A pesar de la advertencia del presidente George Bush de que Carlos Castaño será procesado en Estados Unidos por terrorismo, analistas y expertos en derecho penal advierten que uno es el discurso político y otro el jurídico.
El ex vicefiscal Francisco Sintura y otros penalistas, que pidieron a EL TIEMPO reserva de su nombre, se inclinan a pensar Castaño está buscando hacer el negocio de su vida: ser juzgado por cargos débiles de narcotráfico y evitar los procesos por delitos de lesa humanidad en Colombia o ante un tribunal internacional.
La perspectiva de un intento de negociación y las reservas de los juristas sobre las verdaderas intenciones de Castaño tienen una explicación, más allá de la disposición que el jefe paramilitar parece mostrar para entregarse.
Castaño no sólo intervino durante los últimos dos años en dos procesos de entrega de narcotraficantes a la justicia estadounidense sino en los procesos de negociación de las condiciones bajo las cuales esos mismos narcos tendrían suficientes garantías de juicios justos y respeto a sus familias.
Además, si se somete a la justicia de E.U., no sería factible que sea devuelto a Colombia para que responda por los cargos de homicidio, agravado, genocidio, secuestro y otros delitos pendientes en el país, observa Sintura.
En el caso de Castaño, además, la Justicia colombiana puede resultar más dura que la estadounidense porque una cosa son los cargos por narcotráfico y otra los delitos de lesa humanidad", agrega el ex vicefiscal.
Los juristas coinciden en otro aspecto: En E.U., si llega a suministrar información que consideren valiosa, podría negociar desde una rebaja en la pena hasta el cambio de su identidad.
Allá están muy ansiosos por conocer qué militares, policías, políticos y destacadas personalidades están vinculados con el paramilitarismo , dice otro penalista.
Bajo esa perspectiva, Castaño podría recibir hasta una inmunidad que le permitiera vivir con tranquilidad en E.U.
A primera vista ese panorama es el más favorable para Castaño y lo paradójico, en ese caso, es que la decisión política parece tomada -el propio ministro del Interior, Fernando Londoño, dijo ayer que la solicitud estadounidense tendrá prioridad- y que ni siquiera ante su eventual captura en Colombia, el Gobierno estaría obligado a procesarlo primero en Colombia, tal como lo contempla un artículo del Código de Procedimiento Penal.
Otros expertos advierten, sin embargo, que el anuncio del presidente Bush podría convertirse en una pesadilla que no espera ni el propio Castaño. Esto es, que a los cargos por narcotráfico y a la tradicional severidad de las condenas en Estados Unidos frente a casos de concierto para delinquir y conspiración para introducir narcóticos en ese país, Castaño pueda terminar sumando otros por terrorismo.
Riesgos.
Las experiencias de Carlos Lehder, testigo de cargo en el caso del general Manuel Antonio Noriega, y la del propio ex dictador panameño demuestran que E.U. también puede llegar a juicios extremos -sentencias a tres cadenas perpetuas o más- contra quienes consideran sus enemigos.
La solicitud de extradición de Castaño se produce en instantes en que la proclamada lucha contra el terrorismo en el mundo necesita evidencias, más que discursos, y en ese sentido Castaño podría ser utilizado por la administración Bush como un objetivo ejemplar de la estrategia.
En uno u otro caso: que Castaño esté buscando la absolución frente a centenares de crímenes y a tribunales internacionales o que Estados Unidos efectivamente esté pensando en juzgarlo con toda la severidad de sus leyes, en lo que sí coinciden varios juristas es en que por lo menos Castaño tenía todo fríamente previsto.
Queda en evidencia que él lo tenía todo muy bien calculado. Incluso, el riesgo de ser procesado por terrorismo porque puede terminar usando eso a su favor .
