato de policías, se obtuvieron los primeros resultados.

En una operación adelantada ayer por personal de inteligencia de la Policía Metropolitana, con base en informaciones de la ciudadanía, fueron capturados dos hombres que al parecer manejaban una oficina para la contratación de sicarios en Medellín.

Fueron identificados como los hermanos Luis Raúl y Luis Alberto Paredes Soler, de 26 y 27 años, que fueron retenidos en una vivienda de la calle 65 B # 36-16.

En la misma vivienda, la policía encontró un campero Mitsubishi, en el que al parecer se movilizaban los autores del atentado dinamitero contra una patrulla de la institución el jueves pasado en Manrique. En ese hecho, murieron dos policías y dos civiles. Otros dos uniformados resultaron heridos.

En el patio trasero de la residencia la Policía descubrió un túnel con salida a una alcantarilla de la parte externa, el cual era utilizado como caleta clandestina.

El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, brigadier general Jairo Antonio Rodríguez Quiñónez, informó que en el procedimiento fueron incautados uniformes, brazaletes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, cuentas bancarias, equipos de comunicaciones para vehículos y documentos de identificación militar.

Asimismo, en otra acción en el norte de la ciudad, fue retenido Wilson Enrique Celín Zapata, de 27 años, a quien se le halló un taco de una libra de dinamita gelatinosa.

La Policia decomisó igualmente dos granadas de fragmentación en el nororiente de la ciudad, con las que al parecer se iban a realizar acciones contra esa institución.

Cabe anotar, que en las operaciones para neutralizar la acción de los sicarios, la Policía detuvo el pasado jueves a ocho personas, entre ellas a un ex policía, quienes al parecer integran una banda comprometida en el asesinato de miembros de la institución. Milicias y narcotraficantes están aliados: Policía La Policía ha atribuido los ataques al narcotráfico, pero esta vez con un agravante: los actos terroristas fueron ejecutados con el apoyo de la delincuencia de la guerrilla urbana, a través de las Milicias Populares (MP).

Así lo dijo el pasado miércoles el director nacional de la Policía, general Miguel Antonio Gómez Padilla. Seguramente, dijo, esas Milicias están actuando por encargo de otras personas .

La afirmación del general Padilla revela que esta nueva guerra ha tomado contornos distinos a la de hace dos años.

Es sabido que terminada la narcoguerra de los años 1989 y 1990, las MP le declararon la guerra a las bandas de sicarios de las comunas y barrios populares de Medellín. Muchas de esas bandas fueron exterminadas y desarticuladas y las MP tomaron el control del territorio.

Como ahora las bandas no cuentan con hombres y una organización efectiva, el narcotráfico estaría aprovechando el aparato militar y logístico de las MP.

Sin embargo, otras versiones oficiales, de fuentes que pidieron no ser identificadas, dicen que en la ciudad se están pagando cuatro millones por cada policía asesinado. Según la versión, los crímenes son ejecutados por oficinas de sicarios que funcionan en cafeterías y edificios de la ciudad, donde una persona encargada de hacer los contactos cobra una comisión por conseguir el sicario que realizará el crimen.

Para el comandante de la Policía Metropolitana, general Jairo Antonio Rodríguez Quiñónez, existe una conexión lógica entre la muerte de Tyson y todo lo que está ocurriendo.

Sobre los autores de las masacres, Rodríguez dice que la institución contempla dos hipóteis. Que las MP, por su forma de actuar y sus áreas de influencia, hayan cometido los crímenes; o esas muertes se deben a peleas entre bandas por prestigio y territorio.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
16 de noviembre de 1992
Autor
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