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AHORA EL QUE CONTAMINA, PAGA

Colombia tuvo que esperar a que la tercera parte de sus bosques fuera eliminada, el 49 por ciento de sus suelos erosionado, y más del 40 por ciento de la población expuesta a enfermedades de origen ambiental como el cólera, para que la clase política asumiera por fin la organización del sector ecológico. Al Gobierno de César Gaviria le tocará aplicar la reestructuración del sector que se cocinaba desde hace tres años. Por primera vez se formulará un plan de política nacional ambiental que busca ordenar una gestión débil y caótica y darle mayor estatus y financiación a la cuestión ecológica.

ANGELA SANCHEZagosto 11 de 1991, 12:00 A.M.

Si el plan presentado esta semana por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Inderena logra traducirse en hechos, los colombianos podrían ejercer el derecho a exigir un ambiente sano; recibirían compensación por parte del Estado o los particulares que alteren el aire, el suelo, el agua o los niveles tolerables de ruido; encontrarían apoyo en la Procuraduría y el Ministerio del Medio Ambiente para castigar a los depredadores e invasores del espacio público; pagarían impuestos por contaminar, y recibirían exenciones por preservar.

Aunque el sector acusa una contradicción abismal entre el papel y la realidad, el plan aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) responde a una crisis que desbordó hace mucho la gestión institucional del Inderena, apéndice del Ministerio de Agricultura.

Allí radica la primera contradicción ya que esa cartera es una de las más antiambientales del Estado. La inadecuada explotación agrícola y ganadera en bosques sin esa vocación es culpable de la pérdida de biodiversidad o riqueza genética animal y vegetal; de la erosión, acidificación y salinización de los suelos, y de contaminación de aguas y alimentos con agroquímicos. Entre 1978 y 1989, más de 618 personas resultaron intoxicadas con pesticidas, con un aterrador promedio de 63 muertes por año.

Amparándose en una dispersión de competencias ambientales entre los ministerios de Salud, Minas y Energía, corporaciones regionales con ambiguas atribuciones de desarrollo y preservación, entre otro enjambre de entidades, nadie responde por el abuso de los recursos: el 85 por ciento de las industrias vierte sus afluentes en ríos y mares. El 40 por ciento, en la cuenca del río Magdalena. El 34 por ciento en el río Cauca. Setenta y siete industrias en el río Bogotá. El 96 por ciento de los municipios arroja sus aguas negras sin tratamiento a ríos que abastecen el consumo humano.

De la sedimentación de los ríos se acusa principalmente a la minería de oro, esmeraldas, carbón, grava y arenas. En el área biogeográfica del Chocó, considerada la más rica del mundo en biodiversidad, la extracción de oro devasta mil hectáreas anuales. Y arroja a los ríos que alimentan a comunidades negras e indígenas 4.400 toneladas de sólidos y dosis letales de mercurio que superan cien veces los niveles permitidos.

La atmósfera del país está enrarecida con una emisión de 137 millones de toneladas de gas carbónico, el 90 por ciento de los cuales proviene de la tala y quema de bosques. En las ciudades, el 65 por ciento de ese gas es producido por los carros, generadores también de contaminación por ruido. Los niveles permisibles de ruido 50 decibeles en el día y 35 en la noche llegan en algunas zonas de Bogotá a 95 decibeles y de Medellín a 73. Malestares auditivos, respiratorios, oftalmológicos y estrés son los principales efectos del olvido ambiental urbano. Ministerio al ataque A partir de un diagnóstico aquí apenas reseñado, el Gobierno, representado por un equipo coordinado por el gerente del Inderena, Manuel Rodríguez, y el director de la División Ambiental del DNP, Eduardo Uribe, proponen realizar una reorganización institucional que incluye la creación de un Ministerio del Ambiente, encargado de ordenar la dispersa gestión y de influir en las decisiones del Estado y la empresa privada que afecten el ambiente.

El ministerio, que remplazaría al Inderena, sería el ente rector y formulador de la política ambiental, irrigada, entre otros, a las Corporaciones Autónomas Regionales antiguas y nuevas que asumirían el manejo de los recursos, según la singularidad de cada zona.

Con la intención de impregnar en todos los sectores la preocupación ambiental en particular al de la producción se creará un Consejo Nacional del Ambiente, equivalente a un Conpes ecológico. Presidido por el ministro del Ambiente, este será el cuadrilátero donde otros ministros y organismos descentralizados concertarán acciones que armonicen desarrollo y preservación. Como complemento, los organismos del Estado tendrán unidades ambientales.

