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Domingo 26 de febrero de 2017

LEY ANTISECUESTRO ES INEXEQUIBLE

El Procurador solicitó ayer a la Corte Constitucional declarar inexequibles nueve artículos de la Ley Antisecuestro que, a su jucio, son violatorios de principios fundamentales de la Carta. La tesis central de la Procuraduría que la Ley pone en peligro de muerte a los secuestrados, pues ni la víctima ni sus familiares pueden acudir a alternativas diferentes a la norma para buscar una solución al cautiverio.

Por: NULLVALUE

El Procurador General de la Nación (e), Mauricio Echeverry Gutiérrez, solicitó ayer a la Corte Constitucional declarar inexequibles nueve artículos de la Ley Antisecuestro que, a su juicio, son violatorios de principios fundamentales de la Carta de 1991.

El Ministerio Público atacó abiertamente la espina dorsal de la Ley 40 de 1993 o Estatuto Antisecuestro, cuyo objetivo es impedir que las víctimas de plagio o sus familiares puedan transar y pagar para poner fin al cautiverio.

La Procuraduría pidió declarar inexequibles nueve normas del Estatuto y, en particular, aquéllas a través de las cuales la Fiscalía puede congelar las cuentas del secuestrado y sus familiares, y procesar a los bancos o personas que faciliten dinero para el pago de los rescates.

En concepto de la Procuraduría son inconstitucionales; además, los artículos que prohíben la intermediación para obtener la liberación de un secuestrado y los que proscriben la constitución de pólizas como garantía del pago de los rescates de los ciudadanos plagiados.

Para el Procurador (e), la Corte debe además declarar inconstitucionales las sanciones que prevé la ley para castigar a los funcionarios públicos, entidades de crédito y personas particulares que se abstengan de informar a la Fiscalía sobre presuntos bienes de los secuestrados y sus familiares.

En concepto de la Procuraduría, a través de la ley, el Estado simplemente está criminalizando conductas que no son antijurídicas, como el hecho que los familiares de un secuestrado negocien el rescate de un pariente.

Más aún, en su concepto ante la Corte Constitucional, la Procuraduría advierte que el Estatuto Antisecuestro afecta realmente más a las víctimas y parientes del secuestrado, que a los propios secuestradores.

En muchos casos los familiares y allegados de personas secuestradas siguen y seguirán prefiriendo, a pesar de los dictámenes de la Ley Antisecuestro, negociar el pago de los mismos, aun a costa de hacerse acreedores de la sanción del Estado , dice el concepto.

El Procurador (e) sostiene además que con medidas de esta índole, el Estado está etiqueteando como delincuentes a víctimas del secuestro que sólo buscan proteger la integridad de sus parientes .

Cómo va a reaccionar la opinión pública y qué van a hacer el Gobierno y el Estado en general, cuando empiecen a aparecer en la prensa las noticias de las órdenes de captura contra los hijos, las madres, los hermanos y los amigos de los secuestrados, que contrariando las disposiciones de la ley, asuman, por amor a sus seres queridos el costo de una persecución penal? , cuestiona el concepto.

El Ministerio Público sostiene que con sólo 4 o 5 casos en los que familiares de un secuestrado sean arrestados por negociar y proteger la vida de su pariente la conciencia jurídica del país se verá seriamente afectada (...) Ello es una injusticia .

En criterio del procurador Echeverri, el Gobierno no puede, por un equivocado moralismo, obligar a los secuestrados a sacrificar sus vidas, menos aún cuando el Estado no ha sido capaz de garantizar la integridad física de las personas.

La Procuraduría sostiene además que el Estado no puede desconocer que cuando el secuestrado, o sus familiares y allegados pagan, disminuye la amenaza hacia la vida y la libertad de éste. En ese sentido su conducta no puede ser tenida por antijurídica .

Cuando el Estado no está en capacidad de defender a los ciudadanos (...), eso se transforma en el deber de no impedir que ellos asuman su propia defensa , agrega.

Las estadísticas Sin embargo, según la Procuraduría, esa autodefensa no se puede confundir con la conformación de grupos de justicia privada.

Aquí se habla es de autodefensa de naturaleza puntual y excepcional, análoga a aquella que habita en el seno de las figuras ya clásicas, como la de la legítima defensa y la del estado de necesidad, conocidas y aceptadas en la tradición penal liberal .

Por esa razón, dice el concepto, la Ley Antisecuestro atenta contra los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la propiedad del secuestrado.

En cuanto a la eficiencia de la Ley Antisecuestro, la Procuraduría sostiene que estadísticas de la Consejería para la Seguridad Nacional demuestran que la reducción de los índices de secuestro comenzaron a bajar antes que esta norma entrara en vigencia: entre 1991 y 1992, el número de los secuestro disminuyó de 1.408 a 1.155.

Según el Ministerio Público, la Ley Antisecuestro ha producido un efecto más de amedrentamiento entre los familires de las víctimas que sobre las mismas organizaciones criminales.

Ese hecho se refleja en que hoy día los parientes de los plagiados prefieren no denuciar los secuestros y que los estudios indiquen que hayan aumentado los secuestros rápidos y por poco dinero.

Para el Procurador (e), la Ley Antisecuestro atenta contra el principio fundamental que establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares .

De acuerdo con el Jefe del Ministerio Público, una ley no puede limitar la acción de los particulares que intentan mediante el pago de un rescate salvaguardar la integridad de una víctima del secuestro.

De aceptar la tesis de la Procuraduría en este ámbito, por ejemplo, el arquero del Atlético Nacional, René Higuita, no habría cometido ninguna infracción a la ley penal, porque según ha explicado se limitó a actuar como intermediario en la liberación de una niña secuestrada.

Ayer, en el Ministerio de Defensa, el vicefiscal Francisco José Sintura se refirió a ese punto y ratificó que de prosperar el criterio del Ministerio Público, no podría procesarse a René Higuita .

Reacciona País Libre Francisco Santos, presidente de la Fundación País Libre, advirtió ayer que el concepto del Procurador tiene dos fallas protuberantes.

Primero, que dice que la ley (y no hay hasta el momento ninguna información que lo demuestre) es la que está matando a los secuestrados y no los secuestradores lo que a todas luces es un exabrupto inentendible.

Y segundo, que de acuerdo con lo que se conoce hasta ahora al parecer el derecho a la vida no se puede limitar y la posibilidad de defenderla está por encima de todo, incluso de la ley. Entonces, una organización de justicia privada como el MAS (Muerte a Secuestradores) sería legal pues está defendiendo la vida de posibles secuestrados que pueden ser asesinados por sus captores. O un ganadero del Cesar acosado por la guerrilla y que obvio siente su vida amenazada puede perfectamente armar su grupo de justicia privada para defenderse .

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