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SENTENCIA JURÍDICA SOBRE CONSTITUYENTE EL FALLO FUE POR LA PAZ

Aunque es imposible garantizar que la Asamblea Constituyente sea el camino hacia la paz que busca Colombia, la Corte Suprema de Justicia no podía cerrar esa posibilidad ni acallar las voces que claman por un cambio en las estructuras del Estado. Así lo plantea la sentencia que el 9 de octubre declaró constitucional el decreto que convoca a las elecciones del 9 de diciembre, cuyo texto, redactado por los magistrados Hernando Gómez Otálora y Fabio Morón Díaz, fue revelado ayer.

La providencia deja en claro que la Asamblea debe estar integrada por personas que no mantengan vínculo alguno con el Estado, especialmente el campo de las corporaciones públicas, el Senado, la Cámara, las asambleas departamentales, los concejos municipales, y los consejos intendenciales y comisariales.

En las páginas 4B y 5B se publica el texto del fallo.

Al hacer esa precisión, el fallo deja en firme las inhabilidades contempladas en el decreto para los aspirantes a integrar el cuerpo que desde el 5 de febrero, y por 150 días, tendrán la tarea de reformar la actual Constitución o de preparar una nueva.

No se quiere acumular en una misma personas o entidades funciones tan distintas y concentradas, que llegan hasta el punto de ser incompatibles y que históricamente son las que han llevado al país a buscar este mecanismo alternativo y extremo de reforma constitucional .

Sobre la inexequibilidad del temario y de puntos del acuerdo político, dice que algunas cláusulas limitaban indebidamente al constituyente primario.

Pero, valoró los alcances del acuerdo que, bajo la forma de consenso multipartidista, abrió el camino hacia la convocatoria de las elecciones del 9 de diciembre. Los apartes del acuerdo declarados constitucionales tienden a asegurar la independencia y dedicación que los miembros de la Asamblea Constitucional deben tener para el éxito de esta, como el régimen de inhabilidades presentes y futuras, consagradas en los puntos 9 y 12 .

Los magistrados que votaron en favor dijeron que fueron conscientes de los riesgos de que una Asamblea soberana y sin límites puede conducir al caos constitucional.

El fallo dice que dentro de la tradición política y jurídica de la República, con raíces en la Independencia, hay un conjunto de convicciones y principios que legitiman el sistema democrático, razón suficiente para que los ciudadanos procedan con elevada responsabilidad.

La Asamblea sabrá interpretar las necesidades y esperanzas de la Nación que tiene derecho a buscar nuevos caminos que garanticen un mejor proyecto de vida de normal convivencia, paz, libertad y justicia social .

Para la Corte, cuando las instituciones adoptan sistemas muy rígidos para su reforma, hay crisis y perturbaciones que pondrían en peligro los valores fundamentales de la convivencia y el sistema republicano y democrático.

Por eso es preciso proceder con toda diligencia y previsión a interpretar los anhelos de cambio y renovación de las instituciones que ha expresado el pueblo, primero informalmente y luego el 27 de mayo en forma legítima (...) .

Si bien el acuerdo político estaba contemplado sólo en la parte motiva del decreto 1916, la providencia advierte que la Corte es competente para analizar los decretos de estado de sitio.

Al explicar el cambio de jurisprudencia que quedó planteado con el fallo, estima que el decreto podía mirarse a la luz del artículo 218 de la Constitución, que prohíbe las reformas por fuera del Congreso, o del plebiscito del 57, que vetaba las consultas populares.

La mayoría de los magistrados opinó que el derecho no pertenece al ámbito de lo lógico ni el jurista debe limitarse a examinarlo como un simple conjunto de normas .

Los redactores del fallo aclaran que varios de los apartes de este se basaron en la ponencia elaborada por Jaime Sanín, de la Sala Constitucional. Rediseño institucional Se explica por qué la Corte no comparte la tesis del Procurador, de que la corporación debería declararse inhibida.

Destaca que si bien la sentencia del 24 de mayo, cuando se declaró exequible el decreto 927, decía que con la votación en favor de la convocatoria de la Asamblea se confería un mandato político, es un hecho que el mecanismo para permitir la manifestación popular es un decreto de estado de sitio, cuyo control es de su competencia.

