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CONTROL FISCAL EN LOS MUNICIPIOS

El país ha tenido que escuchar recientemente muchos argumentos para sustentar la necesidad de disminuir los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. Algunos de ellos parecen razonables y se encuentran bien sustentados. Otros, en cambio, son absolutamente irrelevantes para el logro del objetivo de disminución del tamaño de las burocracias regionales y locales y podrían generar un efecto contrario al que se persigue.

Aprovechando la crítica situación por la que atraviesan algunos departamentos y municipios, el Gobierno Nacional ha propuesto, mediante proyecto de ley 046, la eliminación de las contralorías y personerías de los municipios más pequeños, así como la imposición de límites al número de integrantes y al salario de los cuerpos colegiados, encargados del ejercicio del control político de la administración.

Es cierto que se debe propender por la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, pero, será que para ello se deben eliminar los organismos de control territorial? En caso contrario, quiénes deben sufragar los costos para que las entidades de control territorial sean sostenibles? Veamos las cosas un poco más de cerca.

El diagnóstico del Gobierno Central describe un exagerado nivel de gasto en los organismos de control, concejos, contralorías y personerías, en comparación con sus homólogos en el Gobierno Nacional. La medida utilizada para realizar tal comparación es sencilla: durante 1998 el conjunto de esos organismos en los municipios consumió el 14.3 por ciento de los ingresos tributarios y el 11.7 por ciento del total de los gastos de funcionamiento mientras que en el Gobierno Central esas mismas proporciones fueron 2.5 por ciento y 3.9 por ciento, respectivamente.

Aunque las cifras presentadas de esta manera reflejan grandes diferencias que, de aceptarse sin más, deben ser suficientes para convencer a la opinión pública sobre la necesidad de disminuir este tipo de erogaciones en los municipios, nos parece que la presentación no es completa.

En efecto, obviando la discusión sobre la pertinencia de la existencia de esos órganos de control (reconocida constitucionalmente), debemos decir que los cálculos presentados dejan de lado el hecho de que el total de recursos administrados por los gobiernos vienen creciendo por causa de las transferencias recibidas de la Nación. Realizar el cálculo con base en los tributos recaudados deja por fuera esas transferencias. En otras palabras, parece que el Gobierno Nacional estima que las transferencias a los territorios no requieren ser controladas o, en su defecto, deben ser controladas con los mismos recursos utilizados para ejercer el control sobre los recursos propios de los territorios.

Otro problema implícito en la propuesta gubernamental tiene que ver con la aprobación de porciones globales del presupuesto de los departamentos y municipios para ser distribuidas entre los organismos de control. A nuestro modo de ver esto equivale e forzar una pelea de tigre con burro amarrado, pues uno de esos organismos (concejo o asamblea, en cada caso) es quien decide, en última instancia, como se distribuirá el presupuesto. Por ello consideramos que el proyecto tiene un fuerte sesgo en favor de la subordinación del ejercicio del control fiscal al poder ejecutivo y por tanto, el control fiscal en los territorios seguirá adoleciendo de las mismas fallas que ha padecido hasta hoy: recursos insuficientes y falta de autonomía.

Es quizás debido a esas falencias que el control fiscal territorial se comporta como perrito faldero de las finanzas territoriales. Si los pagos de funcionamiento en la administración crecen; también lo hacen los de la contraloría. Ello podría estar significando que la aceptación de mayores presupuestos de funcionamiento en la administración por parte de los organismos de control territorial se compra con la adjudicación de mayores presupuestos para estos últimos.

Para concluir, en lugar de un diagnóstico claro de las causas de la supuesta ineficiencia comprobada de las contralorías territoriales, el proyecto simplemente la afirma para culminar proponiendo su eliminación en los municipios más pobres y pequeños (categorías segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta) y el consecuente traslado de la función controladora sobre las finanzas de esos municipios a las contralorías departamentales.

De hecho, debemos resaltar que hoy en día las contralorías departamentales tienen la función de ejercer control sobre las finanzas de aquellos municipios que no cuentan con una contraloría propia. Sin embargo, ese control no es ejercido a cabalidad, las contralorías departamentales no cuentan ni con los recursos ni con la autonomía para el ejercicio de esa actividad.

La falta de ese diagnóstico hace que el proyecto del Gobierno Central pueda considerarse con sesgos injustificados y que, de aprobarse, tiene como resultado previsible el de dejar como rueda suelta las finanzas de la mayoría de municipios del país.

Nos parece que más que la eliminación del control fiscal, el gobierno debe pensar en una opción que permita su ejercicio en condiciones de sostenibilidad financiera y autonomía real. Podría pensarse, por ejemplo en establecer un porcentaje fijo de los presupuestos departamentales y municipales (incluidas en ambos casos las transferencias nacionales) para sufragar los costos del control y dotar, al mismo tiempo, al control fiscal de la autonomía suficiente para actuar con eficacia.

*Vicecontralor General de la República

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
14 de marzo de 2000
Autor
JOS FLIX LAFAURIE RIVERA

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