LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Lo han acusado de improvisar y proclamar la guerra. De defender a ultranza la política de tierra arrasada y de involucrar tras de sí a la población civil. Y más grave aún: de haber sacado todo del cubilete.

29 de diciembre de 2002, 05:00 am

Y por eso, a pesar de sus altos índices de popularidad -casi del 67 por ciento-, surgieron cuestionamientos sobre hacia dónde va Alvaro Uribe: cuál estrategia de seguridad? ciudadanos vinculados a redes de cooperantes e informantes? reclutamiento campesino? restricción de libertades civiles? allanamientos y capturas sin orden judicial? zonas de rehabilitación? La realidad es que hay más de un capítulo inédito en la historia sobre cómo se perfiló la llamada Estrategia de Seguridad Democrática. Para empezar, aun cuando existen aportes directos producto de trabajo del propio Uribe y de sus asesores, varios de los puntales de la Estrategia son anteriores inclusive a la elección presidencial.

El documento marco de la estrategia durmió el sueño de los justos en uno de los escritorios del Ministerio de Defensa desde diciembre del 2001 hasta mayo del presente año.

Su elaboración había sido ordenada por Luis Fernando Ramírez Acuña, cuando estuvo al frente de esa cartera, y su terminación por Gustavo Bell, último ministro de Defensa de la administración anterior.

Tres asesores -dos politólogos, uno de ellos abogado, y un economista-, agotaron intensas jornadas de trabajo durante seis meses para su elaboración.

Alfredo Rangel, uno de los tres expertos, recuerda que el trabajo comenzó hacia junio o julio del año pasado. En una pequeña oficina, con dos secretarias, ubicada en uno de los costados del edificio del Ministerio de Defensa, Rangel y su equipo comenzaron a trabajar en el primer borrador.

Periódica y selectivamente, funcionarios de la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional), de la Cancillería y de los ministerios de Justicia, y del Interior, fueron convocados a cooperar.

Paradójicamente, cuando terminaron, las 35 páginas que constituían las claves de la estrategia final permanecieron celosamente protegidas en el despacho de Mindefensa.

El documento centraba la política de seguridad en los siguientes ejes: responder al reto de los actores armados; erradicar el narcotráfico; fortalecer la justicia; neutralizar el terrorismo, y dotar al país de capacidad de disuasión efectiva.

Clasificado como Top Secret, apenas si enunciaba el principio de colaboración ciudadana -motor de la política del presidente Uribe- y, claro está, no presentaba mecanismos para desarrollarlo.

Mientras se realizaban los diálogos en el Caguán era difícil elaborar una estrategia que involucrara directamente a la población civil en los temas de seguridad. Era casi un sacrilegio y nos podían tildar de paramilitares o de querer torpedear la mesa de conversaciones , explica otro partícipe del estudio.

El comienzo Electo Uribe y designada Marta Lucía Ramírez como titular de Defensa, el hasta hace un mes viceministro, Bernardo Ortiz, decidió desempolvar el trabajo realizado.

Por un lado, según Rangel, tenía un diagnóstico de la dinámica guerrillera, paramilitar y de los narcos , de las expresiones terroristas y el ambiente internacional frente al conflicto interno de Colombia .

Por el otro, las estrategias que se presentaban tenían en cuenta las experiencias de los conflictos de El Salvador, Perú, Malasia y Guatemala. No para transcribir o copiar esas experiencias, sino para tener referentes y diseñar estrategias para recuperar la seguridad .

Hoy los analistas creen que el paso de Uribe por la Gobernación de Antioquia, la relación con los militares durante su mandato regional y el impulso que le dio a programas de seguridad que involucraban a la población civil en zonas críticas como Urabá y el oriente antioqueños, favorecieron el apoyo a la estrategia diseñada, eso sí, con observaciones.

Lo que no tenía El borrador no había previsto políticas como la de soldados campesinos o la de redes de cooperantes. Más bien sugería la profesionalización de la Fuerzas Pública, la creación de más cuerpos especializados, de más brigadas móviles y de grupos de antiterrorismo urbano y carabineros.