Señala que existe plena conexidad entre la medida de emergencia y la recuperación del orden público turbado.

Dice que esa relación está basada en las manifestaciones de violencia, en la ineficacia de las instituciones para enfrentarlas, en la necesidad de rediseñar las instituciones para ponerlas acordes con los tiempos modernos, en la decisión de la voluntad popular expresada el 27 de mayo y en el fundamento de la legitimidad que debe tener la organización política.

Dicho concepto lleva implícito igualmente el reconocimiento de la evolución del derecho constitucional y del papel de las constituciones en el mundo moderno .

Considera que a los objetivos del sistema normativo se suman a los de integrar los grupos sociales y conciliar intereses opuestos, en la búsqueda de lo que llama consenso constitucional .

Deduce que la Constitución se convierte en una premisa básica para el restablecimiento del orden público y la consecución de la paz, como fin último de la organización estatal.

Según la Corte, la guarda de la integridad de la Constitución incluye la preservación de los valores propios de la organización política, para evitar un rompimiento del orden constitucional, permitiendo que por los cauces institucionales se introduzcan en la Carta las modiificaciones necesarias para que en ella se sienta reflejada la sociedad .

Al ahondar en el concepto de soberanía, la sentencia dice que como la nación colombiana es el constituyente primario puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetarse a los requisitos que consagraba. El texto El siguiente es el texto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el Decreto Legislativo 1926, que convoca la Asamblea Constitucional: Ref. Expediente No. 2214 (351-E) Revisión constitucional del Decreto Legislativo # 1926 de 1990 Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público . (Asamblea Constitucional).

Magistrados ponentes: Dr. Hernando Gómez Otálora, Dr. Fabio Morón Díaz.

(Las secciones I- Antecedentes, III- Defensas e Impugnaciones, IV- Ministerio Público, así como el punto 3.- Conexidad de la sección, V-Consideraciones de la Corte, fueron tomadas, en lo sustancial, de la ponencia elaborada por el Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

(Aprobada por acta # 45) Bogotá, D.E., octubre nueve (9) de mil novecientos noventa (1990) I- Antecedentes El Gobierno mediante oficio de agosto 24 de 1990, envió a esta corporación, para su revisión, el Decreto 1926 de 1990, por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público , dando cumplimiento de esta manera a lo ordenado en el artículo 121 de la Carta.

Cumplidos como están los trámites previstos en la citada disposición, así como en el artículo 214 ibídem, y en el Decreto 432 de 1969, procede la Corte a decidir previas las consideraciones que adelante se señalan. II- Texto del decreto que se revisa El decreto objeto de estudio es el siguiente: III- Defensas e impugnaciones Durante el término de fijación en lista se oyeron numerosas voces de ciudadanos que intervinieron en el proceso conforme al derecho que expresamente les concede la Constitución, en ocasiones para impugnar la validez del decreto en forma total y a veces para hacerlo con relación a partes de él; otras veces para defender su conformidad con la Carta Política; finalmente, algunos pidieron que la Corte se inhiba porque consideran que se trata de una medida con fuerza política que rebasa sus competencias y que propicia un pronunciamiento del constituyente primario que escapa a todo juicio constitucional.

En breve síntesis, los defensores del decreto argumentan que su significado es el de permitir una operación electoral, lo cual es posible a través de ley conforme al artículo 180 de la Constitución que le defiere esas materias; dicen también que la Nación es la depositaria de la soberanía a términos del artículo 2o. ibídem y que ella puede ejercer su poder cuando a bien lo tenga para lo cual no empece el artículo 13 del plebiscito de primero de diciembre de 1957 que consagró un principio contrario pero modificable por el mismo constituyente primario.

Hay quienes se muestran partidarios de la convocatoria de una Asamblea Nacional que tenga el carácter de constituyente y no de meramente constitucional como se pretende.

Algunos se detienen en aspectos particulares del decreto para decir, por ejemplo, que el derecho de postulación que aquí se limita por la proclamación del candidato mediante la firma de 10.000 adherentes o la prestación de una garantía, ha sido regulado dentro de las competencias de la ley y siguiendo prácticas conocidas en otros países, las cuales describen.

