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QUIÉN PURGA LA MORA DEL ESTADO

El Gobierno Nacional, mediante Decreto 20 de este mes, acaba de reglamentar, más que el propio artículo 75 de la Ley 6 de 1992 (867-1 del Estatuto Tributario), diríase, la sentencia # C-549, de 29 de noviembre de 1993, de la Honorable Corte Constitucional, mediante la cual se decidió sobre la constitucionalidad de dicha disposición. Ley, sentencia y reglamento se refieren a la manera particular de calcular el ajuste por inflación de las obligaciones que, por concepto de tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tengan los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, por concepto de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, cuando aquellas lleguen a tener una mora en su pago superior a tres años.

La ley despertaba dudas en cuanto a la posibilidad de que, al ser interpretada reglamentada y aplicada, pudiera devenir retroactiva, contra la expresa prohibición al respecto consagrada en el artículo 363 de la Carta: Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad .

Fue lo que movió al ciudadano y distinguido profesor Juan Rafael Bravo, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, a demandar el artículo 75 arriba citado. La Corte, haciendo reiterado énfasis en el sentido de equidad que habría inspirado al legislador al aprobar la actualización de las obligaciones tributarias pendientes de pago y con un criterio que encontramos ciertamente pedagógico, allanó el camino del Gobierno, primero al declarar la inconformidad de la norma acusada con la Constitución y luego, al indicar con precisión la senda de la reglamentación, la cual el Gobierno, por cierto, observó con esmero.

La Corte preserva la validez del principio de irretroactividad de la ley tributaria, en tanto el mismo está enderezado a garantizar la estabilidad del ordenamiento jurídico y por razones de orden público. Y dice, entonces, con respecto a la norma demandada, que la misma no es retroactiva. Así de simple! Los evidentes efectos que hacia el pasado tiene la disposición, los califica, eufemísticamente, como meras adaptaciones , o adecuaciones que tan sólo buscan la equidad, sentenciando que no se configura la retroactividad porque no hay mutación en la causa de la obligación , haciendo en cambio silencio sobre las mutaciones que sí se suceden en los efectos de la misma.

En resumen, el Decreto Reglamentario 20 de 10 de enero de 1994 (festivo) siguiendo los lineamientos de la aludida sentencia, establece que sobre las obligaciones generadoras de mora antes de la expedición de la ley (junio 30 de 1992) y también sobre aquellas que generan dicha mora antes del primero de marzo de 1994, cuando entra en vigor la nueva figura, sí se debe efectuar el ajuste por inflación de tales obligaciones, cuando en el momento de su pago tengan una mora superior a tres años.

Lo que el Legislador ignoró, como también lo hicieron sus intérpretes oficiales, es que el mismo principio constitucional de equidad no se tuvo en cuenta al desconocer que tal mora puede tener su origen en el legítimo y legal ejercicio que los particulares tienen para impugnar la determinación oficial de las obligaciones tributarias, por la vía gubernativa, primero, y ante los tribunales, después, cuando resulta claro que, con rigurosa aplicación de los términos legales, cuando se agote la vía gubernativa, ya se habrá generado la mora que determina el ajuste por inflación de las obligaciones. Y qué sucede, luego, con la explicable demora, por excesiva acumulación de procesos en la jurisdicción contenciosa? Uno y otros desconocieron que la mora de la cual venimos hablando tiene su origen en la propia ley y en la propia mora del Estado. Quién las purga? No se ve así, debiendo pagar tan alto precio, vulnerado, además del principio de equidad, el sagrado derecho constitucional de defensa? Cosa distinta, también en términos de equidad, en el caso de quien incurre en mora en el pago de obligaciones definitivamente determinadas: las que el propio contribuyente definió en sus declaraciones privadas; aquéllas determinadas oficialmente y contra las cuales no se entablaron las acciones llamadas legales ; o, las definitivamente decididas por la jurisdicción contencioso administrativa.

Por lo demás, sentencia y reglamento cuidaron cuantitativa, aunque no tanto conceptualmente, de no incurrir en el delito de usura (artículo 235 del Código Penal) al limitar la suma de los intereses y la corrección al tope mismo de lo que, sumando una centésima, ya sería delito. No deja de recordarnos esto que Dante, en la Divina comedia, reservó el círculo más próximo al fuego eterno del infierno para los usureros...

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
24 de enero de 1994
Autor
EDUARDO LAVERDE TOSCANO

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