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INHABILIDADES: ALERTA ROJA A CONGRESISTAS

Los jueces vuelven otra vez a la escena política y, como en el pasado, lo hacen con anuncios de tormenta: antes de cristalizar, más de una curul en el nuevo Congreso podría fenecer. La razón de ello aducen los jueces está en la Constitución y ésta es nítida y tajante: los senadores y representantes que 12 meses antes de su elección se hubiesen desempeñado como empleados públicos o ejercido como autoridad política, civil o administrativa, están inhabilitados para el ejercicio del cargo.

La misma inhabilidad afecta a gobernadores y parlamentarios si, en el instante de la elección, alguno de sus familiares ejercía como autoridad civil o política del respectivo departamento.

En el caso de los senadores, la inhabilidad se tipifica si el pariente ejercía un cargo con jurisdicción nacional.

El pronunciamiento es de la Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que evacuó así un cuestionario elevado por el ministro de Gobierno, Humberto de La Calle Lombana.

La consulta oficial, hasta ahora objeto de la más absoluta reserva por parte del Consejo de Estado, trascendió ayer en círculos del Palacio de Nariño.

A través de la consulta, la Corporación interpreta el alcance del régimen de inhabilidades que con respecto a gobernadores y congresistas contiene la nueva Carta Política.

El cuestionario oficial exigía precisiones sobre la órbita de aplicación de dos artículos de la Constitución de 1991. Uno permanente, (179) referido al régimen de inhabilidades de los congresistas; y el otro, transitorio (18) señalaba los impedimentos de los gobernadores (ver recuadro).

Con respecto al artículo 179, el Gobierno exigió claridad sobre el alcance del inciso 2do del artículo 179.

La norma prevé: No podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección .

Al efecto, el Consejo de Estado señala que el término de 12 meses para el caso de senadores y representantes y de seis meses para gobernadores es el mínimo que la Constitución consideró conveniente para evitar el ejercicio arbitrario del poder en busca de prevendas electorales. De ahí, señala la sala de Consulta, la necesidad perentoria de acatar la norma. El otro interrogante El otro interrogante del Ministro de Gobierno se refería expresamente al inciso que consagra inhabilidades en razón de cargos ocupados por familiares de los elegidos.

La norma inciso 5to del artículo 179 señala: No podrán ser congresistas quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad (primos, tíos etec), primero de afinidad (suegra, cuñado, etc) o único civil (hijo por adopción, entre otros) con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política .

El Ejecutivo cuestionó: debe entenderse inhabilitado un senador o un representante en caso de que tenga un pariente trabajando en la administracion pública. Así, por ejemplo, en la gerencia de una empresa mixta y comercial del Estado?.

El Consejo de Estado respondió: si se trata de un cargo de elección por circunscripción departamental (representantes) y el familiar es funcionario oficial en el respectivo departamente, se tipifica la inhabilidad.

El impedimiento añade el Consejo no se tipifica si el familiar trabaja en un cargo oficial del nivel nacional, con jurisdicción en todo el país.

La situación es inversamente proporcional respecto de los cargos de circunscripción nacional (senadores). En ese caso, la inhabilidad se tipifica si el familiar del elegido trabaja en un cargo del nivel nacional y ejerce autoridad civil o política en todo el país.

No se configura inhabilidad si el pariente del senador es funcionario de entes departamentales.

En frente del artículo 18 transitorio de la Carta que fija inhabilidades transitorias para ser elegido Gobernador, la Sala de Consulta realiza precisiones equivalentes.

La única variación sustancial tiene que ver con el período de inhabilidad. La Carta estableció que no podían ser gobernadores quienes seis meses antes de la fecha de elección ejercieran cualquier tipo de autoridad civil, política, administrativa o militar.

Cuántos senadores y representantes elegidos ocupaban cargos públicos o ejercían como autoridad civil o política 12 meses antes de las elecciones del 27 de octubre pasado o cuántos están incursos en inhailidad en razon de los cargos ocupados por sus familiares? Es lo que definirán las demandas que soliciten declarar nulidad de elecciones.

Demandas que sólo podrán establecer en el curso de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que senadores y representantes reciban la credencial correspondiente. Las explicaciones Qué se entiende por autoridad civil, política, administrativa o militar? La respuesta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado integrada por los consejeros Humberto Mora Osejo, Jaime Betancur Cuartas, Javier Henao Hidrón y Jaime Paredes Tamayo, entra a hacer las precisiones respectivas así: Los cargos de autoridad política son los que exclusivamente atañen al manejo del Estado como como los de Jefe de Estado, ministros del Despacho, jefe de Departamento, etc.

A su vez, la autoridad administrativa es aquella que ejercen todos los funcionarios de la administración nacional, departamental o municipal e impliquen poder decisorio.

Esto es, los cargos de directores o gerentes de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y los de directores o gerentes de empresas departamentales o municipales; gobernadores, alcaldes, contralores, procuradores, etc.

La investidura de autoridad militar observa a su turno el Consejo de Estado es aquella que define el artículo 216 de la Constitución: La Fuerza Pública estará integrada en forma exclusiva las Fuerzas Militares y la Policía Nacional .

Finalmente y es allí en donde en encontraría el mayor boquete a un amplio régimen de inhabilidades, el Consejo de Estado señala que autoridad civil es en principio toda aquella que se ejerce por fuera de la autoridad militar y que implica poder decisorio.

Es obvio, en concepto del Consejo de Estado, que en un mismo funcionario se pueden concentrar varios niveles de autoridad: política, administrativa y civil, por ejemplo.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
16 de noviembre de 1991
Autor
EDGAR TORRES

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