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Estado sin jueces

Hemos tenido elecciones, pero no hemos tenido justicia. Casi veinte días completa el paro judicial y el hecho ha pasado como un asunto menor por las campañas políticas y por los medios. Pero esto no sorprende.

En el país, y sobre todo en el Gobierno, existe la creencia de que la solución a los grandes problemas nacionales no depende de la justicia, menos aun depende de esa justicia ordinaria e invisible que ahora está apoyando el paro de los funcionarios judiciales.

Me parece que esta percepción es errada y sobre todo lo es cuando se analiza el papel que la justicia está cumpliendo en la solución del conflicto armado.

Muy poco han tenido que ver los jueces en el plan de recuperación de territorios en el que se ha empeñado la política de seguridad democrática.

Por algo el presidente Uribe siempre habla del envío de policías, no de jueces. Sin duda, la fuerza pública es esencial en esta tarea de reconstrucción. Pero, ¿es ella suficiente? No lo creo.

No sólo no lo es, sino que el hecho de que la justicia no haga parte de la receta de reconstrucción denota un tipo de concepción de Estado y de la autoridad pública preocupante, por decir lo menos.

Los jueces que trabajan en las zonas de conflicto armado parecen estar menos intimidados que relegados. Más que recibir amenazas –que reciben–, estos jueces asisten impotentes a la solución extrajudicial de los conflictos por parte de los actores armados.

Los casos no les llegan. Cuando los paramilitares o la guerrilla dominan un municipio, permiten que el juez siga actuando en asuntos ‘menores’, por lo general relacionados con violencia intrafamiliar. Todo lo demás –asuntos criminales y de propiedad– lo deciden ellos. Por eso, cuando el consejo Superior de la Judicatura suprime un juzgado en esas zonas generalmente lo hace porque los jueces no tienen trabajo.

Cuando el Ejército recupera un pueblo tomado por la guerrilla –y viceversa– suele suceder que la población sea vista como colaboradora del poder militar saliente. En este ambiente tienen lugar las amenazas, los desplazamientos, las detenciones masivas, las ejecuciones extrajudiciales. Cuando eso sucede, al Estado –y, por supuesto, también a la guerrilla– le interesa contar con jueces silenciados.

Cuando los pueblos estaban en manos de los paramilitares, el resultado de la recuperación era similar. Para el Estado –y para una buena parte de la sociedad– los paramilitares pueden ser ilegales, pero no por ello son enemigos.

En aplicación del viejo principio latinoamericano que reza “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”, la Policía y el Ejército suelen ser complacientes a la hora de sancionar a los paramilitares. Solo una justicia opaca y rutinaria, que se limite a resolver casos menores, o no resolver nada, es compatible con este tipo de recuperación de territorios.

Así, pues, en zonas de conflicto armado –¿de qué porción del territorio nacional hablamos?, ¿de la tercera parte?, ¿de la mitad?– nadie quiere a los jueces: ni la guerrilla, ni los ‘paras’ ni el Gobierno mismo.

Que los grupos ilegales repudien a los jueces, es normal; ese es su oficio.

Que el Gobierno lo haga, es otra cosa y refleja un plan de pacificación nacional dispuesto a sacrificar los derechos de las personas en aras de la paz y el orden.

Con razón la Corte se opuso a los excesos pacifistas de la Ley de Justicia y Paz. Pero oponerse es algo que –por lo menos hasta ahora– puede hacer la Corte; los jueces que están en zonas de influencia de grupos armados –y los que están apoyando el paro– muy poco o nada pueden hacer.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
30 de mayo de 2006
Autor
MAURICIO GARCÍA VILLEGAS

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