Otros, por el contrario, critican aspectos concretos del decreto. Se basan todas en la existencia de una violación de los principios democráticos que deben inspirar la Asamblea pues se convoca a una reforma limitada y elitista que deja por fuera las expresiones genuinas de la Nación. Estas glosas se enderezan especialmente contra los siguientes aspectos de la norma: (a) el número de delegatarios, que se estima insuficiente, (b) la conformación de la Asamblea, tenida como antidemocrática y excluyente y (c) las limitaciones establecidas al temario, que en su sentir, no se compadecen con la amplitud de los poderes del constituyente primario; por todo esto se critica la inclusión en el decreto del acuerdo político celebrado por el Presidente de la República con varios partidos.

Quienes impugnan la validez constitucional del decreto se fundamentan en que hay quebrantamiento del artículo 218 de la Carta, concordado con el 13 del Plebiscito de primero de diciembre de 1957, pues no se les observa ni en cuanto a la competencia para reformar el Código Fundamental, que pertenece exclusivamente al Congreso, ni en cuanto al procedimiento que ha de seguirse para ese fin. También se dice que no puede establecerse preeminencia entre el artículo 2o. y el 218 mencionado porque entre las distintas disposiciones constitucionales no las hay jerárquicamente superiores y entre ellas debe buscarse la armonía y no el conflicto. Igualmente se alega que la Nación no es equivalente del cuerpo electoral y que, aun si lo fuera, el que ahora se llama a tomar la decisión en materia constitucional, es solamente un segmento.

La Corte ha estudiado con sumo cuidado todas estas intervenciones. IV- El Ministerio Público El señor Procurador General de la Nación rindió la correspondiente vista fiscal que se recibió en la Secretaría de la Sala Constitucional el día 14 de septiembre.

Después de clasificar las impugnaciones y coadyuvancias y de encontrar cumplidos por el decreto los requisitos formales, el señor Procurador describe la preceptiva contenida en él y entra a estudiar lo que rotula como La conexidad del decreto. Alcance del artículo 121 , de lo cual cabe destacar que se remite expresamente a lo dicho por ese despacho con ocasión de la revisión del Decreto 927 de este año, oportunidad en la cual no halló fundada la necesaria conexidad, y afirma que por regla general tales decretos contienen determinaciones legales y no constitucionales y tienen carácter transitorio y no permanente, por lo cual no sobra resaltar el hecho de que las materias reguladas en el decreto, por lo general, tienen efectos permanentes, lo que no suele ocurrir con las normas del estado de sitio .

En cuanto a los acuerdos políticos, a los cuales dedica un epígrafe especial, dice que son actos administrativos que pueden ser acusados ante la respectiva jurisdicción, pero que en la medida en que el acuerdo político hace parte del decreto revisado, estaría formalmente sometido al proceso de revisión constitucional por parte de la H. Corte Suprema de Justicia .

Se refiere luego el concepto fiscal a las medidas electorales , y en su desenvolvimiento toca nuevamente el aspecto de conexidad para negarla, así como termina este acápite con la pregunta de si puede utilizarse el estado de sitio para modificar las mayorías establecidas por la Constitución Nacional en materia de elección? En seguida hace el señor Procurador un recuento de las normas que el país se ha dado con respecto a la reforma de la Constitución a partir de 1886 y transcribe el artículo 13 de la reforma plebiscitaria de 1957 y el 218 de la actual codificación que corresponde al texto adoptado en 1968; hace después lo que él llama, una Reseña jurisprudencial del asunto y dentro de ella plantea dos tesis posibles: la de la inhibición, por tratarse de una medida política, y la de la inconstitucionalidad porque para el Ministerio Público resulta claro que no puede utilizarse el mecanismo puro del estado de sitio para impulsar una reforma constitucional por fuera de las prescripciones del artículo 218 de la Carta .

