Nos secuestraron el parque es la consigna que gritan airadamente los residentes del barrio Carlos E. Restrepo, frente al terreno que fue hasta hace dos años una de las zonas verdes públicas del sector, a un lado de la congestionada calle Colombia, y donde la constructora Sevilla pretendía levantar dos torres con 188 apartamentos.

"Nos secuestraron el parque" es la consigna que gritan airadamente los residentes del barrio Carlos E. Restrepo, frente al terreno que fue hasta hace dos años una de las zonas verdes públicas del sector, a un lado de la congestionada calle Colombia, y donde la constructora Sevilla pretendía levantar dos torres con 188 apartamentos.

La protesta se repite todos los viernes desde hace tres semanas alrededor del terreno de 2.800 metros cuadrados localizado en la calle Colombia con carrera 64 A, que desde hace aproximadamente año y medio está cercado con plástico verde, que no alcanza a tapar la maleza que ya tiene hasta dos metros de altura.

Ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, los residentes del barrio interpusieron hace 20 meses una acción popular en contra de Planeación Municipal y la Curaduría Segunda, por haber autorizado en 2003 la construcción del complejo residencial en un espacio público. El fallo debe ser dado por la magistrada María Patricia Ariza.

El problema con este terreno, que según la comunidad no puede ser construido, radica en que fue comprado por la constructora Sevilla, sin tener en cuenta que tenía carácter de espacio público desde 1978. (Ver recuadro).

Permiso ambiental.

Meses después de presentar la acción popular, la empresa constructora fue vinculada al proceso. Como Constructora Sevilla ya había solicitado permiso ambiental para la poda, tala y traslado de 56 árboles, ante el Area Metropolitana, esta entidad lo condicionó a la decisión del alto tribunal, lo que frenó las obras.

Ahora el proceso de acción popular está en etapa probatoria y a la espera de un concepto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, solicitado hace ocho meses, sobre el impacto urbanístico que podría tener un edificio allí.

"Hemos tenido problemas en la consecución de información y esperamos que la Magistrada autorice 2,3 millones de pesos para gastos en unas simulaciones tridimensionales, pero no nos ha contestado", justifica Aurelio Arango, quien coordina a los peritos que adelantan el estudio.

Al retraso se suma la alta congestión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, que sigue la causa legal y donde se manejan cerca de 2.100 procesos judiciales.

Mientras tanto, el cerramiento del que fuera un parque por 25 años ha generado problemas para el vecindario.

Gilberto Pulgarín, ventero aledaño al lote, afirma que se ven muchos viciosos alrededor de la cerca, gamines en los bajos del puente peatonal y más vendedores ambulantes apostados en un costado del predio.

Por su parte, Maruja Sánchez, quien vive a todo el frente del lote desde hace 25 años, prefirió dejar de dar sus paseos cotidianos por temor a los atracos de los que han sido víctimas varios de sus vecinos.

"Me da mucho guayabo -agrega la residente- porque el parque al menos era un alivio ante la congestión y contaminación de los carros... ahora se volvió un rastrojo donde ya no hay ni pájaros, salen ratas y es un orinal para gamines".

Por ese tipo de problemas, el pasado 17 de diciembre de 2004, los demandantes solicitaron a la Magistrada que mientras se define el litigio alguien pueda hacer mantenimiento al terreno y retirar el cerramiento, pero no ha habido respuesta.

Al ser consultado sobre este particular, el ingeniero Germán Berrío de Constructora Sevilla, dijo que al menos por su parte no hay ninguna posibilidad de retirar la banda plástica que cerca el terreno.

"Eso no es un parque, es un lote que tiene una matrícula inmobiliaria y nosotros la estamos haciendo respetar", concluyó tajantemente Berrío.

Planeación se pronuncia.

Desde que se detectó cuál era el problema legal con el lote, la comunidad de Carlos E. Restrepo, viene sugiriendo que Planeación Municipal, mediante una resolución que apruebe el Concejo, declare el terreno como bien de uso público e interés general.

Frente a la propuesta, el director de Planeación Municipal, Federico Restrepo, aclaró que la Alcaldía tiene toda la voluntad política para que el predio retome su uso público."Una resolución de esa naturaleza, sin que haya un fallo del tribunal, nos parece que sería meternos en contravía del debido proceso".

En el caso de que la sentencia sea en contra del deseo de los residentes para que el lote siga siendo parque, "tenemos unos recursos asegurados para entrar a negociar con la constructora, es probable que la comunidad aporte algunos recursos (vía valorización)... preferimos no ensillar sin tener la bestia", afirma Restrepo.

Y mientras el alto tribunal se pronuncia, los residentes ya ven con preocupación que otro complejo habitacional se empezará a construir al lado del terreno en litigio (ver recuadro). Por eso será instalada una valla junto a la obra donde se lee "Construir no solo vivienda, es construir ciudad".

ENTRE PUBLICO Y PRIVADO.

El predio fue comprado en 1978 por el entonces Instituto de Crédito Territorial (ICT) que demolió las casas que había allí. La Junta Municipal de Planeación y Servicios Públicos decidió destinarlo al uso público como quedó refrendado en el decreto 729 de ese año.

Sin embargo, después el lote lo entregó el ICT en forma de pago al Banco Central Hipotecario (BCH) que intentó urbanizarlo, idea que siempre recibió la negativa de la oficina de Planeación por ser un espacio de uso público.

En 1999, cuando fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial, la ficha normativa del sector presentó errores y el parque apareció como área de construcción.

El terreno estaba en manos de la Central de Inversiones S.A. (CISA), liquidadora del BCH, y firmó promesa de compraventa con Constructora Sevilla, que pagó el 10 por ciento de los 880 millones totales. Las obras se iniciaron con licencia de construcción aprobada por la Curaduría Segunda. Tras la presentación de la acción popular el 17 de septiembre de 2003, se creó una mesa de concertación entre la comunidad, varias entidades del municipio, el Area Metropolitana y Constructora Sevilla, que trató de llegar a un acuerdo. La mesa se rompió en marzo de 2004, cuando la constructora pagó la totalidad del predio.

DEMOLIERON LOS RECUERDOS.

Donde era el tradicional restaurante Los Recuerdos, ahora solo hay ruinas. En el terreno la empresa constructora Promotora la 31 S.A. planea construir 114 apartamentos con un área entre los 47 y 64 metros cuadrados en una torre de 20 pisos y cinco locales comerciales.

En la Curaduría Primera aparece con el radicado 782 del 29 de marzo de 2005 la solicitud de licencia de construcción, que aún no está en firme porque se espera el permiso de la Aeronáutica Civil, debido a la altura del inmueble en área de influencia de las actividades aéreas del aeropuerto Olaya Herrera.

"Tememos que con esta obra se densifique más el sector y ya hay un alto déficit de parqueaderos, cerca de 500, y no habría suficientes espacios públicos para todas las personas que lleguen a vivir a este edificio", comenta el presidente de la Junta de Acción Comunal de Carlos E. Restrepo, Juan Carlos Posada.