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ESTADOS UNIDOS APORTARÁ 3,25 MILLONES DE DÓLARES

El Congreso de Estados Unidos autorizó el desembolso de 3,25 millones de dólares para financiar iniciativas de paz y procesos de desmovilización y reintegración en Colombia, pero no sin antes expresar sus reservas ante el desarrollo de las actuales negociaciones con los grupos paramilitares e imponer algunas condiciones previas al uso de tales recursos.

SERGIO GOMEZ MASERI Corresponsal de EL TIEMPOdiciembre 14 de 2004, 12:00 A.M.

Así consta en la ley para las Operaciones Extranjeras de E.U. en el año 2005 que firmó el presidente George W. Bush, el viernes pasado.

Los fondos en cuestión serán manejados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que sin embargo deberá consultar y notificar a los debidos comités legislativos sobre los proyectos que pretende financiar.

Sin bien la ley no establece límites específicos sí hace notar que el apoyo a grupos que E.U. considera terroristas, como el caso de los paramilitares, está prohibido por la legislación. En otras palabras, el apoyo de E.U. al proceso con los paras sería indirecto y muy en la línea de lo que hizo a lo largo del 2004.

A la fecha, E.U. ha invertido cerca de un millón de dólares respaldando la misión de verificación de la OEA (Mapp-OEA) y otros programas como la reintegración a la sociedad de niños soldados.

Un espaldarazo más directo de E.U. depende de un concepto del Departamento de Justicia, que debe salir en los próximos días, en el que se evaluará si apoyar a terroristas desmovilizados contradice las leyes del país.

En lo que si fue contundente el Congreso fue en determinar que, de ahora en adelante, el apoyo de E.U. a la Mapp-OEA, estará condicionado.

Los administradores piden que, antes de entregar fondos adicionales a la OEA para este propósito, el Secretario de Estado debe reportar a los comités: que la Misión se dedica exclusivamente a su rol de verificación; que los terroristas estén concentrados en zonas de desmovilización; que exista un marco legal en Colombia, que prevea sanciones para aquellos que hayan violado los DD.HH. o sean responsables de narcotráfico, y que la Comisión Interamericana para los DD.HH. de la OEA esté asesorando a la Misión , dice el reporte del Congreso.

En la misma ley, el Congreso expresa su preocupación porque a su juicio el proceso de desmovilización se está adelantando sin las debidas garantías para asegurar el desmantelamiento de los terroristas y para evitar que tales grupos reactiven sus actividades ilegales o para que se castigue a los violadores de los DD.HH. involucrados en narcotráfico .

De hecho, le recomiendan a la administración no solicitar nuevos recursos para el año fiscal 2006, salvo que esté dispuesto a cumplir con una serie de estrictas condiciones, siempre y cuando sea un apoyo limitado y que se adhiera a las leyes antiterroristas del país.

Entre las condiciones, a parte de la ya mencionada sobre la existencia de marco legal creíble, exigen que los terroristas respeten el cese del fuego, el gobierno colombiano no haya tomado medidas para impedir la extradición de quienes son requeridos por la justicia de E.U. y que se esté desmantelando efectivamente a los grupos y sus estructuras financieras.

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SERGIO GOMEZ MASERI Corresponsal de EL TIEMPOdiciembre 14 de 2004, 12:00 A.M.