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LONDOÑO QUIERE UN ESTADO MONÁRQUICO Y SIN CONTROLES

El Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, entregó a consideración del Congreso su reforma a la administración de justicia. El Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirma que ese proyecto es el más grande atentado contra el Estado de derecho y que hace parte de la serie de reformas constitucionales que el Ministro ha presentado para cambiar el modelo de Estado que rige en Colombia.

Yamid Amat Especial para EL TIEMPO
El Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, entregó a consideración del Congreso su reforma a la administración de justicia. El Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirma que ese proyecto es el más grande atentado contra el Estado de derecho y que hace parte de la serie de reformas constitucionales que el Ministro ha presentado para cambiar el modelo de Estado que rige en Colombia.
El magistrado compara a Londoño con el ex presidente Alberto Fujimori y lo acusa, francamente, de tratar de acabar con la Corte Constitucional para eliminar los controles al ejecutivo. Dice también que el Ministro está empeñado en terminar con el único mecanismo de protección de los ciudadanos: el derecho de tutela. Y anuncia que pedirá al Congreso que lo escuche.
Dichas estas cosas así, parecería que se trata de un resumen virtual de pensamientos y posiciones. No. Montealegre le pidió al periodista que debía quedar claro que el reportaje es absolutamente real y que refleja la posición oficial de toda la Corte Constitucional.
En que consiste la reforma propuesta a la tutela?
Prácticamente la acaba. La limita sólo a la protección de los derechos de un capítulo de la Constitución. Existe una clasificación básica sobre el derecho de tutela: derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y políticos. Los derechos fundamentales son aquellos de máxima expresión de una sociedad: Primero, todas las formas de libertad: expresión, creencias religiosas y demás; segundo, el debido proceso; tercero, el derecho a la intimidad y, cuarto, el derecho a la vida. Pero la Constitución también contempla los derechos económicos y sociales como son: salud, seguridad social, vivienda y educación.
Y la reforma los acaba?
Limita los derechos tutelables y excluye los derechos económicos y sociales. Desconoce los derechos fundamentales de los niños a la salud, el bienestar, la educación. Los periodistas también perderían el derecho a la reserva de las fuentes. Si un juez ordena que un periodista debe revelar su fuente, ya no tendrá el mecanismo de la tutela para defender esa fuente y, ante el incumplimiento de la orden del juez, iría a la cárcel. La Corte ha dicho en una tutela que es la institución la que debe guardar el secreto y que el periodista no tiene la obligación de revelar la fuente, porque sin ese derecho no puede ejercer libremente su profesión. Hay otro derecho que elimina la reforma: el acceso a la administración de justicia. Si un juez se demora indefinidamente en una resolución, el ciudadano ya no tendrá el mecanismo de tutela para obligarlo a que se pronuncie. En la violación de los derechos humanos, se niega la posibilidad de intervenir través de la acción de tutela.
En su opinión la reforma supone el principio del fin de la tutela?
Sí. Es su marchitamiento.
Qué interés puede tener el Ministro del Interior en desmontarla?
Ciertos actos del Estado quedarían fuera del control de la tutela y todas las actuaciones de los jueces de la República. El ministro vuelve la tutela inoperante. Su reforma dice: Sólo se puede ordenar la tutela cuando el Estado tenga condiciones materiales de hacer efectivo el derecho , lo que significa que la tutela se vuelve simbólica. El ministro parte de una concepción retórica de los derechos. El cree que los derechos fundamentales deben estar en la Constitución, pero sin herramientas para hacerlos efectivos. Y que lo que hay que proteger y mantener es la inoperancia del estado.
Pero han dicho que la reforma lo que busca es acabar con el sistema de cogobernar y colegislar, por parte de la Corte
Supongamos una ley que dijera: Sólo una persona de color blanco tiene derecho a la seguridad social . Si la Corte se limita a dictar que eso es inconstitucional, los efectos serían más graves, porque los ciudadanos se quedarían sin un mecanismo de regulación real que les diera acceso a la seguridad social. El papel de la Corte es decir: Esta norma es constitucional, pero hay que ampliar su contenido, como lo establece la Constitución, respetando el derecho de igualdad. Deben tener, en consecuencia, seguridad social los blancos, pero también negros, indígenas y mulatos.
