LAS TRETAS DE LOS NARCOS

LAS TRETAS DE LOS NARCOS

Al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega dice estar librando la única batalla que tal vez no imaginó: la de los códigos usados como trampa y constituidos en atajos legales por narcos o personas procesadas por enriquecimiento ilícito que quieren conservar a toda costa sus multimillonarias fortunas.

14 de septiembre de 2003, 05:00 am

Al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega dice estar librando la única batalla que tal vez no imaginó: la de los códigos usados como trampa y constituidos en atajos legales por narcos o personas procesadas por enriquecimiento ilícito que quieren conservar a toda costa sus multimillonarias fortunas.

Los narcos coronan de verdad cuando logran evitar que se haga extinción de dominio de sus bienes. Lo importante para ellos no es llevar la droga sino conservar la riqueza que consiguen por ella , observa Plazas.

La realidad es que en sus cuentas hay más de un episodio que sustenta esa tesis. Hace pocos meses, por ejemplo, cuando los agentes de Estupefacientes llegaron a una mansión de Cali para tomar posesión de ella, se encontraron con un abuelo conectado a una válvula de oxígeno empotrada en la pared.

Un delegado de la Procuraduría regional esperaba junto al enfermo. A su juicio, la DNE no podía desalojar a la familia sin arriesgar gravemente la vida del paciente. A episodios casi anecdóticos como este, se suman, según Plazas y sus funcionarios, amenazas telefónicas, inmobiliarias de fachada e infiltración en la institución.

Solo en lo que va corrido de este año, Estupefacientes ha recibido 524 derechos de petición, 57 tutelas y 6 demandas.

Los abogados de la mafia saben que estamos organizados por grupos y a cada uno lo bombardean con este tipo de solicitudes para impedir que nos dediquemos a la incautación y la extinción de dominio de los bienes , dice el subdirector de Bienes de la DNE, Alejandro Olaya Velásquez.

Las razones de esta guerra saltan a la vista: en juego están unos 42.000 bienes, entre fincas, apartamentos, ganado, joyas, carros, aviones y obras de arte. Significativos son cerca de 30.000, que están avaluados en 2 billones de pesos", asegura Olaya.

Bienes menores que van desde candelabros y porcelanas hasta cubiertos están siendo objeto de un nuevo tipo de clasificación en las bases de datos de la entidad.

A pesar de la alerta que representan críticas como las que impulsó la Contraloría sobre el caos en el manejo de los bienes incautados a los narcos, las entregas irregulares de los mismos y los enormes costos que tal desorden tendrá para el Estado, la DNE tiene ya en su haber batallas ganadas.

A finales del 2002, tras más de 10 años de discusión jurídica, Estupefacientes recuperó para el Estado el famoso Edificio Mónaco de Pablo Escobar, y hace mes y medio cuando se declaró finalmente la extinción de dominio sobre 294 bienes de José Santacruz, muerto en 1996.

Otras, están por definirse, como el forcejeo por ocho bienes de Luis Reinaldo Murcia Sierra, Martelo , a quien un juez absolvió de los cargos de narcotráfico. O el caso de 70 propiedades de Jesús Amado Sarria (entre ellas el hotel Mar Azul de San Andrés), que ya en dos oportunidades, a pesar de las advertencias de un Tribunal, dos jueces han ordenado devolver.

Los bienes de Sarria son los menos. Entre julio del 2000 y agosto del 2002, jueces y fiscales ordenaron reintegrar definitivamente 970 propiedades que estaban en proceso de extinción de dominio. Hoy, en razón de esas decisiones, cursan quejas y denuncias contra cuatro fiscales y nueve jueces de Bogotá, Cali y Medellín.

Y es que, a diferencia de lo que ocurrió durante casi dos décadas, la nueva legislación dio dientes al Estado. De 1996 a julio del 2002 se fallaron solo cinco procesos de extinción de dominio, en cambio, de agosto del 2002 a la fecha se han dictado 65 sentencias, que incluyen 990 bienes", ejemplifica Olaya. Con todo, la realidad es que en medio del forcejeo Estado-procesados hay más de un caso polémico y revelador sobre la que Estupefacientes llama las tretas o goles del narcotráfico.

La venta de Pirata.

En la Dirección de Estupefacientes (DNE) están convencidos de que personas cercanas a Joaquín Mario Valencia Trujillo intentaron hacer una maroma de compraventa para recuperar de las manos del Estado a Pirata , uno de los caballos más costosos de cuantos han sido confiscados.