Finalmente, el colaborador del Ministerio Público resume así su concepto: Planteado el problema con estos términos --y ubicado en el terreno político y no estrictamente jurídico como lo quiso la H. Corte en el fallo del 24 de mayo-- se llega también a la necesidad del pronunciamiento inhibitorio. Otra sería la conclusión si de manera rigurosa se comparan las normas del decreto con las previsiones del artículo 218 de la Carta Fundamental. V- Consideraciones de la Corte 1. Competencia Por tratarse de un decreto expedido con base en las facultades otorgadas al Presidente de la República en virtud del artículo 121 C.N., esta Corporación es competente para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, de acuerdo con lo previsto por el parágrafo del artículo citado, en concordancia con el artículo 214 del Estatuto Fundamental.

No comparte la Corte la tesis del señor Procurador, según la cual debería declararse inhibida para estudiar el Decreto 1926 de 1990, por tratarse de un acto político derivado de un mandato de la misma naturaleza otorgado por el pueblo el pasado 27 de mayo.

Si bien, en sentencia de mayo 24 del presente año se afirmó que con la votación que pudiese producirse en favor de la convocatoria de una Asamblea Constitucional, se confería un mandato político, también es cierto que el mecanismo utilizado para permitir la manifestación popular que convoque la Asamblea, es un decreto de estado de sitio, cuyo control le corresponde a la Corte según las normas citadas. Obsérvese que la disposición citada en el decreto que se revisa es la del artículo 121 de la Carta y no el eventual fundamento que se podría encontrar en la clara manifestación de la voluntad popular, expresada en la votación del 27 de mayo y contabilizada en virtud de la orden contenida en el Decreto 927 de 1990, declarado constitucional en su oportunidad por esta Corporación.

2. Aspectos formales El decreto sub-exámine lleva la firma del Presidente y de todos sus Ministros, tal como lo ordena la Constitución Nacional, y produce efectos temporales mientras subsista turbado el orden público , por lo que cumple con los requisitos formales que la Carta impone a este tipo de actos.

3. Conexidad Las indudables similaridades que existen entre este decreto y el 927 de mayo 3 llegan hasta el punto de hacer predicables de él los motivos de conexidad que con respecto al último encontró la Corte en su sentencia de mayo 24.

Así, la Corte expresó que el fortalecimiento de las instituciones políticas fundamenales era necesario para hacer frente a las muy diversas formas de ataque a que se viene sometiendo la paz pública y que así lo había entendido la opinión nacional hasta convertirse en este punto en un clamor popular que tenía significación política; a este respecto dijo también: Este movimiento ha sido tan eficaz, que los mismos alzados en armas en todos los acuerdos que vienen realizando con el Gobierno para poner fin a la subversión, han condicionado su reintegro a la vida civil a la realización de dicha Asamblea .

La Corte enfatizó su punto de vista mediante este interrogante: Cómo se puede afirmar la falta de conexidad de una medida de carácter extraordinario que en una sociedad en crisis pretenda facilitar la expresión de la voluntad popular en asunto de tanta monta como su régimen institucional, cuya legitimidad proviene precisamente del respaldo de esa voluntad? Hay, pues, conexidad suficiente entre esta medida y la recuperación del orden público turbado.

Si bien el Decreto 1926 de 1990, considerado en su conjunto, tiene conexidad con los motivos que determinaron la declaratoria del estado de sitio, carecen de ella algunos de los puntos consignados en el temario del acuerdo de las fuerzas políticas celebrado el 2 de agosto de 1990, ampliado por el del 23 de agosto del mismo año, como los contenidos en los numerales 1.4 y 1.6, punto 2, en la parte que dice: instituir mecanismos de control sobre los decretos-leyes que se expidan en ejercicio de facultades extraordinarias pues no advierte la Corte que esta función a ella atribuida en el artículo 214, ordinal 2o. ni su ejercicio por ella sean motivo de perturbación del orden público. Sobre este tema conviene agregar también que la Corte tiene competencia para revisar tanto la parte resolutiva como la motiva para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que expida el Gobierno nacional durante el estado de sitio, máxime en casos como el presente, cuando ella está íntimamente vinculada con la parte resolutiva del decreto; en efecto el artículo 2o. del Decreto 1926 de 1990, al señalar el texto de las papeletas en favor y en contra de la convocatoria de la Asamblea Constitucional, expresamente dice que ella estará regulada por lo establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 1990. De lo contrario, le bastaría al Gobierno incluir en los considerandos puntos esenciales del decreto para evadir su control constitucional por la Corte Suprema de Justicia, haciendo nugatoria la perentoria disposición del parágrafo del artículo 121 de la Carta Fundamental que lo exige, como salvaguardia mínima del orden institucional y de los derechos ciudadanos. Ya es mucho que a las muy amplias facultades ordinarias del Ejecutivo, características de nuestro régimen presidencialista, se agreguen las de legislador de excepción que le otorga el citado artículo 121 en las circunstancias especialísimas que él prevé, como para dejar estas últimas sin control alguno. Al estudiar el Decreto 927 de 1990, la Corte encontró, con argumentos perfectamente válidos en el asunto que se analiza y con circunstancias materiales que no han variado sustancialmente, que la autorización que el Gobierno hace para que la organización electoral contabilice los votos que se puedan presentar por la convocatoria de una Asamblea Constitucional es una medida que encuentra relación de conexidad con los hechos generadores de la perturbación que dieron lugar a la declaratoria del estado de sitio.

