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La guerra prolongada ennegrece el alma

Dentro de 30 años –cuando seamos viejitos retirados, o alabemos a Dios en su presencia–, otros podrán leer en las enciclopedias que las Auc fueron una confederación paramilitar. Sus objetivos declarados fueron proteger a ganaderos, narcotraficantes y otros ciudadanos, de las guerrillas. Su líder, Carlos Castaño, fue asesinado por su estado mayor. Luego de sufrir bajas, capturas y deserciones, acordaron con el Gobierno Uribe (2002-2010) desmovilizarse. Se las clasificó como de ‘derecha’, en contraposición a las guerrillas de ‘izquierda’. Todas, Auc, Farc y Eln, fueron clasificadas como terroristas, y sus jefes, pedidos en extradición. No obstante, en un equilibrio entre justicia y paz, se determinó que a los arrepentidos se los juzgara para purgar sus penas (alternativas) en penitenciarías de Colombia.

Pero, mientras el tiempo nos permita tener perspectiva histórica, los
colombianos, en la coyuntura, oiremos más bochinches. Como los de Sierra y
Mejía. Habrá nuevos titulares insidiosos como: ‘Gobierno volvió ‘para’ al
otro ‘Mellizo’ ’; o ‘A Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’, el Presidente,
en un escandaloso reversazo, le dio el estatus de jefe de las Auc’.
¿Por qué siempre esos ‘escandalizados’ y descalificadores titulares y
comentarios sobre la desmovilización de las Auc? La razón es la antagónica
caracterización de la situación de inseguridad que vivió Colombia hasta el
2002. Una, elaborada por las Farc y acogida implícitamente en los titulares
–la de ‘solución negociada’–, la otra, de Uribe, Seguridad Democrática.
Las Farc se autodefinen fuerza insurgente, antagonista del Estado y las
‘élites’, en conflicto social y político armado, y a las Auc como
organización de narcotraficantes que hacen trabajo sucio para los opresores.
Impusieron la idea de que, como son unos libertadores, lograr la paz supone
eliminar las justas causas de la lucha del ‘pueblo en armas’, y arrasar a
los ‘paras’. Esa definición arrastra a tener calificaciones bondadosas para
unos y trinantes para los otros: ¡que las Farc aprovechan creativamente el
tráfico para obtener renta de la coca, mientras los ‘paras’ son simples
‘traquetos’!; ¡que las Farc incurren tangencialmente en actos de terrorismo;
pero las Auc son terroristas!
La guerra prolongada amella las espadas, oxida los fusiles y, sobre todo,
ennegrece el alma. La guerra unió a Farc y Auc, los volvió igualitos: los
que comenzaron hablando de política y viajando a Moscú o La Habana, hoy van
a Nueva York a inspeccionar embarques; quienes comenzaron con embarques, hoy
se reúnen con el presidente Arias, la OEA o el CICR, y hablan de política.
Mientras existan, los guerreros harán masacres y ajusticiamientos como los
de Tacueyó o de Castaño.
La doctrina de Seguridad Democrática, en cambio, predica que es obligación
enfrentarlos y que un final negociado depende de ellos mismos. Si cesan
acciones hostiles, la sociedad les ofrece penas alternativas y reinserción.
El mérito de Uribe es habernos sacado de un atolladero, de una maraña
teórica. Colombia es una democracia legítima; alzarse contra ella, aduciendo
motivos políticos, no es eximente sino agravante. Con la aplicación de esa
doctrina, hoy las Farc padecen lenta extinción (deserciones, cero
reclutamientos, bajas y capturas), el Eln está en diálogos formales y las
Auc tienen a sus líderes en prisión, sometidos por voluntad propia a la
justicia, confesando masacres, secuestros y expoliaciones a los campesinos,
quienes se aprestan a reclamar reparación. Otros huyen, solitarios, pero sin
representar grave peligro para la sociedad.
Pregunto: ¿vale la pena, es legítimo, sí o no, suspender las órdenes de
extradición de desmovilizados de Auc, Farc y Eln, con la condición de que
respeten la ley? Máxime si, como dicen los indictment de extradición de
Sierra y Mejía y los de las Farc, todos son reconocidos dirigentes de bandas
terroristas. Uribe decidió que sí. Por eso ha otorgado la suspensión de la
extradición de Sierra, y lo hará con los otros que pertenezcan a
organizaciones armadas en cese de hostilidades.
*Consejero presidencial
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