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EL CASO DE LOS 19 COMERCIANTES

Durante más de una década, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha representado ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos a víctimas de violaciones de derechos humanos -empresarios, generales, periodistas, políticos, indígenas, familiares de desaparecidos, torturados, entre otros- en más de 250 casos en 26 países del continente. El litigio internacional de estos casos significa una esperanza de justicia para quienes no la han obtenido en sus países.

La Corte Interamericana es el máximo tribunal internacional de derechos humanos en las Américas, cuyas facultades emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es ley en 25 países, incluido Colombia. Esta Corte tiene sus propias reglas, diferentes a las del derecho interno, y busca determinar la responsabilidad estatal y no la responsabilidad penal de individuos.

Según un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y a sus familiares. En cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Guatemala y Perú han construido monumentos y escuelas, pagado indemnizaciones, reconocido públicamente la responsabilidad estatal por violaciones masivas de derechos humanos y pedido perdón a las víctimas y a sus familiares.

Cejil, en colaboración con la Comisión Colombiana de Juristas, llevó el caso de la desaparición colectiva y masacre de diecinueve comerciantes del Magdalena Medio ante la Corte Interamericana en el 2000. Han pasado 17 largos años desde aquella brutal masacre. Sin embargo, el tiempo no pasó para los familiares de las diecinueve víctimas. Motivados por un justo anhelo de verdad, justicia y reparación, lograron que un tribunal internacional sea el artífice de un capítulo, sin duda, trascendental para la historia de Colombia.

En esta histórica sentencia, la Corte basó su decisión en las abundantes pruebas testimoniales, periciales y documentales, entre ellas, los 60.000 folios de la investigación penal interna. Su simple lectura permite observar que la prueba reina fueron las propias conclusiones de la justicia colombiana, las cuales revelaron la participación de autoridades estatales en esta masacre. Si queda duda de la responsabilidad estatal en este caso, basta acceder a las confesiones de los paramilitares que describen cómo fue concebido el macabro plan de desaparecer y asesinar a los diecinueve comerciantes, con la colaboración de agentes del Estado. Pese a esta prueba y al tiempo transcurrido, sólo paramilitares de bajo rango han sido condenados y encarcelados por los hechos.

Durante ocho años de litigio internacional, el Estado gozó de pleno derecho a la defensa y tuvo la oportunidad de presentar argumentos, pruebas, testigos y peritos. El Estado encargó su defensa ante la Corte al Ministerio de Defensa. En su decisión, la Corte dijo que el Estado de Colombia impulsó la creación de tales grupos de autodefensa entre la población civil . En otras palabras, afirmó lo que ya antes habían dicho las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la propia justicia colombiana en anteriores decisiones. Igualmente, el vocero de los paramilitares reconoció la estrecha vinculación de estos grupos con el Estado: Las armas que nos llegaron venían con el sello del Estado y (...) les va a tocar a ellos (al Estado) ver qué hacen con el hijo de Herman Monster que crearon (EL TIEMPO, 15 de mayo del 2004).

El caso de los diecinueve comerciantes, en efecto, es el primero de una serie en trámite que resuelve la Corte Interamericana, relacionados con los vínculos entre el Estado y los paramilitares. Será esta la oportunidad para que el Estado colombiano diseñe una política de reparación integral de quienes no han obtenido justicia en el país, si es que quiere evitar más pronunciamientos en este sentido.

* Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
3 de septiembre de 2004
Autor
VIVIANA KRSTICEVIC *

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