Cuál cree usted que es el objetivo de la reforma?
Acabar con la Corte Constitucional. Pero el camino va más allá: el ministro Londoño piensa destazar la Constitución, con una clara estrategia de desmonte de los principios fundamentales de la Constitución del 91. Digo destazar porque lo está haciendo por partes, por piezas. Si uno empieza a unir esas piezas, descubre que todo va tras un modelo de Estado totalmente diferente.
Qué modelo de Estado?
El ministro quiere una monarquía. Quiere un sistema autoritario, quiere un Estado sin controles reales.
Un artículo de la reforma otorga a la Corte Suprema la facultad de control constitucional y de tutelar derechos fundamentales
Como se acaba la tutela contra sentencias judiciales, la Corte Suprema queda convertida en el único organismo encargado de proteger la Constitución. La Corte Constitucional pasaría a ser el patio trasero de la administración de justicia.
Pero qué puede ser lo que molesta al Ministro de la Corte?
El control. No le gusta que el decreto de la Conmoción Interior tenga control jurídico por parte de la Corte.
El proyecto fue consultado por el Ministro con la Corte Suprema de Justicia. Cree usted que hay una alianza entre Corte y Ministro?
Hay gran afinidad de criterios entre ellos y a la vez gran distancia entre ellos y la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la judicatura.
Un artículo dice que la sentencia de la Corte Constitucional que declare inexequible un acto legislativo deberá ser adoptado por mayoría calificada de dos terceras partes . Qué le parece?
Es una fórmula que usó Fujimori en su época. Cuando se dio cuenta de que la Corte Suprema no era de bolsillo, modificó el sistema de votación. Es darle el poder a las minorías.
No está usted defendiendo los privilegios de la Corte?
Estoy denunciando que lo que queda con la reforma es una caricatura de Corte Constitucional. No está en juego el poder individual de una Corte, lo que está en juego es la filosofía del control, como elemento básico de un Estado de derecho. Se están quitando mecanismos que limitan el poder y la arbitrariedad de las autoridades del Estado.
Y qué piensa hacer la Corte?
Lo que está en juego la institucionalidad colombiana. Vamos a realizar un debate franco ante la opinión pública y a explicarle cómo esta reforma significa un retroceso de más de cien años en la administración de justicia. Pedirle al Congreso, a la academia, a todas las instituciones, que nos escuchen. Hasta ahora es un proyecto del ministro Londoño no del Presidente. Si algo ha caracterizado a Uribe, es su interés por cumplir sus promesas de campaña y él jamás habló de desmontar la tutela, ni de eliminar el control de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que mientras el Presidente abre la puerta, el Ministro pone cerrojo.
Cuál es la solución?
Ese proyecto debe ser retirado y presentar una reforma integral. La tutela no tiene la culpa de los males de la justicia. Las grandes dificultades son en la justicia ordinaria.
Hay graves divergencias con la Corte Suprema?
No se trata de enfrentamientos personales con la Corte Suprema, ni de una lucha de poder entre instituciones, sino de modelos muy divergentes entre la interpretación de la justicia y el control constitucional. Estamos en concepciones del derecho muy distantes.
La reforma también habla de períodos de los magistrados y de sistemas de elección
No estamos de acuerdo con la prorroga de 12 años y mucho menos con que nombremos a nuestros sucesores. La Corte tiene que tener una legitimidad popular y debe continuar siendo elegida por el Congreso.
Usted le ha trasmitido a Londoño estas opiniones?
Sí. Con la misma franqueza que he utilizado en este reportaje.
Y que ha dicho?
El es muy amable. Se sonríe.
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