También como órgano rector adscrito al ministerio, se propone la creación de una Dirección de Parques Nacionales, que dé las directrices del manejo de la 42 reservas y santuarios de fauna y flora, donde se promoverán planes de turismo ecológico.

La dirección, no obstante, delegará la administración de algunos parques, previo permiso del Consejo del Ambiente, en entidades públicas (cabildos indígenas, consejos verdes, municipios, corporaciones, etcétera) o privadas (grupos ecológicos, asociaciones cívicas, empresas privadas, etcétera).

La participación de la gente y la delegación de responsabilidades para la autodefensa de los recursos, calificada por Rodríguez como la clave para aterrizar estas teorías en el país concreto, es un principio que atraviesa todo el plan.

Acorde con los preceptos de la nueva Constitución (38 de los cuales hacen referencia al medio ambiente y serán desarrollados por el Inderena), las comunidades serán informadas y consultadas sobre los proyectos de inversión en sus localidades. La herramienta más expedita para hacer valer los derechos ambientales son las acciones populares mediante las cuales cualquier ciudadano puede demandar a quien afecte los intereses públicos. Su más reciente y ejemplar fruto fue contribuir al cierre de una contaminante planta industrial de la empresa estatal Alcalis de Colombia.

El Gobierno, según el plan, se compromete a apoyar esas acciones y a crear formas de recepción de denuncias o aportes ecológicos. Con ese fin, se contempla la creación de una Procuraduría Delegada Especializada en Asuntos Ambientales, dependiente de la Procuraduría General y con asiento en el Consejo del Ambiente, encargada de acoger las denuncias de la ciudadanía, investigar e imponer sanciones a funcionarios depredadores.

La participación ciudadana es requerida con singular urgencia en el plan de educación ambiental que, con una asignación de 14.900 millones de pesos, hace parte de la estrategia. La falta de expertos ambientales uno de los vacíos de la propuesta busca enmendarse desde la primaria, la secundaria, la universidad y la educación no formal. Impuestos y subsidios Parte de la financiación de la gestión ambiental provendrá de impuestos y multas a los contaminadores, bajo el principio el que contamina paga . Simultáneamente, se ofrecen subsidios e incentivos tributarios a los propietarios que reforesten, conserven predios de valor ecológico, o inviertan en la sustitución de tecnologías limpias ambientalmente.

Se incluye en forma difusa un impuesto a la contaminación de los automóviles que, algunos temen, podría revertir en el modesto propietario de un Renault 4 que termina pagando impuestos ecológicos en medio del caos de vehículos y la contaminación ambiental propiciada, en mayor medida, por otros.

No obstante, con la formulación general de los principios de ecología económica , el documento admite que el ambiente se deteriora porque el precio de los bienes no incluye los costos ambientales que implicaron su producción. Imitando a otros países, se buscará que los productores inviertan más en control ambiental y que los consumidores orienten sus compras hacia bienes ambientalmente menos costosos.

El mercado de detergentes ilustra el concepto: en Colombia, la mayoría de jabones se fabrican con base en alquilatos muy contaminantes, causantes de las espumas que navegan por los ríos y producidos por una obsoleta planta de Ecopetrol en Barrancabermeja. Excepciones, como la de jabón Puro, usan sustancias biodegradables o fácilmente asimilables por la naturaleza. Este último, entonces, es menos costoso ambientalmente aunque su precio en metálico equivalga o supere al de los otros. En un aparte del documento, se ordena a la empresa estatal descontinuar esa producción y sustituirla por detergentes biodegradables.

Las exhortaciones morales, dice el gerente del Inderena, no han sido efectivas para la protección ambiental. Por eso, esta debe involucrarse en la lógica del mercado y tocar el bolsillo de la gente, de modo que sea rentable la preservación y mal negocio la contaminación .

El otorgamiento de créditos para el sector agropecuario, industrial y minero será favorable a los proyectos ambientalmente positivos, y viceversa. Las corporaciones y el ministerio ofrecerán asesoría a industrias y otros productores sobre tecnologías limpias. Con ese fin se instaló ya el Comité de Industria y Ambiente, encabezado por el Ministerio de Desarrollo.

Veintitrés industrias de Pereira, cien del nororiente antioqueño, algunas del Valle y Cartagena y varias curtiembres de Cundinamarca empiezan a demostrar propósitos de enmienda con inversiones superiores a los 200 mil millones para el control de su propia contaminación. Ello, sumado a la creación del Fondo Ecológico Cafetero, es el primer indicio de que la causa verde, identificada con las utopías, tiene posibilidades de coronar una: acortar la distancia entre el país ideal y el país real.

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ANGELA SANCHEZagosto 11 de 1991, 12:00 A.M.