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EXTRADITABLES ORDENARON EJECUTAR A MARINA MONTOYA

El grupo Los Extraditables admitió ayer, públicamente, haber dispuesto la ejecución de Marina Montoya de Pérez, secuestrada el 19 de septiembre en Bogotá, pero dijo que por razones de clandestinidad no sabe si la orden se hizo efectiva o si la rehén fue liberada. En un nuevo comunicado, la organización, vinculada al Cartel de Medellín, aseguró que la decisión, que afectaba también a otro de sus secuestrados, cuyo nombre no precisó, fue tomada para forzar al Gobierno a escuchar sus denuncias sobre crímenes atribuidos a la Policía.

Allegados a la familia Montoya dijeron que la versión de Los Extraditables los sume en la incertidumbre, ya que carecen de información sobre la suerte corrida por doña Marina.

Según el comunicado, la Policía sabía en qué lugar se encontraba la periodista Diana Turbay, muerta el viernes después de una operación del Cuerpo Elite, pues había obtenido la información mediante torturas a dos hombres retenidos en Medellín a las 8:30 de la mañana del mismo día.

Otro de sus apartes afirma que los hermanos Armando y Ricardo Prisco, presentados inicialmente como muertos durante un enfrentamiento con la fuerza pública, fueron en realidad asesinados en condiciones de impotencia. El primero de ellos, según Los Extraditables, se encontraba inválido como consecuencia de un reciente atentado.

El comunicado, conocido pocas horas después de la expedición del Decreto 303, que amplía los beneficios para los narcotraficantes que se entreguen, anuncia que el grupo respetará la vida de los periodistas que aún continúan en su poder.

Su texto es el siguiente: Los Extraditables al pueblo de Colombia: 1. Que en comunicado del 25 de enero anunciamos la decisión de ejecutar a dos de nuestros rehenes, en represalia a los atropellos que seguía cometiendo la Policía Nacional, tales como torturas, desapariciones y ejecuciones ampliamente denunciados por nosotros, como fueron los casos del 31 de diciembre de 1989 en el edificio Saint Michel y las masacres de Oporto y Gómez Plata.

2. Que la retención de los periodistas, más que a una protesta contra la extradición, obedecía a una defensa de nuestros derechos humanos.

3. Que mientras el Ejército en estricto derecho detiene a nuestros compañeros, la Policía los ejecuta delante de sus familiares.

4. Que el señor Armando Prisco Lopera, asesinado por la Policía Nacional el día 22 de enero en una finca localizada en Rionegro, se encontraba paralítico, como consecuencia de un atentado anterior perpetrado en el mes de diciembre por miembros de la Policía Nacional, quienes abandonaron su cuerpo al creerlo muerto. Prueba de su estado de invalidez pueden darla los médicos del Hospital General que lo atendieron. Su silla de ruedas se apreció claramente en el informativo de Antioquia realizado el día de su ejecución.

5. Que el señor Ricardo Prisco, hermano del anterior, fue asesinado por la Policía delante de sus pequeños hijos y de su esposa embarazada.

6. Que ante esta actitud criminal de la Policía, tantas veces denunciada por nosotros, determinamos ejecutar a dos de los rehenes en un intervalo de ocho días hasta que el Gobierno escuchara nuestras denuncias. La primera orden se impartió contra la señora Marina Montoya, en Bogotá. Por motivos de clandestinidad y de comunicación, no tenemos información a la fecha si la ejecutaron o la liberaron. Si la ejecutaron, no entendemos los motivos por los cuales la Policía aún no ha reportado su cadáver. Si la liberaron, sus familiares tienen la respuesta.

7. Que la Policía es la responsable de la mayoría de los crímenes que suceden en este país y la culpable de la ola de violencia que nos sacude.

8. Que el día 25 de enero de 1991, en circunstancias conocidas, perdió la vida la señora Diana Turbay a manos de la Policía Nacional. Como prueba de ello, resalta a la vista que no fueron muertos los rehenes dentro de la casa donde se les mantenía cautivos. Se les concedió la libertad, ordenándoseles dirigirse a la Autopista Medellín - Bogotá.

9. La Policía Nacional le mintió al pueblo y al Señor Presidente, puesto que ellos tenían pleno conocimiento de la presencia de los rehenes en el lugar de los hechos. La información la obtuvieron mediante torturas producidas a dos de nuestros militantes de nombres José Humberto Vásquez Muñoz, con cédula 71.616.542, de Medellín, quien fue secuestrado el mismo viernes 25 a las 8.30 de la mañana, de su residencia, localizada en la circular 75 # 39B-127 y con teléfono 2437393, y Germán Eduardo Giraldo Agudelo, quien fue secuestrado a las 10 de la mañana de su residencia, localizada en la calle 34B # 87B-34 Almería y con teléfono 2536755, e identificado con cédula 71.642.351 de Medellín, quien fue llevado hasta el lugar de los hechos donde perdió la vida la señora Diana Turbay. Es necesario aclarar que en la zona del operativo murieron tres campesinos inocentes que fueron reportados como sicarios por la Policía. La anterior información puede ser comprobada por la Procuraduría o por los periodistas mediante indagaciones en la región.

10. Que ante numerosos llamados de diferentes personalidades del país, hemos decidido reconsiderar la declaratoria de guerra total y abstenernos de cualquier acción militar por el momento. Respetaremos la vida de los rehenes que aún permanecen en nuestro poder. Los Extraditables, enero 30 de 1991. Marina Montoya, condenada a muerte? Desde febrero de 1990, cuando fracasó el último de dos intentos de diálogo entre el Cartel de Medellín y la administración del Presidente Virgilio Barco Vargas, la familia Montoya quedó en la mira de la organización.

El 16 de diciembre de 1989 Los Extraditables habían secuestrado a Alvaro Diego Montoya, hijo mayor del entonces Secretario General de la Presidencia, German Montoya Vélez.

El cartel pretendía presionar por la vía del secuestro de Alvaro Montoya y otras personalidades de Antioquia entre ellas Patricia Echeverri y su hija, Diana Echeverri, parientes políticas de Barco al Gobierno para que aceptará un diálogo con el Cartel.

El entonces Secretario General de la Presidencia aceptó servir de puente entre voceros del Cartel y el primer mandatario. Incluso, un Consejo de Seguridad debió escuchar algunas exposiciones de los empresarios antioqueños Santiago Londoño y J. Mario Aristizábal.

Los Extraditables creyeron haber obtenido en virtud de los diálogos entre Montoya y los interlocutores del Cartel que el proceso de acuerdo despegara.

Sin embargo, no fue así. Y a la liberación de los rehenes del Cartel entre ellos, el hijo de Germán Montoya el Gobierno recrudeció los operativos antidrogas y reafirmó en Cartagena, durante la cumbre presidencial, su disposición de combatir frontalmente a los traficantes y a sus actividades ilegales.

El Cartel lo entendió como un conejo y desde entonces virtualmente los miembros de la familia Montoya quedaron en la mira.

Amenaza que se concretó, el 10 de septiembre pasado, cuando varios hombres secuestraron en la calle 80 con carrera 11, en el norte de Bogotá, a Marina Montoya de Vélez.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
31 de enero de 1991
Autor
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