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Corte Suprema de Justicia endurece normas para casa por cárcel

Se apartó de postura de 2008, que otorgaba beneficio con solo demostrar que era cabeza de familia.

El caso de Kelly Yolani Taquinás Diju, una madre de dos niños condenada por narcotráfico, que pedía prisión domiciliaria, consiguió endurecer la posición de la Corte Suprema de Justicia frente al tema. En un enérgico pronunciamiento, les pide a los jueces que examinen los antecedentes del preso antes de conceder el beneficio.

En un fallo de casación, la Sala Penal del alto tribunal cambia la línea jurídica que venía aplicando y advierte que "la privación de la libertad en el lugar de residencia del procesado, en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia, no puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad".

Con el cambio de jurisprudencia, el derecho fundamental de los niños debe ser ahora ponderado con los antecedentes de quien solicita el beneficio. Así se evitará -dice la Corte- que miembros de estructuras criminales organizadas, responsables de graves delitos, se aprovechen de esta circunstancia para continuar delinquiendo.

Los magistrados confirmaron así una decisión del Tribunal Superior de Popayán, que negó la libertad de Taquinás Diju tras considerar que por haber abandonado el trabajo que tenía, para dedicarse a vender cocaína en su casa, la mujer debía permanecer en una cárcel hasta cumplir su sentencia de 42 meses de prisión.

Ella vivía con sus dos hijos en el barrio la Castellana de Miranda (Cauca) y en un allanamiento de la Policía a su residencia, en junio del 2010, encontraron más de un kilo de droga dividido en paquetes de un gramo. La mujer admitió después su responsabilidad ante el Juez Penal de Puerto Tejada.

La Corte, en este caso, va más allá y consideró necesario modificar la jurisprudencia que se venía aplicando. Ahora, antes de otorgar el beneficio, los jueces tendrán que valorar el desempeño social, familiar y personal del implicado y examinar si registra antecedentes judiciales o si representa un peligro para la sociedad.

De esa forma, se apartaron de la postura del 2008, que otorgaba el beneficio de prisión domiciliaria con el solo hecho de demostrar que era cabeza de familia.

Aunque la prisión podría afectar el derecho fundamental de los niños y los pone en riesgo de abandono, considera el alto tribunal que "en ningún caso será posible desligar del análisis, para la procedencia de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, aquellas condiciones personales del procesado".

Y como ejemplo de su nueva postura apelaron al caso que analizaban. Allí, la mujer presa por porte de estupefacientes no sólo afecto la formación integral de sus hijos por tener cocaína en su vivienda, sino que el riesgo de abandono podía ser cubierto por el padre o las abuelas de los niños.

justicia@eltiempo.com

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
28 de junio de 2011
Autor
REDACCIÓN JUSTICIA

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