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Arranca polémico período de gracia para legalizar un millón de armas

A partir de hoy y hasta el 31 de agosto del 2008, los colombianos que tengan en su poder una o más armas de fuego con el permiso vencido (alrededor de un millón) podrán revalidar sus salvoconductos, sin importar cuánto tiempo lleven en esa situación. (VER GRÁFICO: ARMAS REGISTRADAS EN EL MINDEFENSA) (VER CUADRO: ARMAS POR TIPO)

Durante el mismo lapso, los dueños de las armas no registradas en el Ministerio de Defensa (unos dos millones, según estudios privados), como las de fabricación casera, tendrán la oportunidad de entregarlas en los comandos de las Fuerzas Militares. A cambio recibirán entre 50.000 y 850.000 pesos, según el estado de cada una. Para este fin se estableció una fiducia por 30.000 millones de pesos.

Detrás de estas gabelas está la polémica Ley 1119 del 2006, apoyada por el Ministerio de Defensa y sancionada el pasado 27 de diciembre ‘‘sin mayor debate’’, según el senador Rafael Pardo, ministro del ramo en la administración de César Gaviria.

‘Es un llamado al contrabando’ Para él, un período de gracia tan largo (año y medio) es inconveniente. “Es un llamado a que se traigan armas de contrabando para legalizarlas y a que no se cumplan los requisitos de revalidación establecidos”, sostiene.

Pero las opiniones en contra de la nueva ‘Ley de Armas’ no se refieren únicamente al período de gracia. También hay fuertes cuestionamientos sobre los cambios que le hizo al Decreto 2535 de 1993, el cual regula el tema de armas, municiones y explosivos (ver ‘Los puntos más controvertidos...’).

El coronel Rafael Hani Jimeno, jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares (el organismo que está al frente de la campaña), aclara que la nueva ley “no constituye una amnistía”.

Según él, el único arsenal que se busca legalizar con la iniciativa es el ya registrado en el Archivo Nacional Sistematizado de Armas: más de un millón 200 mil, de las cuales el 80 por ciento está pendiente de decomiso porque su permiso no fue renovado.

Se ‘reciclarían’ 800.000 “No vamos a legalizar armas clandestinas porque, lógicamente, no aparecen en el archivo. Tampoco vamos a armar a nadie: la gente ya está armada –subraya el oficial–. Lo que queremos es saber quiénes tienen armas, a qué se dedican y si las necesitan”.

La nueva ley le promete a la gente que la revalidación de los permisos cancelados será estudiada. Aunque las circunstancias son diferentes a las de las renovaciones ordinarias, con base en estas se estima que 8 de cada 10 solicitudes hechas durante el período de gracia que comienza hoy serán aceptadas. En otras palabras, unas 800 mil armas podrían ser regularizadas en los próximos 18 meses.

“Antes de renovar el permiso revisaremos que los tenedores estén en condiciones judiciales de portar un arma: que no tengan órdenes de captura ni antecedentes, y que en los organismos de inteligencia no figure informe alguno que asegure que son auxiliadores de los grupos ilegales o miembros de bandas delincuenciales”, advierte el coronel Hani.

ESTOS SON LOS PUNTOS MÁS CONTROVERSIALES DE LA NUEVA ‘LEY DE ARMAS’ » Reduce las multas.

Seis conductas, relacionadas con procedimientos administrativos (como no informar sobre el extravío del arma), se multan con un cuarto de salario mínimo (108.425 pesos). Antes, todas las multas eran de un salario mínimo.

» Más armas para policías.

Como los oficiales y los suboficiales de las FF.MM., sus similares de la Policía pueden portar dos armas en lugar de una. Su carné les bastará como permiso. La medida incluye a miembros retirados de manera discrecional por sus superiores.

» Amplía cesión de permisos.

Los permisos de tenencia de armas de uso restringido (más de 9 mm) solo podían ser cedidos a los parientes. Ahora se pueden ceder entre personas naturales o jurídicas, incluidas las de coleccionistas, que estaban reservadas a este colectivo.

» Amnistía permanente.

El último período de regularización de armas de fuego (1993) fue de 73 días.

El actual no solo dura más de 500, sino que el artículo 1 de la Ley 1119 permite tramitar revalidaciones extemporáneas con solo pagar un salario mínimo.

» Freno a alcaldes.