Esta afirmación encuentra su sustento en las manifestaciones de violencia que continuamente azotan al país, en la ineficacia de las instituciones para enfrentar esas situaciones, en la necesidad de rediseñar dichas instituciones para ponerlas acordes con los tiempos modernos, en la decisión de la voluntad popular mayoritariamente expresada el pasado 27 de mayo en favor de la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional y --sobre todo-- en el fundamento de legitimidad que debe tener la organización política.

Dicho concepto lleva implícito igualmente le reconocimiento de la evolución del derecho constitucional y del papel de las constituciones en el mundo moderno. Si bien el derehco a darse una constitución jurídica, como reguladora de la organización política, surge inicialmente con la función primordial de limitar el ejercicio del poder, de atribuir competencias, también es cierto que hoy se le agrega la de integrar los diversos grupos sociales, la de conciliar intereses opuestos, en la búsqueda de lo que se ha denominado el consenso constitucional, por lo que el acuerdo sobre el contenido de la Constitución se convierte en una premisa fundamental para el restablecimiento del orden público, la consecución de la armonía social, la convivencia ciudadana y la paz, con todo lo que dicho concepto implica, como fin último de la organización estatal.

El deber de guarda de la integridad de la Constitución inclye el de la preservación de los valores inmanentes de la organización política, para evitar un rompimiento del orden constitucional, permitiendo que por los cauces institucionales se introduzcan en la Carta las modificaciones necesarias para que en ella se sienta reflejada la sociedad.

4. El artículo 218 de la Constitución a) Texto del artículo Art. 218.- La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por esta nuevamente debatido, y, últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada cámara. Si el Gobierno no publicare oportunamente el proyecto de acto legislativo, lo hará el presidente del Congreso .

b) Texto del artículo 13 del Plebiscito del primero de diciembre de 1957.

En adelante las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución .

Puede el derecho visualizarse desde dos perspectivas: la lógica y la ontológica. La primera lo muestra como un conjunto de normas, es decir, de juicios hipotéticos que imputan una cierta consecuencia a un antecedente, a través del deber ser , para usar la terminología kelseniana, si es A debe ser B ; dichas normas se vinculan entre sí en cuanto la de inferior jerarquía se creó conforme a la de superior jerarquía, es la llamada teoría de los grados del derecho o de la pirámide jurídica , también debida al filósofo vienés. Tiene el defecto fundamental de que no puede dar respuesta adecuada a la pregunta sobre porqué vale la norma de grado superior, es decir la Constitución. Para algunos dicha validez proviene de una norma de derecho internacional (Von Verdross); para otros, como uno de los ponentes, es una norma de derecho natural. Kelsen se coloca en una difícil situación pues al apelar al concepto de eficacia, introduce un elemento del mundo del ser, lo cual contraría la pureza metodológica que quiso lograr con su Teoría Pura del Derecho , aunque trate de salvar esa obvia crítica hablando de una norma fundamental como presupuesto gnoseológico del orden jurídico y describiendo la relación entre validez y eficacia como la tensión entre el deber y el ser . A este respecto conviene transcribir algunas ideas de su obra más reciente: Por último llegamos a alguna constitución que es históricamente la primera y que fue establecida por un usurpador individual o por alguna clase de asamblea. La validez de esta primera constitución es el último presupuesto, el postulado final del cual depende la validez de todas las normas de nuestro orden legal... El documento que contiene la primera constitución es una constitución real, una norma obligatoria, solamente bajo al condición de que la norma básica se presupone ser válida... La respuesta podría ser que los autores de la primera constitución tenían poder derivado de Dios... Cada jurista presumirá que el orden antiguo --al cual no corresponde ya ninguna realidad política-- ha cesado de ser válido, y que todas las normas que son válidas dentro del nuevo orden, reciben su validez exclusivamente de la nueva constitución. Síguese de aquí, de este punto de vista jurídico, que las normas del viejo orden no pueden reconocerse más como normas válidas... Tan solo el fenómeno de la revolución muestra claramente el significado de la norma básica... Si tratamos de hacer explícita la presuposición sobre la cual descansan estas consideraciones jurídicas, encontramos que las normas del viejo orden se miran como carentes de validez porque en conjunto, han perdido su eficacia... La eficacia de todo el orden legal es una condición necesaria para la validez de cada una de las normas de dicho orden.

