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Archivo

Así opera el imperio criminal de ‘40’

Hasta ahora, el país ha conocido apenas algunos de los datos del ‘computador de Jorge 40’, decomisado en marzo a uno de sus lugartenientes. (VER CUADRO: LOS CRÍMENES DE LAS CINCO COMISIONES - 'PARAS' INFILTRARON LA SALUD Y LA CONTRATACIÓN ATLÁNTICO Y MAGDALENA) (VER TABLA: ASÍ SE FINANCIABA JORGE '40'*)

Se han señalado a cuatro senadores por aparecer allí mencionados y han sido
detenidos cuatro diputados de Sucre.
Pero esas noticias se quedan cortas frente al impacto que produce leer el
informe de 29 páginas en el que la Fiscalía presenta ya su resumen final
sobre el tesoro hallado.
EL TIEMPO tuvo acceso a ese documento y presenta hoy una primera parte.
Mañana, se podrán leer los detalles de cómo estaban montando todo un aparato
político-militar en la Costa Atlántica, incluso para después de la
desmovilización.
¿Punta del iceberg?
Entre los hechos más macabros del informe, está una lista detallada de los
lugares, fechas y motivos de 558 asesinatos reportados por los
lugartenientes de ‘Jorge 40’ en 17 de los 22 municipios del Atlántico y en
Barranquilla.
Llama la atención la manera de presentarlo: parece una forma contable más.
Cabe anotar, que se trata solo de una parte de los crímenes que se le pueden
atribuir a ‘40’, pues están apenas los casos de Atlántico (y de un pueblo de
Magdalena), entre el 2003 y el 2005.
Es decir, podría suponerse la existencia de listados similares en Cesar,
Magdalena, Sucre y Guajira, los otros departamentos bajo la influencia del
jefe paramilitar que hoy está detenido en Valledupar.
Por ejemplo, en solo Dibulla (Guajira), organizaciones reportan que se han
presentado más de 300 muertos en estos últimos años.
Para ser más precisos, además hay que decir que el computador que halló la
Fiscalía es el de ‘Don Antonio’ (Édgar Ignacio Fierro Flórez), uno de los
lugartenientes de ‘40’.
‘Jorge 40’, cuyo nombre es Rodrigo Tovar Pupo, compartía con Salvatore
Mancuso la comandancia del Bloque Norte de las Auc.
En él computador apenas se registran las acciones del frente ‘José Pablo
Díaz’, del cual vale decir que nunca se había hablado. Ni tampoco está entre
los 33 frentes desmovilizados de las autodefensas.
En el informe se recogen correos electrónicos en los que ‘Jorge 40’ hace
todo un montaje para la desmovilización.
“Deben buscar y reclutar personas del común para la desmovilización”, les
ordena a sus hombres en un mensaje.
“Que se preparen para el día de la desmovilización, sepan marchas, cantar el
himno de las Auc y responder las preguntas que hagan los fiscales”, insistía
en un correo ya cercano a la fecha de la desmovilización el pasado marzo.
Incluso, les mandó a todos un formato de las respuestas que debían dar a los
fiscales.
En el capítulo de cómo desangraban los recursos de hospitales, alcaldías y
hasta mataderos, se ven las maniobras de cobro del 10 por ciento de todos
los contratos. Crearon, por ejemplo, una empresa falsa para desviar 1.500
millones de pesos de la alcaldía de Sabanagrande, y en Soledad, convirtieron
el Hospital Materno Infantil en una especie de ‘caja menor’ de los ‘paras’.
En los capítulos de narcotráfico, pago a fiscales, militares, Das y policía
hay sorpresas en cuanto a nombres y montos (ver página 1-9).
Casi por azar la Fiscalía encontró este computador en marzo. Y sin duda, a
pesar de lo impactante, es apenas una muestra de lo que ha sido el imperio
criminal de los paramilitares.
‘JORGE 40’ ¿EL CÍNICO?
''Desde hace unas semanas he presenciado la filtración de piezas procesales que están amparadas por la reserva sumarial. Lo verdaderamente grave es la filtración por organismos investigativos del país”.
‘Jorge 40’ dijo esta semana, en protesta por las revelaciones que se han
hecho de su computador.