El artículo 10 de la nueva ley subraya que no son los alcaldes y gobernadores los que tienen la facultad de suspender temporal o permanentemente la vigencia de los permisos de porte. Solo la autoridad militar puede hacerlo, previo estudio.

QUÉ DEBEN HACER Estos son los trámites para renovar el permiso de porte o de tenencia de un arma: Diligenciar y entregar el Formulario Único Nacional de Trámites, suministrado por la autoridad militar (23.600 pesos).

Fotocopia del permiso de tenencia o del salvoconducto o, en su defecto, fotocopia de la factura de uso-venta. Anexar fotocopia a color y ampliada de la cédula y del certificado judicial.

Pagar una multa equivalente a un cuarto del salario mínimo legal vigente (108.425 pesos) y, si es revalidación, 213.000 pesos más.

Las seccionales principales del DCCA (unidades militares) habilitadas hasta el momento son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Valledupar y Villavicencio.

El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m.

y de 2 a 6 p.m. En Bogotá la atención será desde las 7 a.m. y hasta las 2 p.m. Mayores informes: 3150111 www.mindefensa.gov.co.

El desarme de civiles es una cortina de humo PABLO CASAS DUPUY* El Alcalde de Bogotá está liderando una iniciativa que busca facultar a los mandatarios locales para que puedan restringir las armas de fuego legales en el espacio público.

Si bien la mayoría preferimos ‘la paloma sobre la bala’, hay que tener en cuenta que las armas legales en manos de civiles no son las que generan muertes violentas. Son las armas ilegales, en manos del hampa y de los alzados en armas, las que producen el mayor número de muertes.

Diferentes estudios permiten establecer que: en la violencia homicida del país se usa una gran variedad de artefactos diferentes a las armas de fuego; que dicha violencia está estrechamente relacionada con la actividad criminal y no con problemas de convivencia, y que las armas legales juegan un papel marginal.

Es claro que ciudades con las tasas más altas de homicidios, como Buenaventura o Barrancabermeja, tienen las tasas más bajas de permisos de porte o tenencia de armas, lo cual es un claro indicio de que las armas homicidas son las que están en la ilegalidad, en manos de la delincuencia.

Por el contrario, ciudades con tasas de homicidio relativamente bajas en el contexto nacional, como Popayán, Bucaramanga o Armenia, son las que tienen las tasas más altas de permisos de porte de armas legales .

* COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA-CONSULTOR DE LA ONU .

Una amnistía sorprendente e inconvicente JORGE ALBERTO RESTREPO* La violencia con armas de fuego es el principal problema de desarrollo del país. De hecho, es la primera causa de muerte, mientras que globalmente (según la OMS) lo son las enfermedades cardiovasculares. Desde 1979 han muerto 500 mil colombianos por armas de fuego. El 93 por ciento, hombres. Se ha probado que el control estatal, no sólo al tráfico sino también a la tenencia legal de armas, reduce la violencia. Un estudio liderado por Andrés Villaveces, de la Universidad de Carolina del Norte, y publicado en el Journal of the American Medical Association, demostró que la incidencia de los homicidios en Cali y Bogotá fue menor en los períodos de restricción al porte.

Por eso sorprende que el Congreso, con apoyo del Gobierno, haya impulsado una legislación que, si bien tiene disposiciones que fortalecen y modernizan el control, conducirá a una mayor oferta de armas y aumentará la permisividad frente a su porte.

Una amnistía de 549 días invita al tráfico ilegal. Si bien en el momento puede ser conveniente (todos sabemos que los ‘paras’ desmovilizados no entregaron todas sus armas), una ventana abierta como esta (no publicitada aún) es una liberalización con un generoso límite en el tiempo.

* PROFESOR U. JAVERIANA-DIR. DEL CERAC.

CIFRAS DE CALIBRE 1.770 salvoconductos (cerca de 5 diarios) fueron retirados en el 2006, el año con más permisos cancelados de la última década.

21% de todas las armas registradas en el Archivo Nacional son revólveres 38 largo de Smith & Wesson. En el país hay 260 mil.

70.219 de las 810.315 personas naturales que tienen armas legales son mujeres. En otras palabras, el 8,7% del total

Publicación
eltiempo.com
Sección
Información general
Fecha de publicación
1 de marzo de 2007
Autor
CHRISTIAN PARDO Q. Y BERNARDO BEJARANO G.

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