Una conditio sine qua non, pero no una conditio per quam... El principio de legitimidad está restringido por el principio de efectividad... La norma básica de un orden legal nacional no es producto arbitrario de la imaginación jurídica. Su contenido está determinado por hechos. La función de la norma básica consiste en hacer posible la interpretación normativa de ciertos hechos, y ello significa la interpretación de hechos como la creación y aplicación de normas válidas... Por lo tanto un orden normativo pierde su validez cuando la realidad no corresponde ya a él, por lo menos en cierto grado. La validez de un orden legal depende así de su conformidad con la realidad, de su eficacia . La relación que existe entre la validez y la eficacia de un orden legal --es por así decirlo, la tensión entre el deber y el ser -- puede determinarse solamente por niveles máximos y mínimos... La eficacia del derecho pertenece al ámbito de la realidad y se llama frecuentemente el poder del derecho. Si sustituimos eficacia por poder, entonces el problema de validez y eficacia se transforma en el problema más común de derecho capacidad . Y entonces la solución aquí presentada se convierte tan solo en la expresión precisa del truismo según el cual aunque el derecho en sentido objetivo no puede existir sin poder, sinembargo dicho derecho y poder, derecho subjetivo y capacidad, no son lo mismo .) Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado , Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1949, pp. 115 a 121).

Pero el asunto es de mayor calado: el derecho no pertenece al ámbito de lo lógico ni el jurista debe limitarse a examinarlo como un simple conjunto de normas. Su ser ontológico se halla en el mundo de los valores y por lo tanto exige preguntarse sobre la utilidad o inutilidad de las normas jurídicas para realizar determinados fines que se juzgan valiosos para la comunidad (Vid. Del Vecchio, Giorgio y Recasens-Siches, Luis, Filosofía del Derecho , Unión Tipográfica y Editorial Hispano Americana. Uthea, t. I, México 1946, pp. 153-155).

Uno de esos valores es la paz; no solamente reconocido universalmente como tal, sino expresamente mencionado en el preámbulo de nuestra Constitución, que conforme dice la sentencia # 51 de mayo 19 de 1988 (MM.PP. Drs. Hernando Gómez Otálora y Jaime Sanín Greiffenstein) proferida por esta Corporación, sirve como criterio interpretativo de sus disposiciones.

Así pues, tanto por razones filosóficas como jurisprudenciales, para definir si el Decreto 1926 de 24 de agosto de 1990 es constitucional no basta compararlo con los artículos 218 de la Constitución y 13 del Plebiscito del primero de diciembre de 1957 sino tener en cuenta su virtualidad para alcanzar la paz. Aunque es imposible asegurar que el mencionado decreto llevará necesariamente a la anhelada paz, no puede la Corte cerrar esa posibilidad. 5. El constituyente primario Según principios generalmente aceptados en derecho constitucional, tres son los elementos que configuran un Estado: el territorio o país , el pueblo que lo habita o nación y el orden jurídico que lo organiza.