1- EN UNA LISTA MACABRA REPORTAN, UNO A UNO, 558 ASESINATOS
En los archivos denominados ‘Actas, comisiones y datos pers’ (sic) la
Fiscalía encontró un inventario siniestro: los reportes que cinco
‘comisiones’ del frente José Pablo Díaz, de las Auc, hacían a ‘don Antonio’
y este, a su vez, a ‘Jorge 40’ sobre cada uno de los asesinatos cometidos.
En los informes aparecen los nombres de 558 víctimas, el lugar y fecha donde
ocurrió el crimen y hasta una explicación del motivo para cometerlo.
En algunos casos, incluso, aparece el día en que fue asignada la ejecución
del asesinato.
Todos los crímenes ocurrieron entre el 2003 y el 2005.
La manera “es la misma en todos los casos”. Una verdadera máquina de la
muerte. “Predomina la utilización de motos tipo RX, negra, azul y roja en 43
homicidios y DT blanca y negra en otos 22 aproximadamente”, dice el reporte.
La Fiscalía revisó uno a uno los 588 asesinatos de la lista y encontró que
solo 245 aparecen con procesos penales. Prácticamente todos con resoluciones
inhibitorias y sin ningún sindicado.
¿Qué pasó con los 343 restantes? los investigadores creen que pueden estar
en fosas comunes. En el caso, por ejemplo, del informe de la ‘Comisión
Oriental’ no aparecen registros oficiales de la muerte de 92 de los 97
asesinatos, y la Fiscalía considera que pudieron haber sido arrojados al Río
Magdalena.
¿Quiénes son las víctimas?
El informe está dividido en cinco comisiones, cuatro de ellas actúan en 17
de los 22 municipios del Atlántico y su capital Barranquilla y una en un
pueblo de Magdalena.
En la lista de asesinados aparecen todo tipo de personas, desde las que no
se sometían a sus ‘vacunas’, hasta las señaladas de colaborar, según ellos,
con la guerrilla.
Así entonces hay tenderos (buena parte de los 36 asesinados desde el 2004),
sindicalistas, comerciantes, el director de una clínica, abogados,
delincuentes, trabajadoras sexuales y expendedores de droga.
Aparecen, entre otros, Adán Pacheco, sindicalista de Electricaribe, muerto
el 2 de mayo del 2005; Pedro Pérez, de la Defensoría del Pueblo; y Orlando
Londoño Palacio, quien como veedor de transporte entablaba tutelas contra el
Tránsito departamental y distrital.
Asimismo, Eislen Escalante Pérez, asesinado el 14 de octubre del 2005, quien
instauró varias denuncias contra la regional de la Red de Solidaridad por
supuestas donaciones a ONG ficticias; Miguel Espinosa, que perteneció al
sindicato del DANE, y el profesor y sociólogo, Alfredo Correa de Andreis, el
17 de septiembre del 2004.
Algunos de los asesinos son identificados como ‘Vitico’, ‘Jorgito’, ‘Indio’,
‘El Chacal’ y ‘El Gato’.
2- RECIBÍA 'COMISIÓN' DEL 10 POR CIENTO EN TODOS LOS CONTRATOS
En Atlántico, Magdalena y Bolívar, al menos la décima parte de la
contratación de alcaldías, gobernaciones, hospitales, empresas de servicios
públicos y hasta mataderos terminó en bolsillos de ‘Jorge 40’.
La infiltración es de tales dimensiones que la Fiscalía habla del “saqueo a
los recursos del Estado, en especial los de la salud y servicios públicos”
en esos departamentos.
El municipio más afectado fue Soledad, en Atlántico. El Hospital Materno
Infantil de ese municipio se convirtió en una especie de caja menor del
frente José Pablo Díaz (que nunca apareció en las desmovilizaciones), que
por derecha se apropiaba del 10 por ciento de todas las contrataciones.
Uno de los informes del computador de ‘don Antonio’ explica en detalle cómo
los ‘paras’ se robaban la plata de la salud de los más pobres y cómo varios
puestos clave estaban en manos de gente de la organización criminal.
Según la Fiscalía, al menos para el año 2004 “las Auc tenían el control
absoluto del Hospital Materno Infantil de Soledad”. Y en ese entramado
criminal participaba directamente una hermana de ‘don Antonio’, Lorena
Fierro Flórez.
