JUSTICIA POR MANO PROPIA

JUSTICIA POR MANO PROPIA

Una multitud enardecida atacó hace tres semanas a tres oficiales de policía en San Juan Ixtayopan -un suburbio de Ciudad de México-, casi los mató a golpes y luego quemó vivos a dos de ellos mientras miles de personas veían las imágenes que transmitía en directo la televisión nacional.

19 de diciembre de 2004, 05:00 am

La matanza de los policías tampoco fue un episodio aislado. La justicia por propia mano se ha extendido en América Latina en el curso de los últimos diez años, lo que hace pensar a algunos que la región está en el umbral de una crisis democrática.

Desde Venezuela y Guatemala a Bolivia y Perú, multitudes enfurecidas toman la ley en sus manos cada vez con mayor frecuencia y castigan crímenes reales e imaginarios. A menudo linchan a delincuentes comunes que, en su opinión, escaparon a la justicia.

En los últimos tiempos empezaron a atacar a funcionarios públicos sospechosos de irregularidades. Una multitud de la ciudad peruana de Ilave golpeó en mayo a su alcalde luego de acusarlo de malversación, tras lo cual lo arrastró a una plaza pública donde lo dejó morir.

El linchamiento está fuera de control por completo , señala Mark Ungar, especialista en reformas de políticas latinoamericanas de la Escuela Internacional para Académicos Woodrow Wilson de Washington. Se extiende en el sentido de que los vigilantes atacan a delincuentes, funcionarios y hasta gobiernos, y una vez que eso empieza es difícil detenerlo.

La justicia por mano propia tiene una larga historia en América Latina, y se remonta a la época colonial. Las primeras víctimas fueron indios y esclavos que violaban el orden social, la propiedad o el honor de sus amos del Nuevo Mundo. La coerción social y la humillación pública eran antiguos modos de castigo de las comunidades indígenas en el caso de los miembros de la comunidad que violaban las costumbres.

Más recientemente, sin embargo, el estancamiento económico, la corrupción y la creciente insatisfacción con la democracia llevan a la región por una senda más peligrosa. La Misión de la ONU en Guatemala documentó 482 linchamientos entre 1996 -- al terminar la guerra civil -- y 2002. Casi todos tuvieron lugar en regiones rurales y de bajo índice de delincuencia, y comprendieron la quema pública o el ahorcamiento de ladrones o narcotraficantes. En Bolivia hay un alarmante aumento de la justicia por mano propia, que se concentra en la región del Altiplano.

Los especialistas coinciden en que los vigilantes no sólo llenan un vacío en el campo de la ley y el orden producto de un trabajo policial pobre o inexistente.

El fenómeno es más complejo. Las tierras altas del oeste de Guatemala, donde tienen lugar muchos episodios de linchamiento, no son una zona que tenga un elevado índice de delincuencia. La justicia por mano propia suele prevalecer en los lugares donde la gente perdió la fe en sus instituciones cívicas. Ya no confía en que la policía ni los funcionarios judiciales cumplan con su deber ni se preocupen por aquéllos a los que deben proteger.

De hecho, la policía corrupta es parte del problema. El grupo de protección de un vecindario le dijo hace poco a Ungar que con frecuencia sacaban a personas de sus casas y los golpeaban , a menudo mientras la policía local observaba. Los oficiales locales permitieron que sucediera , declara Ungar.

Los analistas señalan que muchos casos de justicia por mano propia son intentos desesperados de grupos carentes de derechos de afirmar una incipiente voluntad política. En un caso que documentó la socióloga Angelina Godoy Snodgrass, de la Universidad de Washington, miles de personas se concentraron en una granja de la zona rural de Guatemala en octubre de 2001 para presenciar cómo se ahorcaba y quemaba a tres hombres sospechosos de haber robado fertilizante y dulces.

En un reciente artículo, Snodgrass destaca que el proceso fue evidentemente premeditado (...) se habían constituido comisiones de seguridad (comunitarias) para manejar el delito. Si no se aborda el tema de la justicia por propia mano, afirman los especialistas, el problema podría derivar en algo aún más siniestro: en zonas del territorio latinoamericano controladas por turbas y grupos mafiosos.