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FIESTA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES DE COLOMBIA

Por todos los puntos de Colombia hay fiestas populares este fin de semana. En el Huila, Córdoba, Quindió y Boyacá, la orden para el puente es divertirse. Lo motivos sobran: religiosos (San Pedro y San Juan), naturales (café y feijoa), musicales (porro) o simplemente de baile (bambuco). Pero el fin es el mismo: pasar tres días con mucha alegría.

Claro que en la mayoría de las festividades, la belleza y simpatía de la mujer ocupa un lugar especial. La prueba es que en casi todos hay reinados. En Neiva se celebra el Reinado del Bambuco, una de las fiestas más tradicionales y populares del país.

Para estas fechas, los hoteles de la ciudad quedan completamente copados.

En la misma región huilense andan de rumba Pitalito y La Plata, que disfrutan de las fiestas de San Pedro y San Juan, mientras que en Garzón se festeja el Reinado de la Alegría.

Por los lados del Eje cafetero, en Calarcá (Quindío), quien manda es la chapolera durante los días que dura el Reinado del Café, con record de participantes este año.

Al norte, en San Pelayo, la alegría corre por cuenta del porro, que mueve a todo el departamento con su ritmo cadencioso.

Al centro, en Boyacá, se realiza el Festival de la Feijoa. Lugar: Tibasosa, el pueblo más bonito de Boyacá.

Este es el segundo puente seguido, lleno de festejos a lo largo del país. Un fallo salva al río Guaitiquía Un fallo judicial detuvo la muerte progresiva de dos ríos en el oriente colombiano y, sin proponérselo, sumió a Villavicencio en una emergencia sanitaria.

La ciudad no tiene dónde depositar hoy las 150 toneladas de basura que diariamente producen sus habitantes y que eran vertidas, sin piedad con la naturaleza, en los lechos de los ríos Guaitiquía y Ocoa.

La providencia del Juzgado Tercero Penal Municipal, motivada por una acción de tutela, fue respaldada por la Corte Constitucional. Su intención, como la presenta el propio despacho, es liberar de las garras de la depredación a dos importantes afluentes vitales para los Llanos Orientales y defender la calidad de vida de unas 800.000 personas que habitan en sus riberas.

Como el municipio perdió súbitamente su basurero público, el nuevo alcalde de Villavicencio, Ramón Morales Torres tuvo que decretar la emergencia sanitaria.

El cuadro es calamitoso: las calles y plazas de mercado de la ciudad están inundadas de desechos. Empleados de las Empresas Públicas que diariamente hacían 24 viajes en nueve camiones recolectores hasta las márgenes del Guatiquía para arrojar las basuras y negociar los sobrantes con los recicladores, no recogen sus cargas hace ocho días.

La Administración municipal enfrenta, por la misma causa, un proceso penal por auspiciar un crimen ecológico y una acción popular que le podría acarrear el pago de fuertes indemnizaciones. Acciones judiciales El tinglado judicial para rescatar al Guatiquía y al Ocoa y a sus caños circundantes fue montado por la Procuraduría en diciembre del año pasado.

Con base en una queja presentada por el ciudadano Jairo Miranda, inspector honorario del medio ambiente, el Ministerio Público nutrió un expediente para ilustrar a los jueces competentes para resolver las tres acciones.

El demandante tomó fotos y produjo un video con las escenas que se vivían a diario en Las Brisas del Guatiquía y Las Delicias, sectores ribereños de invasión.

Comisionados del organismo de control y funcionarios que intervinieron en inspecciones judiciales comprobaron que doscientas familias, habitantes de casuchas de madera y retal, vivían del reciclaje y reventa de desechos y debían plegarse, en este comercio de miseria, a las condiciones impuestas por trabajadores de las Empresas Públicas.

El municipio no se defendió ni respondió cargos que comprometían la responsabilidad: en 1989, cuando la manipulación de las basuras produjo una situación endémica entre la población infantil del sector, la Jefatura Operativa de la entidad ofreció pavimentar la zona de Las Delicias e instalar gaviones y servicios públicos a cambio de que sus habitantes permitieran el acceso de los camiones y siguieran vinculados a la compraventa del material reciclable. Verificación Peritos expertos en ingeniería ambiental comprobaron los devastadores efectos de la contaminación, que hoy se extiende a las aguas de los ríos Humea y Orinoco y a los caños Buque y Ocoa.

Particulares que montaron empresas alrededor del vertimiento de basura a los lechos de los ríos, están también en la mira de la justicia.

Los investigadores han comprobado casos concretos denunciados por EL TIEMPO. María Nubia Rodríguez y Elvira Ruiz, por ejemplo, recorren la zona de basurero y báscula en mano compran el material rescatado de los caños por niños que se pelean por conseguir los mejores sobrantes de huesos, cartón, hierro, cobre y envases de vidrio.

La acción de tutela fue fallada en febrero, cuando el juzgado ordenó al municipio suspender el vertimiento y fijó un plazo de 90 días para que las autoridades sanitarias resolvieran el problema de la recolección y tratamiento de desechos. Respaldo de la Corte La decisión fue revisada por la Corte Constitucional y el plazo adquirió un caracter perentorio. El juez se niega a ampliarlo.