A la nación se refiere el artículo 2o. de la Carta fundamental así: La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece .

Para precisar con exactitud el alcance de la disposición transcrita se analizó exhaustivamente la obra Derecho Público Interno de Colombia de don José María Samper, una de las figuras más destacadas del Consejo Nacional de Delegatarios, que redactó las bases de la Constitución de 1886, algunos de cuyos apartes se transcriben a continuación: En toda nación, si esta existe en realidad, sobre todo, en el concierto internacional, la soberanía es una e indivisible. Cualquiera división que se haga, en la forma, no es de la soberanía (supremo poder o autoridad), sino meramente de su ejercicio. Si la soberanía, como principio vital colectivo, es propia de la nación, no puede haber dentro de esta otros soberanos, so pena de anularse el principio. Esta es la verdad que la Constitución de 1886 ha restablecido .

Pero no creyeron los constituyentes que bastaba a determinar la base fundamental de la república en el artículo 1o. Por qué? Porque al definir la nación, era necesario proclamar su soberanía, e importaba determinar la verdadera residencia de este principio de autoridad.

En efecto, si la nación es un compuesto de cuatro elementos necesarios, la idea misma de su existencia es inseparable de otra idea sintética: la de su soberanía. No se concibe el objeto de una nación, ni la razón de ser de su existencia, sin su soberanía, dado que esta soberanía es la autoridad moral al propio tiempo que la efectividad del poder con que cada nación dispone de su suerte y figura, de igual a igual, en el concierto de todos los Estados constituidos o nacionalidades organizadas en que está dividido el mundo civilizado.

Si, pues, la soberanía es el principio fundamental, en orden a lo político (cosa de todos o muchos) era necesario después de proclamar la existencia, el nombre y la forma general de la nación, proclamar también su soberanía, como principio esencial, y determinar su residencia. Esta determinación, hecha por el artículo 2o., es la confirmación explícita del 1o. Si la soberanía colombiana reside esencial y exclusivamente en la nación, en toda ella, y de ella emanan los poderes públicos, es patente la unidad nacional: la soberanía es así única, indivisible, tan absoluta cuanto es o puede serlo la existencia de la nación; ninguna otra soberanía puede serle contrapuesta, dentro de la nación; ella es el todo y lo contiene todo para Colombia, y ningún poder público será legítimo ni reconocido, si no emana de esa única soberanía. Su consecuencia necesaria es la unidad de esos poderes públicos, no obstante su separación de formas y de modo de obrar . (Op. Cit. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, t. II, pp. 12-13).

Así pues, la nación o sea el pueblo que habita nuestro país, es el constituyente primario del cual emanan los poderes constituidos o derivados. No simplemente la personificación de la República unitaria que sucedió a los estados soberanos de la Constitución de Río Negro (1863) pues para ello bastaba el artículo 1o. de la Carta, conforme al cual La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria .

Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una Constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetarse a los requisitos que esta consagraba. De lo contrario, se llegaría a muchos absurdos: el primero de ellos que la reforma constitucional de 1957 no vale por haber sido fruto de un plebiscito; que también fue nugatoria la de 1886 por no haberse sujetado a los dificilísimos procedimientos previstos por la Constitución de Río Negro (1863) para modificarla. 6. Límites del poder constituyente primario Siendo la nación el constituyente primario y teniendo ella un carácter soberano, del cual emanan los demás poderes, no puede tener otros límites que los que él mismo se imponga, ni los poderes constituidos pueden revisar sus actos. Así lo ha sostenido la Corte en dos fallos relativos al plebiscito del 1o. de diciembre de 1957: El primero de ellos fue el de noviembre 28 de 1957 (M.P. Dr. Guillermo Hernández Peñaloza), en dos de cuyos apartes se lee: ...porque si se da alguna virtualidad jurídica a los hechos revolucionarios es por descansar en la voluntad de la nación.

.....

El derecho para convocar al pueblo para que apruebe o impruebe la reforma no lo deriva propiamente de todas las normas consignadas en la Carta, sino del poder mismo de la revolución, del estado de necesidad en q

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
20 de octubre de 1990
Autor
Por JORGE GONZALEZ Redactor de EL TIEMPO

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