Ella era la encargada de “vigilar todo lo que tenía que ver con la
contratación del hospital”, de tal manera que no se hiciera un solo negocio
sin el aval de los ‘paras’.
Los reportes enviados a ‘40’ señalan también que entre enero y septiembre
del 2005, en pleno proceso de paz, se desviaron 30 millones de pesos de una
IPS de Soledad.
Algo similar pasó en Sabanalarga, donde hubo, según la Fiscalía, “múltiples
irregularidades que al parecer venía cometiendo el gerente del hospital”,
quien presuntamente fue asesinado a finales del 2004. Se siguen rastros de
al menos 500 millones de pesos desviados hacia las autodefensas.
Querían ‘tajada’ del Transmetro
‘Jorge 40’ no se conformó con robarse la plata de la salud. En el
computador aparecen huellas de sus negocios en casi todos los municipios del
Atlántico, empezando por Barranquilla.
En las grabaciones que tiene la Fiscalía, ‘don Antonio’ y una persona que
suspuestamente es un alto funcionario del departamento de Magdalena hablan
de dineros desviados del “contrato de la Triple A” en Barraquilla. Se
estarían refiriendo a la adecuación de caños del municipio, un negocio por
el que recibirían un 10 por ciento.
También hay indicios de que trataron de aprovecharse de la construcción del
sistema Transmetro, el ‘transmilenio’ de la capital del departamento del
Atlántico. Las conversaciones sugieren que por un contrato de esa obra, la
más importante que se ha realizado en la ciudad en los últimos años,
recibieron una comisión por adelantado.
Los ‘paras’ tuvieron participación en un contrato por la compra de tubería
en Galapa y en otros de obras públicas en los municipios de Palmar y
Malambo. También se investiga si la empresa Hidrosoluciones, como aparece en
el computador, fue utilizada por el alcalde de Sabanagrande para desviar
dinero oficial hacia las cuentas de ‘40’.
En Sabanagrande, según otro archivo, el propio alcalde fue comisionado por
‘don Antonio’ para estar “pendiente del contrato del matadero del municipio
y dar informes de las utilidades y el porcentaje que le corresponde a la
‘empresa’”, o sea al ‘Bloque Norte’.
Y en Santa Marta se realiza un rastreo al contrato de manejo de los residuos
sólidos, porque en varios archivos los ‘paras’ dicen que tienen intereses en
el negocio.
3.200 millones en un año
En siete meses del 2004 el robo al Estado, entre otras entradas, le dejó al
José Pablo Díaz ingresos por 3.200 millones.
Según los balances hallados en el computador, el negocio más rentable fue el
robo de gasolina: 1.370 millones de pesos.
Las extorsiones y ‘vacunas’ a pequeños y medianos comerciantes de
Barranquilla, arrojaron ‘ganancias’ por 500 millones. En varias zonas de esa
ciudad, según la apreciación de la Fiscalía, “nadie se salvaba de pagar la
cuota mensual”.
El resto de la plata de ese año lo obtuvieron “por medio de contratos”. El
mismo frente, según la información, habría obtenido ingresos en el 2005 por
unos 3 mil millones de pesos.
También hay reportes de gastos (entre ellos, pago de sobornos a
funcionarios, militares y policías) por 718 millones. En las cuentas del
frente no se incluye la plata de narcotráfico.
3- CONTACTO PARA ENVÍO DE COCA A BÉLGICA
Rutas usadas para enviar cargamentos de coca a Europa y los Estados Unidos,
nombres de naves utilizadas para ese tráfico y relación de ‘amigos’ en la
Policía Antinarcóticos de Colombia y la Guardia Nacional de Venezuela
aparecen en el computador de ‘don Antonio’.
La Fiscalía tiene grabaciones de conversaciones en las que el segundo de
‘Jorge 40’ identifica a la persona que supuestamente coordina la llegada de
los embarques a Europa, a través de puertos de Bélgica, Holanda y Francia:
Carlos Arturo Marulanda. Se investiga si se trata de un nombre real o de un
alias.
