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San Josesito, lejos del retorno

San Josesito, el asentamiento que hace un año creó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Urabá antioqueño) para mantenerse alejada de la Fuerza Pública, dista mucho de ser un pueblo de paso.

Fue su forma de rechazar la presencia de policías y soldados ordenada por el
gobierno del presidente Álvaro Uribe, tras la masacre de 8 de sus
integrantes, en febrero del 2005.
La Comunidad, que nació hace nueve años para huirles a la muerte y el
desplazamiento, ha puesto más de 165 muertos en ese lapso y por esos sus
1.800 integrantes se declaran neutrales frente a guerrillas, ‘paras’,
Ejército y Policía.
La masacre del 21 de febrero del año pasado radicalizó más a los líderes,
pero el Gobierno no aceptó el veto a la Fuerza Pública. El sólo anuncio de
instalar un cuartel de la Policía ocasionó el éxodo de buena parte de sus
habitantes hacia la finca La Holandita, a un kilómetro del pueblo.
Un pueblo dividido
La medida, que era temporal, se fue volviendo permanente. Ya trastearon el
inmenso bohío donde hacían reuniones y cada una de las piedras de colores
que simbolizan a sus mártires en el monumento a la memoria, que estaba en el
parque del antiguo pueblo.
Junto al nuevo parque, que tendrá forma de rotonda, plantaron un roble, al
que asimilan con su resistencia. Adentro irá una galería con los osarios,
fotos, cartas y objetos personales de los difuntos.
“Son nuestras víctimas y van con nosotros a donde estemos”, expresó un
dirigente comunitario, quien aseguró que ya hay tres osamentas.
Aunque en algunos se advierte la nostalgia por haber dejado San José, la
mayoría de los 400 habitantes de San Josesito coinciden en que hoy están en
la gloria después de aguantar unos meses hacinados en casuchas, con el
pantano hasta las rodillas y sin electricidad.
A La Holandita, donde está el nuevo pueblo, se entra por una portería que da
a una vía destapada, plana y ancha. A lado y lado se extienden en hilera 70
casas de madera, zinc y pisos desnudos.
En las viviendas hay luz, pero no tienen alumbrado público. Las aguas negras
corren por caños descubiertos que desembocan en dos plantas de tratamiento
construidas por los habitantes con ayuda internacional.
Atrás están los quioscos de la guardería, dos bohíos que hacen de escuela,
una cabina con un celular público, dos baterías de baños, lavaderos
comunales, un aserrío y la cancha de fútbol. Adelante están dos estanques de
peces, dos molinos de maíz y arroz, la tienda comunitaria y el billar.
Cada quien atiende la parcela que tenga por fuera y retorna antes del
anochecer, excepto un día a la semana que todos dedican al mantenimiento de
la infraestructura comunitaria, como se hacía antes en San José.
También se mantiene intacto el hermetismo de los líderes frente al Estado,
lo que les ha generado resquemores con el Gobierno y hasta con quienes les
habían dado su apoyo. De hecho, tal radicalismo fue la causa para que se
alejara la Diócesis de Apartadó, que acompañó su resistencia.
El año pasado la Defensoría recibió quejas por la expulsión de varias
familias por haber recibido un kit de la Alcaldía. Otra pelea inconclusa es
la educación de los niños, que reciben clases con miembros de la comunidad y
no con profesionales, pues sus padres se niegan a enviarlos a la escuela de
San José.
Allí, en el viejo pueblo, se ven imágenes impensables antes de la llegada de
las tropas: una valla de la Policía da la bienvenida, los agentes indagan a
los forasteros, hay vallenatos a todo volumen, soldados matando el tiempo en
los billares, licor en los estantes y rumbas hasta las 3 de la madrugada. En
el pueblo permanecen45 familias.
Los comerciantes y los jóvenes están felices, pero el bullicio fastidia a
quienes disfrutaban de un pueblo silencioso que se acostaba a las 9 de la
noche. Entre ambos poblados la gente viene y va, porque al fin y al cabo,
sean o no miembros de la Comunidad de Paz, la mayoría comparte el mismo
entramado familiar.
PUSO EN VILO CERTIFICACIÓN EN DD.HH.
Febrero 23 de 1997. Ante el asedio de grupos armados se crea la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó (Urabá antioqueño).
Febrero 21 del 2005. Armados asesinan a dos líderes y sus familias –ocho
personas, entre ellos cuatro menores– en las veredas Mulatos y La Resbalosa.
Señalamientos contra la Fuerza Pública pusieron en vilo la certificación en
Derechos Humanos, esencial para que E.U. desembolsara 70 millones de dólares
al Plan Colombia.
Abril 3. La Policía llegó a la cabecera de San José. Hoy son unos 200
efectivos, además de soldados de la Brigada 17.
Marzo del 2006. Cincuenta y nueve congresistas de E.U. se refirieron de
nuevo sobre San José y le pidieron al gobierno Bush la certificación en
DD.HH. a Colombia por presuntos hostigamientos contra la Comunidad de Paz.
SIGUEN PRESIONES
En la Defensoría del Pueblo de Urabá reposan denuncias por detenciones
arbitrarias de la Fuerza Pública en cercanías de la Comunidad de Paz durante
el último año. También, por los supuestos asesinatos sumarios de Edilberto
Vásquez, Rodrigo Salas y Nelly Johann Durango y de un bombardeo aéreo el 10
de abril del año pasado que puso en riesgo a más de 200 personas.
Las mismas denuncias, al igual que otras contra la Fuerza Pública por
supuesta violación a los principios humanitarios, fueron recogidas por la
ONU en el informe sobre DD.HH. en Colombia el año pasado, en el que le
recomendó al Gobierno hacer las investigaciones e identificar a los
responsables de las presiones contra esa población.
Los habitantes también se quejan por los estrictos controles que les impone
la Policía para el ingreso de personas, víveres y mercancías (no pueden
llevar mercados superiores a 50.000 pesos). Y denuncian que los agentes
sonsacan información a los niños. La Policía negó que esto último sea cierto.
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