Pocas cosas producen tanto malestar, como examinar, mes a mes, los considerables rendimientos de la banca y, en general, el sistema financiero. Utilidades anuales de 2.9 billones después de impuestos, distribuidas entre cerca de 50 establecimientos, no son cifras menores. Es claro que el sector financiero administra altos niveles de inversión y de riesgos, y a cambio obtiene una de las mayores tasas de retorno de capital en Colombia.

Pocas cosas producen tanto malestar, como examinar, mes a mes, los considerables rendimientos de la banca y, en general, el sistema financiero. Utilidades anuales de 2.9 billones después de impuestos, distribuidas entre cerca de 50 establecimientos, no son cifras menores. Es claro que el sector financiero administra altos niveles de inversión y de riesgos, y a cambio obtiene una de las mayores tasas de retorno de capital en Colombia.

Si bien apalancar el desarrollo requiere de un sector financiero sólido y sostenible, no es conveniente que su formidable negocio sea, en buena medida, producto de la tolerancia estatal que permite el cobro de unos servicios caros y el usufructo de unos márgenes de intermediación exorbitantes en la prestación de un servicio público básico.

Los negocios deben generar rendimientos suficientes para sufragar los costos, compensar la administración de los riesgos y rentar el capital, pero en una economía sana la intermediación financiera no debe ser el mejor negocio, o se convierte en una actividad lesiva a la productividad, que contrae el sector real, desestimula el trabajo y niega posibilidades de crecimiento equitativo.

Si bien el Estado debe ser respetuoso del mercado, de la iniciativa privada y de la libertad de asociación empresarial, no puede ignorar o tolerar prácticas abusivas que envilecen la economía. El mercado financiero en Colombia desde hace mucho tiempo está desbordado. Pero el Estado no lo reconoce. Los gobiernos, por temor a mostrarse intervencionistas, esperan y esperan... y terminan siendo complacientes con los abusos. Esta permisividad ha ido acostumbrando al usuario a la indefensión y a la resignación.

Es obligación perentoria de los Estados intervenir los mercados cuando los precios no son el resultado de la libre interacción de la oferta y la demanda. Es inequívoco que en el mercado financiero colombiano la oferta tiene una posición articulada y dominante, que le permite colocar todas las condiciones mientras que la demanda está sometida a acogerlas sin opciones ni alternativas.

Los servicios bancarios están regidos por normas positivas que se remontan a 1918, y que en teoría se fundamentan en una ecuación que privilegia la equidad y equilibra la confianza de usuarios y entidades depositarias de la fe pública. Pero en la práctica, la relación es desigual. Los servicios que se prestan, en la mayoría de los casos, están reglados por "contratos por adhesión", o sea por convenciones legales, en que una de las partes coloca todas las condiciones y la otra, si acoge el contrato, debe allanarse a cumplirlas.

Por solemnidad contractual, la utilización de los establecimientos bancarios es imperativa. Si las empresas quieren dar formalidad a sus actos mercantiles, tácitamente están obligadas a usarlos. Este desequilibrio contractual es consuetudinario y universal, pero se torna antipático cuando el que impone todas las condiciones se muestra ineficiente y prepotente frente al cliente que lo favorece con su confianza. Con todo, esta condición asimétrica se ve compensada si el usuario recibe servicios eficientes, competitivos y, sobre todo, buen trato.

Pero las quejas de los usuarios son inefables. Las respuestas, en ocasiones, causan hilaridad y son un formalismo ocioso. La Superintendencia Bancaria recibe incontables reclamaciones, pero poco o nada logra en favor de un mejoramiento del servicio. Esta situación provoca justa animosidad, deserción de usuarios y, lo más grave, el crecimiento mimetizado y en la sombra de un sistema financiero paralelo que peligrosamente bordea las normas que penalizan la usura y que prohíben la captación masiva.

* Abogado consultor y profesor universitario.