“Carlos Arturo Marulanda es quien propone las rutas a ‘Antonio’ para el
envío de la droga, saliendo del puerto de Santa Marta con destino a Europa,
ya que según él tiene todas las conexiones con el personal de la Policía
Antinarcóticos de esta ciudad”, señala la Fiscalía.
El envío de la droga se realizaba en contenedores que salían a través de los
puertos de la Costa Atlántica cargados de banano. Amberes, en Bélgica, era
el puerto de llegada más usual y se mencionan contactos que supuestamente
servían de fachada en ese país europeo.
Las rutas a través de Venezuela y Centroamérica también quedan en evidencia.
Según ‘don Antonio’, “se cancela un porcentaje a quien lleva la mercancía y
otro al comandante de la Guardia en Venezuela”, pero al final por cada kilo
puesto en Europa los ‘paras’ reciben ganancias de entre 9 mil y 10 mil euros.
4- DOS CAPITANES DEL EJÉRCITO, EN NÓMINA
En los archivos, la Fiscalía encontró una conversación que deja al
descubierto los nexos de un alto funcionario del DAS en Santa Marta con el
bloque de ‘Jorge 40’.
Se refieren a él como ‘Jota Valle’ y hablan sobre su esposa, una funcionaria
de la Fiscalía en esa ciudad, que están tratando de trasladar a Barranquilla
‘donde es más útil’. La Fiscalía cree que este funcionario estuvo implicado
en la judicialización del profesor Alfredo Correa, quien tras quedar libre
fue asesinado.
Aparece también una carpeta titulada ‘Información Amigo DAS’, con detalles
de personas señaladas de guerrilleras. En los registros contables del 2003
se encontró un rubro por 32 millones denominado ‘Ley’, que se presume era el
pago a miembros de la Fuerza Pública en Barranquilla por no operar contra
los ‘paras’.
Dos capitanes de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército habrían
recibido 3 millones de pesos entre octubre y noviembre de ese año.
Otra cuenta, que los ‘paras’ llaman ‘Arreglo situación jurídica’, estaría
destinada a pagar sobornos a empleados de la rama judicial. También se halló
un rubro por 2 millones de pesos llamado ‘Pago de información de Fiscalía’,
que supone la infiltración en ese organismo. También aparece un informe
secreto de inteligencia del Ejército y una conversación en la que ‘don
Antonio’ dice que hizo “contacto con dos sargentos del B-2 que lo conocen
desde el Cesar y que llaman a cualquier hora para prevenir capturas de
integrantes de las Auc”.
EL SOCIO VENEZOLANO
''Cuentan con la complicidad de un comandante de la Guardia Nacional. Él es el encargado de llevar la droga a los aviones que van a Europa”.
La Fiscalía en el reporte que evalúa la información del computador.
5- CORREOS PRUEBAN 'CONEJO' A URIBE
Los alcances del juego doble de los ‘paras’ frente al proceso de paz ocupan
buena parte de las memorias del computador de ‘don Antonio’.
La Fiscalía tiene copias de correos electrónicos en los que ‘40’ ordena a
sus lugartenientes “conseguir personas del común” –campesinos y
de-sempleados– para presentarlos como combatientes.
En los mensajes da órdenes para que los recién reclutados “se preparen para
el día de la desmovilización, por lo menos sepan marchar, cantar el himno de
las Auc” y responder a las preguntas que harán los fiscales.
‘Jorge 40’ se desmovilizó el 8 de marzo pasado cerca de Valledupar. Lo hizo
con unos 2.500 supuestos miembros del Bloque Norte, y más de la mitad de
ellos fueron presentados como ‘fuerzas de apoyo’.
Lo que ahora viene a comprobarse es que muchos de ellos no eran ‘paras’ ,
sino aparecidos interesados en recibir el estipendio mensual que entrega el
Gobierno.
Los jefes de las autodefensas se habían comprometido a entregar una lista
depurada de combatientes, pero hasta ahora no han cumplido.
Los mensajes también dejan entrever que una parte de los frentes de su
bloque quedaron activos para “ejercer el control” en las zonas.
Pero hay más rastros de que ‘40’ y los suyos no están cumpliendo con la Ley
de Justicia y Paz. Uno de los correos indica las respuestas que cada
desmovilizado debe dar a los fiscales, a pesar de que la norma supuestamente
los obliga a decir la verdad.
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