MUELA JURÍDICA QUE RONDA EL CONGRESO LEGALIZARÍA TEGUAS
Todos los estudiantes y odontólogos profesionales del país están tratando de arrancar, infructuosamente, la muela más peligrosa que hayan conocido en su doloroso oficio. Pero esta incapacidad no se debe a la falta de herramientas o conocimientos científicos. Es una muela jurídica que está a punto de convertirse en Ley de la República. En la legislatura pasada fue presentado y aprobado en la Comisión VII del Senado el proyecto de Ley número 161 de 1992, por el cual se busca reglamentar el oficio de unos 15.000 dentistas prácticos (más conocidos como empíricos) que hay en Colombia.
Pero este proyecto ha desatado una verdadera polémica que involucra a todas las personas que ejercen esta profesión. Los odontólogos profesionales, estudiantes y asociaciones de la profesión (unidos especialmente en torno a la Federación Odontológica Colombiana) están picados por el proyecto de ley, y aseguran que este es absurdo, que busca desescolarizar la profesión, prestar servicios deficientes y de mala calidad.
Por su parte los ponentes y autores del proyecto sostienen que lo que ha habido detrás de todo esto es una desinformación y tergiversación absolutas que no conducen a nada.
El proyecto, que fue aprobado en la Comisión VII del Senado, con ponencia de Alvaro Pava Camelo, autoría de Ever Bustamante y Renán Trujillo, se encuentra para segundo debate en la plenaria del Senado.
Hugo Montes Campuzano, presidente de la Federación Odontológica Colombiana, dice que lo que estamos buscando es que haya concertación con el Gobierno, antes de que este proyecto se convierta en una ley de la República .
Pero más allá de la concertación, Montes Campuzano también manifiesta abiertamente que tanto a ponente como a autores del proyecto los domina un interés netamente político que tiene que ver con votos y otras garantías.
La información que tenemos dice Montes Campuzano es que hay un interés político de por medio, con el cual se identifican varias tendencias e incluso políticos de la categoría de Ricaurte Losada .
Fernando Galindo, jefe del departamento de Odontología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, dice que el proyecto es obviamente un absoluto absurdo, porque en el mundo civilizado tanto la medicina como la odontología son profesiones universitarias, que por razón de su responsabilidad social requieren de gran idoneidad .
De otro lado, sostiene que el proyecto de ley va contra la Constitución Política de Colombia, ya que el artículo 49 reglamenta que todo ciudadano tiene derecho a atención en salud de igual calidad, sin importar que viva en zonas rural o urbana o el estrato al que pertenezca .
Agrega que no puede entender que un miembro del parlamento colombiano, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional la viole tan flagrantemente con un proyecto de ley tan absurdo .
Germán Hernández, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, asegura que con este proyecto se van a favorecer los empíricos en detrimento de la educación superior y de todos los estratos sociales, que tienen el derecho de recibir servicios de salud de excelente categoría.
Asegura que la labor de las universidades radica en que las políticas de salud absorban la oferta de profesionales idóneos y ubiquen en todas las áreas del país, servicios de salud profesional.
Sobre el futuro del proyecto y su aprobación final, Germán Hernández dice que cree en la sensatez del congreso en su conjunto y que no se atreve a afirmar que detrás de su aprobación haya intereses políticos porque serían observaciones producto de supuestos no perfectamente evidenciables .
Pero las razones fundamentales por las cuales la Federación Odontológica Colombiana y sus afiliados, los sindicatos, cooperativas, sindicatos y todas las facultades de odontología del país atacan el proyecto de ley, son erradas y tergiversadas de acuerdo con los autores del proyecto.
El senador José Renán Trujillo, uno de los autores, dice que su contenido es muy claro, en tanto se pretende reglamentar una actividad que se viene ejerciendo en el país hace varios años, para que los odontólogos empíricos no sigan actuando por fuera de lo legal .
Aclara que en ningún párrafo del articulado se dice nada en contra de los odontólogos, ni tampoco se pretende colocarles homólogos.
Pero Montes Campuzano afirma que el proyecto va en contra de la Ley 10 de 1962 que reglamentó la profesión del odontólogo y le otorgó a las facultades del país la formación de estas personas.
