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EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Con la venia de la honorable Corte Constitucional e inspirados exclusivamente en el ánimo de aportar elementos académicos de juicio frente a la dialéctica de su inagotable tarea intelectual, nos atrevemos a proponer algunas consideraciones en torno a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, vistos principalmente a partir de la Sentencia # C-113 del pasado 25 de marzo, por medio de la cual se declaró la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, por medio del cual el Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 23 transitorio de la Constitución, estableció el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional . Decía el inciso en cuestión que los fallos de la Corte sólo tendrán efecto hacia el futuro... . De esta sentencia fue ponente el magistrado doctor Jorge Arango Mejía, para concluir en ella que los fallos de inexequibilidad pueden llegar a se

La decisión, como la inspiración filosófico-jurídica de la misma, están dentro del ámbito de la preciosa libertad del juez. Es cierto. Libertad por lo demás elevada a la categoría de regla constitucional, en el artículo 230 de la Carta. Y ello es absolutamente respetable. Diríase intangible, salvo por la propia Corte y es precisamente hacia allá adonde apuntan estas notas. ( Peor que las cosas malas, es el silencio de las personas buenas , nos decía Gandhi).

La reciente decisión de la Corte, por virtud de la cual declaró la inconstitucionalidad de los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI) y que compartimos en ese sentido plenamente, pero en la cual además se señalaron los efectos de la sentencia, al disponer, retroactivamente, la devolución de los valores correspondientes a las suscripciones ya efectuadas, nos hizo reflexionar profundamente sobre los alcances de un pronunciamiento tal, precisamente sobre la retroactividad de los mismos.

Veámoslo acudiendo al método lógico de demostración por reducción al absurdo, efecto para el cual por las citas legales que hemos de hacer, solicitamos la dispensa de los amables lectores. El artículo 25 de la Ley 153 de 1887 dispuso que los derechos de los hijos ilegítimos o naturales debían sujetarse a las leyes posteriores, siempre que ello no perjudicara los intereses de la sucesión legítima. La ley civil por entonces disponía que los hijos naturales no podían concurrir en sucesión, con los hijos legítimos. Esta situación fue corregida, primero por la Ley 45 de 1936 y por la Ley 75 de 1968, luego.

Qué pasaría admitamos la hipótesis en gracia del análisis propuesto si el artículo 25 de la Ley 153 de 1887 fuera demandado ante la Corte Constitucional por violación del artículo 13 de la Carta expedida en 1991, el cual consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y por violación de este precepto fuera declarado inconstitucional? Acaso, entonces, aplicando la teoría jurídica de la sentencia de inexequibilidad de los bonos BDSI, un hijo natural nacido antes del 30 de mayo de 1936 (fecha en la cual se inició la vigencia de la Ley 45 de ese año), podría reclamar la revisión del juicio de sucesión (asumamos la inexistencia de la prescripción) en el cual hubiera querido entonces hacerse presente, pero igualmente ante el cual no pudo actuar puesto que no podía concurrir con hijos legítimos? Absurdo! La ley, reza un viejo principio jurídico, no puede interpretarse de manera que ofenda la razón .

Una pregunta final: Hasta dónde, en el tiempo, puede ser retroactiva una sentencia de inconstitucionalidad? Su respuesta estará íntimamente atada a la preservación de las reglas relativas a la seguridad jurídica, pieza fundamental del Estado de Derecho.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
31 de mayo de 1993
Autor
EDUARDO LAVERDE TOSCANO

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