Las alarmas se prendieron en marzo, cuando el representante legal del criadero La Luisa, de Cali, informó de la venta de cinco de los 206 caballos de paso fino de las pesebreras.

Los animales habían sido incautados un mes atrás a Valencia, conocido como el caballista y requerido por una corte de Tampa (E.U.), que gestionó su extradición bajo cargos de presunto lavado de dinero y envío de al menos 5 toneladas de droga de Chile a E.U.

Entre los ejemplares elegidos para la venta estaba Pirata de la Luisa , un macho avaluado, según la DNE, en 25 millones de pesos que, sin embargo, figuraba en el papel como vendido en tan solo 5 millones.

Si bien Estupefacientes había autorizado comercializar algunos equinos para sufragar los millonarios gastos del criadero, expresamente había prohibido la venta de 35 ejemplares, entre ellos Pirata , Venus del ocho , Lucero de Pahuana y Tártaro del encuentro , que, según la DNE, es uno de los mejores caballos de paso fino del mundo.

La venta era solo una jugada para que ese valioso caballo pasara a alguien conocido de ellos, que luego se los cedía", explica una fuente de la DNE.

Inmediatamente, el encargado de administrar los bienes (el depositario), Mario Tomás Mosquera, paró la entrega de los caballos. Sin embargo, el abogado de Valencia Trujillo, Luis Javier Sorela Cajiao, asegura que Mosquera fue quien autorizó la comercialización de Pirata y que la comercialización de este nunca estuvo prohibida.

Es falso lo que dice la DNE. Ese caballo sí trató de venderse y jamás bajo una treta. Lo que pasa es que Estupefacientes sí está manejando mal los bienes del señor Valencia. Ellos sí están haciendo tretas - como la venta del esperma de caballos finos a precio de huevo- para quedarse con esos bienes y llevar a la bancarrota a los procesados", puntualizó Sorela.

Las inmobiliarias de fachada.

En Cali y el Valle del Cauca, dice un vocero de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hay cerca de 4.800 apartamentos incautados por investigaciones de narcotráfico.

El 80 por ciento los administraban para los narcos 14 inmobiliarias desde el momento de su incautación hasta hace un mes y medio, cuando cambiamos el sistema de manejo. No había orden y ellos (los procesados) seguían usufructuando los bienes como si nada , asegura Alejandro Olaya, director de Bienes de la DNE.

Según su explicación, el problema se presenta porque personas vinculadas con investigaciones de narcotráfico se movían hábilmente para crear empresas inmobiliarias a través de testaferros. Conocían perfectamente los requisitos legales para que Estupefacientes las escogiera como depositarios (administradores) de las propiedades incautadas y procedían en consecuencia.

El promedio de arrendamiento de esos apartamentos en su mayoría lujosos era de 200.000 pesos y un nivel de gastos muy alto. De allí salían pocas ganancias para el Estado , anota Olaya.

Ante las irregularidades en la administración de los predios, Estupefacientes decidió realizar una convocatoria pública. La Lonja de Cali y el Valle del Cauca y 15 de sus 31 inmobiliarias adscritas resultaron ganadoras y la situación empezó a cambiar.

Las agencias no manejan el dinero sino que se encargan de promover el alquiler del bien y atender al cliente, y estos pagan directamente el valor del arriendo a la Fiduciaria la Previsora.

Las amenazas.

Pese a que desde que aceptó trabajar en Estupefacientes (DNE) sabía que sería blanco de presiones, el subdirector de Bienes, Alejandro Olaya Velásquez, se sorprendió el 10 de junio con una llamada a su teléfono celular.

Del otro lado la voz de un hombre le dijo: "Soy de las Autodefensas Unidas de Colombia" y empezó a hablar de unas tierras incautadas en el Magdalena Medio, en donde Estupefacientes tiene el registro de 96 fincas.

"Me dijo que era mejor que no nos metiéramos allá, que ellos no querían tener problemas conmigo y que yo no los iba a tener si hacía lo que ellos me estaban diciendo", recuerda Olaya que dijo ante la Fiscalía.

Luego, según su versión, su interlocutor le preguntó que si estaban de acuerdo, Olaya dijo que no y el presunto para le contestó: "O.K. quedamos QAP", y colgó.

Cinco minutos después el hombre se comunicó de nuevo con Olaya y le dijo que no le fuera a colgar y que pensara bien lo que le había dicho. "...volvió a preguntarme que si estaba de acuerdo y me colgó". Olaya ha sido objeto además de llamadas a su domicilio y de seguimientos en aeropuertos.

