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BOJAYÁ

Tres años después de la masacre que dejó 120 muertos y un paisaje de zozobra colectiva dibujado por más de 2.500 desplazados, Bojayá sólo puede tener en su inventario de bienes tres nuevas casas construidas y un polideportivo. Persiste la sensación de seguir siendo una comunidad inerme, blanco del conflicto armado. Del conflicto armado, repito, y no del interesado eufemismo que el Gobierno y sus voceros llaman amenaza terrorista .

Tres años después de la masacre que dejó 120 muertos y un paisaje de zozobra colectiva dibujado por más de 2.500 desplazados, Bojayá sólo puede tener en su inventario de bienes tres nuevas casas construidas y un polideportivo. Persiste la sensación de seguir siendo una comunidad inerme, blanco del conflicto armado. Del conflicto armado, repito, y no del interesado eufemismo que el Gobierno y sus voceros llaman amenaza terrorista .

Daba pena y rabia ver las imágenes de estos días y escuchar la queja de sus habitantes. Nada de lo prometido ha sido cumplido, exceptuando quizá la presencia relativa de la fuerza pública en una localidad que, tres años atrás, pudo haber sido protegida por las fuerzas armadas del Estado. Las soluciones, escritas en el papel, siguen enredadas. Mientras tanto, el senador uribista Manuel Ramiro Velásquez, por ejemplo, deshace su mollera pensando si las alertas tempranas -que vuelven a escucharse en Bojayá- sirven a la legitimidad del Gobierno o a los propósitos de la guerrilla.

Dónde está el nuevo asentamiento de población prometido? Dónde la reparación al tremendo, incalculable daño causado por la monstruosa acción de la guerrilla? La solidaridad nacional e internacional no ha bastado. En medio del fuego cruzado de guerrilla y paramilitares, tan vivo hoy como antes de la tragedia, Bojayá no puede dormir en paz. El dominio territorial que buscan los actores del conflicto convierte a esta población y a las poblaciones vecinas en presa fácil de nuevos crímenes de lesa humanidad.

No se trata solamente de disputas por territorios de guerra sino de disputas por el dominio de tierras productivas, como lo acaba de señalar la Defensoría del Pueblo. De palma de aceite o de ganadería, hecho que no debe ignorar el Gobierno, tratándose, sobre todo, de un episodio que llenó de estupor a la comunidad internacional. De estupor y de solidaridad expresada en la ayuda humanitaria, importante pero insuficiente.

Afrocolombianos e indígenas, población mayoritaria de la zona, viven entre la esperanza de ver cumplida la reparación prometida y el temor de volver a ser víctimas. Poco o nada debe decirles a los colombianos de Bojayá la pomposidad del término seguridad democrática .

Nunca conocieron seguridad ni democracia. Siempre fueron habitantes de una periferia excluida, ciudadanos de tercera que sólo empezaron a ser visibles después de la masacre. Lo que la guerra ha vuelto visible es aquello que existía a la sombra de las peores injusticias y exclusiones. Como en toda la extensa franja del Pacífico, no ha sido el Estado el autor del nuevo trazado de fronteras visibles. Las nuevas fronteras han sido trazadas por la guerra y esta ha tenido de mirón y de lejitos a la fuerza pública, la ausente en el Bojayá del 2002.

Quiénes trazan las fronteras reales -no las cartografiadas oficialmente- entre La Guajira y el Golfo de Urabá? Quién traza las que van de Tumaco a la frontera con Panamá, pasando por la criminalizada Buenaventura? El trazado impuesto por la guerra empuja el desplazamiento de nacionales desde las fronteras rurales hacia las fronteras urbanas. Expatria.

Puede hablarse entonces de la integridad de un territorio nacional que expulsa por ahora a más de tres millones de nacionales? Hoy, Bojayá figura en dos mapas: en el de la ignominia terrorista del 2002 y en el de la negligencia gubernamental del 2005.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
5 de mayo de 2005
Autor
OSCAR COLLLAZOS

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