Además, enfatizaba la necesidad de fortalecer la capacidad de combate aéreo de las Fuerzas Militares, a pesar de que durante la administración del presidente Pastrana esa capacidad se triplicó, en parte con ayuda de los recursos del Plan Colombia.

La protección de los viajeros en las carreteras, hoy en boga gracias a las llamadas caravanas turísticas, estaba contemplada en un programa donde involucrábamos al Ministerio del Transporte, a la Policía y a las Fuerzas Militares , le dijo a EL TIEMPO un vocero del Ministerio de Defensa, que asesoró la elaboración del borrador.

Pero fue Uribe -agrega el mismo vocero- quien ordenó darle prioridad a este programa e impulsarlas desde su primer día de mandato, cuando viajó a Valledupar a presidir el primer Consejo de Seguridad .

Borrador II Para la elaboración del nuevo documento, con base en el anterior, el Gobierno comisiona a Rangel; a uno de los actuales viceministros de Defensa, Andrés Soto; a Sergio Jaramillo, quien había asesorado el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería, y a Andrés Villamizar, experto en temas de terrorismo.

Dos principios debían inspirarlo. El primero, un concepto de seguridad democrática según el cual la restricción de algunos derechos ciudadanos podría ser la base para devolverles a futuro, a todos los ciudadanos sin excepción, la plenitud de las garantías coartadas por los violentos.

El segundo presupuesto consistía en la recuperación del territorio mediante una acción integral y unificada entre la Fuerza Pública, los organismos de justicia y la población, y un concepto claro de Seguridad Democrática.

Así nacieron las zonas de rehabilitación, los cooperantes, la reforma a la justicia, la idea de un estatuto antiterrorista permanente y la iniciativa para reformar los estados de excepción, cada uno objeto de ácidas polémicas.

En el terreno operativo también se avanzó: reclutamiento de 15.000 soldados campesinos, y creación de dos brigadas móviles para el 2003 y de tres unidades similares por año, durante siguientes tres años. También, la puesta en marcha de 4 batallones de alta montaña (ahora funcionan los del Sumapaz y Farallones de Cali, están en remojo los de Chiscas, en el Cocuy, y otros para el Eje Cafetero y Cauca).

No se puede trazar una línea clara entre lo que venía desarrollándose y la nueva estrategia. Es un cruce entre cosas que ya venían y las propuestas nuevas , aclara Rangel.

Cierto o no, la obsesión de Uribe es recuperar el control del territorio de una manera gradual. Los pasos, tres. Uno, el envío de soldados profesionales para que en su calidad de fuerza de choque produzcan la salida de los grupos armados ilegales. Dos, la consolidación de cada territorio a través de los soldados campesinos; y tres, la acción integral del Estado.

Hasta hoy solo algunos intelectuales, empresarios, congresistas y periodistas conocen la estrategia. Y muchos han advertido el riesgo de involucrar a la población civil en el conflicto y la amenaza de que más temprano que tarde los soldados campesinos se conviertan en carne de cañón.

También han observado con reservas la restricción a las libertades individuales, el riesgo de abusos a los derechos humanos y, como lo subrayó ya la Corte, la inconstitucionalidad de entregar a las Fuerzas Militares un cheque en blanco en materia de allanamientos e interceptaciones.

Por eso, explica un vocero ministerial, la estrategia está sufriendo retoques. Tenemos el 95 por ciento. Luego vamos a presentarla al país para que por un lado la controle y para que por el otro la haga suya. La población es la clave , dice.

Y es que, a diferencia de sus antecesores, Uribe y su equipo parecen creer que sólo el apoyo ciudadano llevará al cumplimiento del objetivo final: la captura, en los próximos dos años, de los miembros de las cúpulas de la guerrilla y los paramilitares para su extradición. Una meta casi imposible de cumplir, en opinión de algunos expertos.

FOTO/Jonh Wilson Vizcaíno EL TIEMPO Las zonas de rehabilitación (como la de Sucre, en la foto) nacieron del principio de que debe exisitir una acción integral y unificada entre la Fuerza Pública, los organismos de justicia y la población.