El alcalde, Ramón Morales Torres, decretó el estado de Emergencia Sanitaria y, ante el receso del Consejo, está buscando fórmulas de excepción para resolver el problema planteado.

La emergencia estará en vigor hasta el 30 de julio.

Ahora las Procuradurías Provincial, en cabeza de Hernando Cucaita Robayo, y Departamental, a cargo de Oscar Germán Herrera Ardila, han exigido a las autoridades municipales el cumplimiento de la decisión judicial, so pena de incurrir en responsabilidades penales y disciplinarias.

La policía dispuso vigilancia especial en las riberas del Guaitiquía para garantizar el acatamiento a la providencia.

El gerente de las Empresas Públicas, Fidel Augusto Tejeiros Ríos, dijo que está buscando un terreno adecuado para habilitarlo provisionalmente como basurero.

Enseguida, según sus previsiones, proyectará la construcción de un relleno sanitario.

La pasada administración adquirió, con este propósito, un terreno de 26 hectáreas en la zona de Montecarlo, sobre la vía hacia Acacías, pero los habitantes del sector se oponen a que avance el proyecto.

Allí está comprometida una inversión de 57 millones de pesos, provenientes de un crédito gestionado ante la Financiera de Desarrollo Territorial.

El alcalde Morales anunció que dialogará con representantes de la comunidad de Montecarlo para buscar una solución rápida.

Dijo que de lo contrario será necesario adquirir otro lote.

El miércoles llegó a Villavicencio el abogado Fernando Henao, delegado del Procurador General de la Nación, para reunirse con el alcalde, los procuradores departamental y provincial, y con representantes del Inderena y el Servicio Seccional de Salud. Su misión es conseguir que, en el futuro, el manejo de las basuras comprometa los esfuerzos y la responsabilidad de un equipo interinstitucional. Indemnizaciones El gobierno municipal teme que la acción popular, no resuelta aun, le implique el pago de millonarias indemnizaciones.

Sin embargo, en uno de los apartes de un amplio memorial el demandante de este caso pide que la indemnización tenga un carácter social y describe esa pretensión específica así: (...) Que las Empresas Públicas sean condenadas, a título de indemnización por daño emergente, a emprender las obras necesarias para dejar dichos bienes de uso público (los ríos y caños) en las condiciones naturales en que se encontraban antes de ser utilizados como basureros (...) .

Solicita, igualmente, que también en calidad de indemnización por daño emergente, las Empresas realicen las obras de ingeniería ambiental y sanitaria para el manejo de basuras y desechos sólidos . Y la reubicación? Paralelamente con la decisión judicial surge otro problema: el gobierno debe reubicar a los habitantes de los núcleos ribereños de invasión y procurarles formas de sustento distintas a las que se derivaban del manejo de los desechos.

Hasta ahora no se conoce el contenido de los recursos interpuestos por el gobierno municipal frente a las nuevas acciones judiciales que siguen en trámite.

No está descartada la posibilidad de que surjan otras demandas contra la Nación, ante la justicia contenciosa administrativa.

Se trata de la primera acción de tutela que prospera en defensa de un bien colectivo, como el medio ambiente.

Mientras tanto, la Acción Popular es la primera de este tipo que se presenta ante la justicia desde la expedición de la Carta Política de 1991.

El trámite de los procesos ha sido fiscalizado por la Procuraduría Delegada en lo Civil.

Ninguna autoridad administrativa se había ocupado hasta ahora de investigar el problema y de sancionar a los responsables del daño causado. Pleitos en marcha Tres acciones judiciales condensasn los pleitos surgidos alrededor de la contaminación del Guatiquía.

El año pasado dos ciudadanos instauraron una acción penal y otra de tutela y la Procuraduría Departamental del Meta impulso una Acción Popular.

Los tres procesos judiciales que actualmente enfrenta la admnistración municipal han estado haciendo el tránsito en los juzgados Noveno de Instrucción Criminal, Tercero Penal Municipal y Tercero Civil del Circuito.

El primero de estos ya produjo un fallo que sancionó al anterior gerente de las Empresas Públicas Muncipales con una caución prendaria de cinco salarios mínimos, como medida de aseguramiento.

El 13 de junio pasado el juez dictó un auto de cierre de investigación, pero la Procuraduría Departamental, mediante oficio del 16 de junio, solicitó al titular reabrir la investigación y vincular a algunos de los anteriores alcaldes y gerentes de las Empresas Públicas, por el delito de Contaminación de Aguas. El Segundo despacho judicial, también produjo un fallo de instancia e impuso al municipio el plazo de tres meses para desactivar el basurero.

El tercer proceso, es decir la Acción Popular, se encuentra en etapa probatoria.

El cargo central contra el municipio le imputa la violación del artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, que dice: Se prohibe verter sin tratamiento, residuos solidos, liquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar dano o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinacion de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y economicas .

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
26 de junio de 1992
Autor
JORGE GONZALEZ Y JORGE CARDENAS

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