Respecto de las afirmaciones que hace la Federación sobre intereses políticos, Renán Trujillo asegura que en el caso personal, mi situación electoral está totalmente consolidada. Lo que sí no entiendo es que existan personas que pretendan bloquear la carta constitucional y mantener el oscurantismo. Por eso defiendo la participación ciudadana, la concertación y la conciliación, y no acepto posiciones radicales que no inviten al diálogo .
Agrega que la ley es muy clara y que solamente se reglamentará la actividad de aquellos empíricos o dentistas , que al momento de la promulgación de la ley se encuentren ejerciendo en algunas áreas del país la odontología y cumplan los requisitos de que trata el artículo 5. Entre otros, inscribirse ante el Ministerio de Salud y obtener autorización para ejercer su oficio.
La Comisión de Habilitación exigirá que el aspirante sea mayor de 25 años, que demuestre por medio de dos certificados de autoridades civiles, militares, eclesiásticas o cívicas, presentadas ante el juez de la misma localidad en que ejerce, por lo menos diez años de práctica en actividades odontológicas, haber aprobado o validado como mínimo el onceavo grado de educación media, en establecimiento aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.
Además, debe poseer una dotación adecuada de materiales, instrumental y equipo de acuerdo con exigencias establecidas por la Comisión de Habilitación. Poseer certificados de asistencia a cursos, congresos, seminarios u otros certámenes académicos en áreas odontológicas.
En caso de que no se cumplan estos requisitos, el dentista se queda por fuera y se declara ilegal. No puede seguir ejerciendo y tendrá que someterse a investigación y sanciones de tipo penal y pecuniario.
Con el proyecto se crea también la comisión de acreditación del dentista práctico, integrada por siete miembros: Ministerios de Salud y Educación, Asociación Colombiana Odontológica, Federación Odontológica Colombiana, Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, Acode (Asociación Colombiana de Dentistas).
En opinión del otro autor del proyecto, el senador Ever Bustamante la tergiversación que ha habido sobre el tema, puede llevar a que se agudice el problema de salud oral del país. Lo que se busca es someter a estas personas a un control legal .
Asegura que se trata de darle un estatus no profesional a los dentistas, pero que su actividad pueda ser controlada a través de la ley, ya que se han dado casos, en donde nadie responde .
De todas maneras, el proyecto enuncia cuáles son los servicios que podrán prestar esos dentistas prácticos, que son los que no requieren de un odontólogo profesional.
En busca del frenillo Desde que el proyecto de ley que busca reglamentar el oficio de los odontólogos empíricos fue presentado en la comisión VII del Congreso, la Federación Odontológica Colombiana y todas las agremiaciones profesionales se opusieron totalmente a su aprobación.
Argumentaban, principalemente, que iba en contra de la Constitución Nacional y por lo establecido en la Ley 10 de 1962 que reglametó este oficio como profesión.
El pasado 20 de agosto se realizó un foro en Bogotá en el que participaron todos los miembros de la Federación Odontológica Colombiana, todas las facultades del país, organizaciones sindicales, de exalumnos, sociedades científicas, coorperativas, de profesionales y alumnos.
Allí se ratificó la decisión de no apoyar el proyecto de ley y hacer todo lo posible para que no sea aprobado. Para lograr este fin han realizado programas informativos en los medios de comunicación y en el Congreso de la República.
De igual forma, se creó una comisión para que trabaje una propuesta al Gobierno Nacional, no para que se reforme el proyecto de ley, sino para que se logre un acuerdo en forma concertada entre todos profesionales, agremiaciones y el Congreso de la República.
La idea es que este acuerdo cierre las puertas de ingreso como profesional a las personas que ejercen la profesión de odontólogo sin los requerimientos exigidos por la ley.
Por su parte los estudiantes de las 12 facultades del país realizarán una marcha de protesta en el momento que el proyecto de ley sea presentado en la plenaria del Congreso en las próximos días.
- Publicación
- eltiempo.com
- Sección
- Otros
- Fecha de publicación
- 8 de septiembre de 1993
- Autor
- MARIA DEL PILAR HERNANDEZ M.

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