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VENEZUELA: ASESINATO POR DROGA

Ayer nuevamente Venezuela volvió a estremecerse con un escalofriante asesinato, originado aparentemente en el tráfico de drogas. Lorena Márquez de Capriles, de 23 años, fue muerta presuntamente por su esposo, Manasés Capriles, de 32 años, propietario del periódico El Siglo, del estado de Maracay.

De acuerdo con las primeras versiones, Lorena de Capriles dijo a su madre, días antes de su muerte, que en varias oportunidades había visto cargamentos de cocaína en poder de su esposo y que esa situación la conocían sus cuñados Tulio y Manuel. La esposa había amenazado con denunciarlo ante las autoridades por tráfico de drogas.

También se supo que los hermanos Capriles financiaron la campaña del gobernador del estado de Aragua, Carlos Tablante, del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS). Precisamente, Manuel Capriles se desempeña como secretario de la gobernación.

Las relaciones de la pareja empeoraron ante las peticiones de la esposa para que Capriles dejara el comercio y consumo de drogas, pero este decía que había millones de dólares de por medio, según el padrastro de Lorena, Andrés Galdo.

Por otra parte, la división contra homicidios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) detuvo ayer al editor del periódico de Maracay como único sospechoso en el asesinato de Lorena de Capriles.

Los padres de la joven muerta pidieron que el juicio se traslade a Caracas porque, según dijeron, Maracay es dominio exclusivo de la familia Capriles y esta cuenta con suficiente poder para controlar las decisiones de la justicia . El periódico El Universal no sólo abrió su edición de ayer con la noticia sino que dedicó un página completa al escabroso caso.

Mientras este hecho conmocionaba a Venezuela, que parece no creer en la influencia tan grande que tiene la droga aquí, se pudo comprobar que el ex gobernador de Caracas, Adolfo Ramírez Torres, retenido por las autoridades, recibió tres millones de dólares en su campaña para la secretaría distrital de Acción Democrática (AD).

La información se logró obtener gracias a grabaciones telefónicas que hizo la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en diciembre de 1990, después de recibir autorización de un tribunal federal de Venezuela.

El Diario de Caracas informó con gran despliegue que la jueza Norma Cabrera, encargada del caso de Ramírez Torres, ordenó la incautación de sus bienes y expidió órdenes de detención contra influyentes personas de la sociedad de Caracas.

Asimismo, Cabrera anunció que recibió amenazas telefónicas por su actuación en el proceso. Los mensajes están dirigidos contra la seguridad de su hijo, quien al parecer ha sido seguido en los últimos días.

Entre tanto, bajo un título a dos columnas en la parte inferior del cuadernillo D del periódico El Nacional, apareció una noticia que en principio pasó inadvertida: Oficina de la DEA abre en el Zulia .

La pequeña nota estaba fechada en Maracaibo y explicaba que el Gobierno de ese estado (fronterizo con Colombia) solicitó ayuda y asistencia directa a la agencia antidrogas de Estados Unidos.

A renglón seguido, publicó unas declaraciones del propio gobernador del Zulia, Oswaldo Alvarez Paz, quien confirmó que la llegada de la DEA era para combatir el tráfico de narcóticos en todo el occidente del país.

Lo cierto es que la presencia de este organismo no es vista con malos ojos por la opinión venezolana.

La razón, según dijeron a EL TIEMPO analistas calificados, es que los cuerpos policiales de este país no cuentan con la infraestructura necesaria para combatir la maquinaria del narcotráfico.

El Diario de Caracas, uno de los abanderados de la lucha contra las drogas, comenta que las informaciones recibidas revelan el alto grado de infiltración de las mafias del tráfico de estupefacientes. Es indicativo que Venezuela está recibiendo el último toque de alerta de que efectivamente comenzó su proceso de colombianización , afirma el diario.

En tal sentido, altos dirigentes de la gobernante AD, le propusieron al presidente Carlos Andrés Pérez que convoque a todos los sectores del país a un gran acuerdo nacional para enfrentar el problema de la droga.

El jefe del Estado anunció que hoy dará a conocer al país su estrategia antidrogas y dijo, refiriéndose al caso del ex gobernador de Caracas, que los que sean culpables tendrán que pagar, irán a la cárcel. Lo que ha pasado demuestra que no estoy dispuesto a alcahuetear delitos .

Publicación
eltiempo.com
Sección
Otros
Fecha de publicación
21 de junio de 1991
Autor
Ma. DEL ROSARIO ARRAZOLA

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