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La (otra) privatización del derecho público

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, los abogados nos hemos acostumbrado a oír que la Constitución es el nuevo ‘tronco común’ del ordenamiento jurídico colombiano. Algunos magistrados de la Corte Constitucional, como Manuel José Cepeda han sido enfáticos al señalar que estos mandatos deben irrigar todos los campos del ordenamiento jurídico, para que de esta manera la Constitución sea realmente eficaz, y no una norma de normas que carece de trascendencia en la realidad.

Pero al igual que los mandatos constitucionales han modificado la forma en la que se conciben y funcionan los distintos campos del derecho, resulta interesante ver cómo ciertos conceptos, provenientes de dichos campos, modifican nuestra percepción de los mandatos constitucionales. Después de todo, éste es un resultado lógico de un proceso de armonización al interior del ordenamiento jurídico; la integración de las distintas normas jurídicas genera cierta reciprocidad entre ellas.

Más allá del inevitable conflicto entre normas de diferentes jerarquías, el fenómeno jurídico interesante sucede cuando los marcos de análisis propios de una rama especializada del derecho cruzan fronteras.

Tomemos por ejemplo el derecho económico, que suele concebirse como una rama propia del derecho privado, pero que presenta muchos elementos de análisis útiles para evaluar campos propios del derecho público, como por ejemplo, el proceso legislativo.

De acuerdo con este análisis, las leyes son el resultado de varios ‘contratos’ entre diferentes grupos políticos y cuyo marco jurídico esta determinado por la Constitución y la ley 5ª de 1992. Así, el rol del control constitucional de las leyes estaría orientado a determinar que esos acuerdos tengan un objeto lícito, que no le creen externalidades a terceros y que los costos que generan dichos acuerdos sean interiorizados.

Así pues, la discrecionalidad del juez constitucional le permitiría limitar los comportamientos poco democráticos de los actores políticos. ¿Cómo no pensar que las teorías contemporáneas sobre sociedades comerciales y gobierno corporativo podrían sugerir nuevas perspectivas sobre varias facetas del derecho público? Este tipo de análisis interdisciplinarios no son nuevos en Colombia. Pero hoy en día hay buenas razones para impulsar estas visiones; existe en Colombia un grupo cada vez mayor de profesionales que están incorporando doctrinas extranjeras sobre estos temas de derecho privado con bastante éxito.

También existen entidades como las superintendencias que dominan estas doctrinas y cuyo funcionamiento prueba que se puede dirimir conflictos y tomar decisiones partiendo de una teoría jurídica coherente y compleja. Más importante aún, ésta (otra) privatización del derecho público implica un cambio de ciertos paradigmas que ya en 1991 eran obsoletos.

Dicho cambio es bienvenido en la medida en la que ciertos fenómenos jurídicos no se pueden explicar ya a la luz de estos paradigmas, y su uso evita precisamente lo que se ha buscado con la Constitución de 1991: acercar las normas jurídicas a la realidad social.

"Más importante aún, ésta (otra) privatización del derecho público implica un cambio de ciertos paradigmas que ya en 1991 eran obsoletos”.

Publicación
portafolio.co
Sección
Justicia
Fecha de publicación
2 de noviembre de 2006
Autor
ANDRÉS PALACIOS LLERAS ESPECIAL PORTAFOLIO

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