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CIERRAN 200 LIGAS DE CONSUMIDORES

Más de 200 ligas municipales y departamentales de consumidores fueron cerradas durante el último año, por falta de plata. Así mismo, la semana pasada fueron suspendidos los servicios de atención al cliente en la sede de la Confederación Colombiana de Consumidores en Bogotá, donde diariamente se atendían más de 1.000 quejas telefónicas, escritas y personales, sobre estafas comerciales, mala calidad de productos, violación a las normas de precios, pesas y medidas e incumplimiento de contratos.

La crisis económica de estas organizaciones privadas comenzó a generarse con la firma de la Constitución de 1991, la cual, paradójicamente, en el artículo 78 consagró los derechos del consumidor, pero en el 355 eliminó los auxilios gubernamentales para todas las organizaciones sociales.

A partir de ese momento, las asociaciones y ligas de consumidores comenzaron a operar con los pocos recursos que les quedaban y con aportes del sector privado, lo que hacía que se perdiera su independencia en la defensa de los consumidores.

Se estima que el año pasado, estas organizaciones intervinieron para que los comerciantes le devolvieran a sus usuarios unos 1.800 millones de pesos, luego de comprobarse que hubo irregularidades en los contratos de compra y venta, por mala calidad, incumplimiento en las entregas de las mercancías y violación a normas de precios pesas y medidas, entre otras causas.

Consumidores, sin defensa privada Los consumidores colombianos se quedaron sin una organización privada que los defienda.

La semana pasada fue cerrada indefinidamente, por falta de recursos, la Confederación Colombiana de Consumidores (CCC) entidad que el año pasado contribuyó para que los usuarios del comercio de Bogotá recuperaran unos 1.800 millones de pesos, por mercancías defectuosas.

Por ahora, no se suspenderá el Boletín del Consumidor que se presenta todos los días en las tres cadenas de la televisión colombiana.

En los últimos años han sido cerradas o están a punto de desaparecer 23 asociaciones departamentales de consumidores. En la actualidad, las únicas organizaciones que continúan operando son las de Antioquia, Caldas, Huila, Valle, Córdoba, Santander y Bogotá, gracias al apoyo de empresarios privados.

Sin auxilios El caos en la defensa del consumidor comenzó en 1991 cuando nació la nueva Constitución. Paradógicamente, el artículo 78 de la Carta Política consagró los derechos del consumidor, pero 277 artículos más adelante, en el 355 se eliminaron los auxilios para todas las organizaciones sociales.

Esta determinación obligó al Gobierno a suspender la asignación presupuestal para la Confederación Colombiana de Consumidores (CCC), la cual ascendía a unos 80 millones de pesos anuales.

Así mismo, la asambleas departamentales, los gobernadores, los concejos municipales y los alcaldes quedaron sin autorización para asignar partidas con destino a las asociaciones de consumidores.

A partir de ese momento, las quejas de las amas de casa sobre irregularidades en el comercio, quedaron con un único receptor: las oficinas municipales de precios pesas y medidas.

Sin embargo, algunas de las asociaciones privadas de defensa del consumidor persistieron en sus funciones, apoyados en la colaboración económica de los comerciantes, los mismos a los que estas pretenden vigilar. De esta manera, se pierde la efectividad en el control.

Las quejas más comunes de los consumidores tienen que ver con precios, menor peso del señalado en el empaque, alteración de básculas, violación de contratos comerciales, defectos en las mercancías, mala calidad, no inclusión de fechas de vencimiento de productos y cobro indebido de propinas, entre otras.

Qué hacía la CCC? Esta organización atendía gratuitamente cerca de 300 reclamos diarios en la capital del país, los cuales se resolvían en menos de 48 horas.

En adelante, esa labor tendrá que ser asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que depende del Ministerio de Desarrollo, y que debe someter cualquier denuncia a cada uno de los pasos jurídicos establecidos por Ley, antes de emitir un fallo, o de proceder a aplicar una sanción a los infractores.

La Confederación Colombiana de Consumidores nació en 1969, lo que indica que este año está cumpliendo las bodas de plata de su fundación. Actualmente, la entidad cumplía funciones de vigilancia sobre 21 aspectos establecidos en el Estatuto del Consumidor, el cual incluye cerca de 100 artículos sobre normas de comercio.

Hasta hace dos años, la Confederación agrupaba 23 asociaciones departamentales de consumidores y 215 ligas municipales. De este total solo quedan siete. El resto fracasaron por culpa de la Constitución.

Hasta su cierre, ordenado hace ocho días por el presidente de la entidad, Ariel Armel, la Confederación tenía una nómina de 17 personas, en Bogotá, las cuales venían trabajando en la prestación de contratos de servicios. Sin embargo, este mecanismo de financiación tampoco dio resultado, debido a que las empresas del Gobierno se demoraban hasta seis meses en pagar una cuenta por cualquier servicio.

Aunque los comerciantes reconocen la labor de las organizaciones de defensa del consumidor, opinan que la liberalización del mercado y la eliminación de los controles de precios por parte del Gobierno, dejó sin validez varias de las funciones que cumplían estas entidades.

Hay que revivir las asociaciones: Armel Ni la toma de las instalaciones de la Dirección Liberal Nacional por parte de la ex precandidata presidencial, Gloria Gaitán, cuando Ariel Armel era secretario de dicho partido, le causó tanta decepción al eterno presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores (CCC).

Armel nunca pensó que los 25 años dedicados a crear organizaciones no gubernamentales en defensa de los consumidores se apagaran por culpa de la Constitución.

Es la primera vez desde 1969, que le toca impartir una orden para que no se sigan controlando los abusos en contra de los consumidores.

Aún así, no pierde la fe. Estamos haciendo esfuerzos para perfeccionar los contratos de prestación de servicios, a fin de que podamos autoabastecernos económicamente .

Armel dice que el nuevo Gobierno debe buscar la forma de revivir las asociaciones departamentales y municipales de consumidores, pues solo de esa manera se garantiza el cumplimiento el artículo 78 de la Constitución de 1991, que consagró los derechos del consumidor.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
25 de julio de 1994
Autor
EDMER TOVAR MARTINEZ

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