La toma del Sunrise Beach.

El hotel Sunrise Beach, exclusivo complejo hotelero del país, con 250 habitaciones y avaluado en 30.000 millones de pesos, se ha convertido en el blanco de una de las más encarnizadas batallas legales de la Dirección de Estupefacientes.

El pasado 27 de diciembre, el director Alfonso Plazas aterrizó en San Andrés y de inmediato se dirigió al hotel.

El ambiente estaba muy tenso porque el coronel retirado había recibido días antes la noticia de que personas cercanas al propietario del complejo, Nelson Urrego quien pagó una condena por enriquecimiento ilícito , estaban diciendo que él, absuelto de los cargos de narcotráfico, se hacía matar por el Sunrise.

El hotel, incautado por la DNE en 1996, arrojaba pérdidas cercanas a los 26.000 millones de pesos y según Estupefacientes Urrego vivía en siete lujosos apartamentos del hotel y todavía era el amo y señor allá .

Ante la situación, el propio Plazas llegó con 20 funcionarios que se tomaron los equipos de computación y los archivos del lugar para ponerlos a disposición del Estado. Removieron al depositario, Oscar Ariza, y nombraron a otro, GHL Limitada, para que manejara el hotel. Además, un abogado de la isla fue designado para administrar el millonario pasivo.

Obviamente, según recuerdan funcionarios de Estupefacientes, la diligencia no fue fácil. Una mujer se presentó como la revisora fiscal del Sunrise Beach y puso denuncios de supuestos malos manejos de la DNE .

Lo paradójico es que la Ley suspende este tipo de cargos una vez se produce la incautación de bienes y por esa razón la DNE instauró en contra de la revisora fiscal demandas por usurpación de funciones: manejo durante cinco años de situaciones contables prohibidas por la legislación.

Además, los técnicos que llegaron con Plazas entregaron un balance en el que se evidenciaba la mala administración del negocio. Es obvio y se presenta en todos estos casos donde el manejo del predio incautado corre por cuenta del propietario: si al final hay que devolvérselo, él asegura que se lo administraron mal y demanda al Estado , asegura Alejandro Olaya Velásquez, subdirector de Bienes de la DNE.

Según la entidad, tras la salida de Urrego y la anterior administración del hotel, comenzaron a verse las utilidades. Entre diciembre y abril pasados, afirma la DNE, estas fueron de 643 millones de pesos.

Por las denuncias de la ex revisora fiscal, la Superintendencia de Sociedades abrió una investigación a la sociedad Hotel Internacional Sunrise Beach de San Andrés S.A. y acaba de decidir someterla a control permanente por las fallas y deficiencias que encontró en su manejo. También, por esos hechos, formuló cargos contra tres personas -la ex revisora fiscal, un ex representante legal y el actual representante legal de la sociedad- y la DNE.

Operación Tocarema.

Nadie en la Dirección Nacional de Estupefacientes sabe qué pasó con el fallo judicial que en mayo del 2001 ordenó el secuestro judicial del exclusivo hotel Tocarema, en Girardot (Cundinamarca), avaluado en 18 mil millones de pesos e incautado en septiembre de 1996.

El hotel era propiedad de Guillermo Ortiz Gaitán, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos en el 2000 y es acusado de pertenecer al clan Gaitán Cendales.

Hasta junio pasado, a pesar de que la DNE poseía el 50,4 por ciento de las acciones del hotel y la familia Ortiz el porcentaje restante, maniobras judiciales habían impedido una administración transparente del hotel.

Según la Dirección Nacional de Estupefacientes, en algún momento se adulteró la providencia emitida en Bogotá (asunto objeto de investigación) y un juzgado de Girardot nombró años atrás a un secuestre, Otto Ferro.

Ferro fue hasta las instalaciones del Tocarema y ordenó la salida del depositario (administrador) -la firma hotelera GHL- y nombró en su reemplazo a la firma Moff. Esta última, según la DNE, compañía de un familiar de una de las integrantes de la familia Gaitán Cendales.

"Ellos estaban manejando el hotel hasta febrero pasado, cuando nos dimos cuenta de esa irregularidad y procedimos a convocar una asamblea pues Estupefacientes tiene el control de la sociedad al poseer la mayoría de las acciones de la sociedad", asegura una funcionaria de la DNE que ha seguido de cerca el proceso. A mediados de junio, la DNE removió al gerente y al depositario.