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DEL SECUESTRO Y OTRAS ENDEMIAS

Característica de la última desventurada época ha sido la de que grandes y aflictivos problemas, en lugar de resolverse a tiempo, perduran, se retroalimentan y se enconan. No se tiene ya un cajón donde se resuelvan solos, como en el crepúsculo de la hegemonía conservadora de 45 años, pero sí una especie de resignación fatalista a su tendencia a permanecer y aun a agravarse. Los males llegan para durar. Así la inseguridad en todos los órdenes, el desempleo persistente, la violencia cruel, los desplazamientos forzados, el ominoso y lucrativo negocio del secuestro.

Característica de la última desventurada época ha sido la de que grandes y aflictivos problemas, en lugar de resolverse a tiempo, perduran, se retroalimentan y se enconan. No se tiene ya un cajón donde se resuelvan solos, como en el crepúsculo de la hegemonía conservadora de 45 años, pero sí una especie de resignación fatalista a su tendencia a permanecer y aun a agravarse. Los males llegan para durar. Así la inseguridad en todos los órdenes, el desempleo persistente, la violencia cruel, los desplazamientos forzados, el ominoso y lucrativo negocio del secuestro.

En muchos de los episodios de estos géneros se ha llegado a creer que ninguna solución pronta, lenitiva o definitiva existe. Por no haber otra a la mano, tras los fracasos de las alegremente experimentadas, la fórmula acaba siendo la de esperar y aguantar. Por estos días se ha agitado el cotarro en torno del drama de los compatriotas en amargo cautiverio con marchas de solidaridad y protesta, plegarias musicales por su suerte y, también, iniciativas para ver de liberarlos antes de que concluyan las hostilidades armadas y los actos terroristas.

De la permisividad oficial frente a ese delito, atribuible ella al afán de no perturbar el fallido proceso de paz, se ha pasado a su denuncia y condenación categórica. Bastante se ha intensificado, sin embargo, como procedimiento extorsivo, como forma de guerra irregular y arma sicológica para amedrentar al Gobierno y al país.

Los secuestros simultáneos del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del ex ministro Gilberto Echeverri, cuando encabezaban una marcha multitudinaria por la paz, así como el de notable número de congresistas, obedecieron al parecer a móviles políticos, con el objeto real o aparente de forzar lo que en la jerga subversiva se ha denominado canje de prisioneros, cual si se tratara de guerra entre naciones. El Gobierno ha aducido la inviabilidad jurídica de dicho trato eventual, mientras las Farc han insistido en sortear el escollo mediante ley del Congreso, alegando el anterior arreglo para intercambiar soldados y guerrilleros.

A tales pulso y contrapunteo se ha añadido la conminación a los alcaldes popularmente elegidos para que renuncien a sus cargos y sean sustituidos por juntas ilegales de gobierno, so pena de secuestro o muerte. A este intento de tomarse el poder local, el Gobierno a punto de finalizar ha respondido con su determinación de velar por la vigencia del Estado Social de Derecho. Siendo entendido que el próximo 7 de agosto se efectuará el relevo de sus cuadros y, de consiguiente, de sus programas y políticas dentro del marco de la legitimidad constitucional. No resulta difícil presumir cuál será su actitud en esa materia específica.

Pasos concretos.

En cuanto a los compatriotas en cautividad, el ex presidente López Michelsen ha abierto una ceja de luz al plantear una alternativa a la propuesta de canje de las Farc que necesariamente implicaría un entendimiento concreto y restringido. Su principal aporte consiste en salirse del círculo vicioso que venía prevaleciendo y demostrar que no se requiere nueva ley.

Basta con invocar el Derecho Internacional Humanitario, incorporado a la Constitución, para celebrar "acuerdos especiales", excluyendo a los convictos por crímenes de lesa humanidad y a juicio de otros también eminentes juristas aplicando caso por caso las reglas de aquel conforme a las circunstancias que se desprendan al tenor del Código de Procedimiento Penal.

La inclemencia de la guerra terrorista no autoriza a olvidarse de las víctimas del secuestro por falta de imaginación para interpretar los textos de los tratados, de la Constitución y de las leyes. Por lo menos se debiera entrar a conversar sobre la posibilidad de liberarlos ciñéndose a los "principios de humanidad y a las exigencias de la conciencia pública", sin menoscabo del ordenamiento constitucional. En otras palabras, acogiéndose al Derecho Internacional Humanitario cuyas reglas la Carta Política obliga a respetar, incluso cuando rigieren las facultades de los estados de excepción.

Más que en las feroces garroteras entre poetas o que en las frivolidades de la farándula o que en la pornografía y la chismografía de diversa clase, es menester detenernos a pensar en la situación de los compatriotas cautivos de dura adversidad física, económica o social, privados del ejercicio de sus derechos fundamentales y aislados de la civilización. No tanto con voces inanes de compañía como con hechos capaces de sacarlos de su penoso infortunio.

Lo mismo toca decir de cuantos sufren de la esterilización de su fuerza laboral e intelectual, de los desplazados, marginados e indigentes, de los millones que claman por trabajo sin conseguirlo y de pan sin obtenerlo. Por sobre todo, abolir el criterio según el cual tales desgracias deben perpetuarse por el determinismo del mercado o por cualquier otra causa arbitraria.

abdesp@cable.net.co

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
23 de julio de 2002
Autor
ABDON ESPINOSA VALDERRAMA

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