Siempre me llamó la atención la legislación del Uruguay sobre hidrocarburos. Nunca hubo una sola gota de petróleo en la República Oriental, pero, precisamente, para atraer el mayor número de inversionistas extranjeros en busca del oro negro, las disposiciones sobre exploración y explotación del preciado combustible eran las más generosas del Continente y, posiblemente, del mundo. A mayores probabilidades de producción, más rigurosos los requisitos por parte del Estado e, inversamente, cuando no hay sino muy remotas expectativas, son muy poco exigentes los requisitos para negociar con el Estado. Prácticamente inexistentes.

Siempre me llamó la atención la legislación del Uruguay sobre hidrocarburos. Nunca hubo una sola gota de petróleo en la República Oriental, pero, precisamente, para atraer el mayor número de inversionistas extranjeros en busca del oro negro, las disposiciones sobre exploración y explotación del preciado combustible eran las más generosas del Continente y, posiblemente, del mundo. A mayores probabilidades de producción, más rigurosos los requisitos por parte del Estado e, inversamente, cuando no hay sino muy remotas expectativas, son muy poco exigentes los requisitos para negociar con el Estado. Prácticamente inexistentes.

Colombia está a medio camino entre estos dos extremos. Yo diría que, con las últimas disposiciones sobre la materia, vamos a poder definir, de una vez por todas, si Colombia es un país petrolero o no. Ya habíamos adoptado este camino cuando, bajo el gobierno anterior, se hicieron modificaciones considerables en el régimen de asociación, como había sido concebido en 1975 y modificado desfavorablemente en los años siguientes.

El mismo autor de estas líneas, hace algunos meses, propuso regresar al régimen de concesiones, o sea, el arrendamiento de territorios con perspectivas, a costa de los concesionarios que, en caso de tener éxito, tendrían el derecho a una importante regalía que, calculada conjuntamente con los impuestos indirectos, arrojara una utilidad verdaderamente competitiva frente a países con mayores probabilidades, como Venezuela y México.

Inclusive, citaba la llamadade retornoentre estos tres países y la demostración de que Colombia, siendo el país que contaba con menos probabilidades, era el que tenía la más baja tasa de retorno, codiciosa al concesionario. Así tenemos que, cuando la de México es del 25 por ciento y la de Venezuela del 17, la de Colombia es del 7 por ciento.

La política del actual gobierno, atendiendo consideraciones semejantes, aspira a atraer capitales con el aliciente indudable de garantizarles una completa autonomía en casi todos los aspectos del modelo de contrato vigente, llegando hasta el extremo de garantizar una prórroga automática de los contratos exitosos, a condición de mejorar, así sea moderadamente, la participación del Estado. Algo parecido se hizo con el gas de La Guajira, cuando, con base en un precio excesivamente bajo, se consideró como una mejora, acreedora a la extensión del contrato, un modesto porcentaje de crecimiento de la regalía.

En reciente escrito poníamos de presente de qué manera el restablecimiento de la confianza pública, conocida comodemocráticaestaba influyendo decisivamente en la reactivación de la minería en Colombia. Durante el gobierno anterior, si bien es cierto que se celebraban multitud de contratos con compañías que se calificaban dela verdad era que, al cabo de pocas semanas, o de meses, en vista de que no podían venderlos a las grandes compañías, se renunciaba a tales concesiones. Sin embargo, en el último semestre del 2003 tuvo ocurrencia el fenómeno inverso, cuando lejos de reducirse el número de contratos, por el contrario, hicieron su aparición nuevos contratistas, ya más importantes, que compensaron las pérdidas resultantes de las renuncias del primer semestre.

No se habían producido, todavía, las reformas que transformaron por completo a Ecopetrol, cuando ya, en el medio internacional, se tenía conocimiento de un nuevo clima para la inversión en Colombia, y cómo, dentro de la escasez de nuevos yacimientos, ya generalizada en el mundo, nuestro país se contaba entre los pocos en los cuales se justificaba una intensa exploración para verificar si, como lo afirmaban algunos geólogos, nuestro territorio mostraba signos alentadores en la plataforma marítima y en el pie del monte llanero.

De esta suerte, con la reforma de Ecopetrol, comenzó a regresar la inversión extranjera en busca de nuevas perspectivas de autoabastecimiento y de exportación. Corporaciones tan importantes como la Royal, Dutch, Shell, que llevaban años sin contratar en Colombia, se interesaron, aunque tardíamente, en algunas perspectivas submarinas, como las que son objeto de oferta en el Océano Atlántico, entre La Guajira y a lo largo de la costa del departamento de Bolívar.

Todo esto dentro del nuevo esquema consistente en separar las tareas de contratación y administración de los yacimientos comerciales de aquellas áreas en período de exploración que, de suyo, venían siendo descuidadas en materia de sísmica, al punto de que Ecopetrol renunciaba, prácticamente, a desarrollar una etapa tan importante en la industria como es la sísmica.

En adelante, la actividad se concentró tanto en pequeños pozos, o medianos, simultáneamente con la remota perspectiva de encontrar nuevos yacimientos de dimensiones comparables al de Caño Limón y a los de Cusiana y Cupiagua que, en cierto modo, han sido tan excepcionales como los de la Concesión de Mares o la propia Concesión Barco, en menor escala.

En términos generales es posible que, si no se encuentra petróleo, o su calidad no es satisfactoria, Colombia los sustituya comercialmente con el gas natural que, sin duda alguna, constituye una de nuestras riquezas naturales inexplotadas hasta ahora, como se demostró en Chuchupa y Ballena, en La Guajira, que alimenta la esperanza de que dicha formación geológica se extienda hacia el oriente, e, inclusive, parecería explicar la frustrada tentativa de Nicaragua de atraer capital internacional en las proximidades de los cayos del archipiélago de San Andrés, en donde, hasta hace pocos años, eran tan costosas la exploración y la explotación, que los entendidos negaban su comercialidad.

Hoy en día, con las nuevas metodologías a que el déficit del petróleo viene obligando a los países industrializados, se han reducido sustancialmente estos costos, hasta conseguir que sea rentable el gas procedente de los fondos marinos. Ya se han dado pasos para hacer una realidad el antiguo proyecto de asociación con Venezuela, para exportar, conjuntamente, ese combustible hacia Panamá, Centroamérica y los Estados Unidos. No es, como lo creen algunos, un nuevo plan de cooperación andina. Lo novedoso es que el gobierno de Chávez haya acogido una idea, en contra de la cual militaban consideraciones de orden político.

Y una última observación, que confío en que no sea considerada como traída de los cabellos. Me refiero a la similitud entre la reforma tan radical que se ha llevado a cabo en Ecopetrol y la viabilidad del régimen parlamentario que algunos hemos propuesto, en lugar de la reelección presidencial. En efecto, las reformas sobre el régimen de contratación en Ecopetrol no hubieran podido coronarse, con la relativa facilidad con que lo fueron, si no hubiera habido un cambio a fondo del escenario, gracias a la reforma de la institución misma y, en lugar de uncomo el que se produjo, la política se hubiera reducido a mantener el mismo personal que, pese a su competencia profesional, no hubiera enfrentado un viraje fundamental.

Es lo que, a mi entender, puede ocurrir con la reelección, o la prórroga del período del presidente Uribe, si no se acude a un nuevo escenario, como sería el régimen parlamentario, en el cual el propio Uribe, gracias a sus atributos reconocidos, fungiera como Primer Ministro, en un ambiente ajeno a la rutina tradicional, que genera la aburrición de la audiencia o, como suelen decir los franceses para referirse a lo ya gastado:déjá vu.