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Corrupción en Colombia: un panorama gris reveló informe mundial

Además, los escándalos lo confirman. Más que normas, urge una política de Estado.

"No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos: los mafiosos no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder financiero (...) La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia, el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del sistema".

Esta frase, pronunciada por Leoluca Orlando, diputado italiano y ex alcalde de Palermo durante una visita a Bogotá en noviembre de 2009, sintetiza de manera contundente los alcances y las implicaciones de la corrupción en el mundo.

En particular, es importante llamar la atención sobre la relación que establece entre corrupción y democracia. Las prácticas corruptas impiden materializar los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.

También es relevante señalar la vinculación que, según Orlando, existe entre la corrupción y los actores y acciones de naturaleza mafiosa. Esto es especialmente cierto para el caso colombiano, donde esta relación se ha puesto en evidencia de manera contundente en los últimos años, cuando sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo- resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas. No en vano varios analistas colombianos han hablado de la existencia de un círculo perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.

Una corrupción más grave

Por ejemplo, Luis Jorge Garay se refiere a este fenómeno en los siguientes términos: "Aquello que, hasta hace algunos años se conocía como corrupción: el soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de recursos públicos, ha cambiado al punto de que actualmente sólo puede analizarse y entenderse en un contexto más amplio que el tradicional, ante el papel determinante que han ejercido procesos y actores de corte mafioso".

Esto hace que la acepción tradicional de corrupción, que ha sido definida por Transparencia Internacional como "el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones", se quede corta para entender la complejidad del fenómeno en sociedades como la nuestra. Y que sea necesario abordarla como una "práctica funcional en la organización económica, política y social existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para la satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al margen del mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos de la colectividad".

Además de lo anterior, hay algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político, que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas, la concentración creciente del poder en el ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos; el clientelismo; la impunidad; la falta de transparencia en la financiación de la política; la 'cultura del atajo' y el 'todo vale'; una débil cultura de rendición de cuentas; el incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información; fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, e incumplimiento de la normatividad vigente.

Si nos trasladamos al ámbito empresarial, la situación no es menos preocupante. De acuerdo con el Foro Económico Mundial 2009 - 2010, el primer factor que dificulta la realización de negocios con empresas privadas en Colombia es la corrupción, por encima de motivos como los impuestos, la ineficiencia de la burocracia estatal o el crimen y la violencia.

¿Qué hacer?

El Gobierno del presidente Santos, preocupado por este problema, ha presentado al Congreso de la República un Estatuto Anticorrupción y ha expresado su compromiso de adoptar medidas para combatirlo. El Proyecto de Ley, sin duda, es un avance, pero debe ser visto como una pieza de una política integral.

Esta ha sido, precisamente, la propuesta que Transparencia por Colombia le ha hecho al Gobierno Nacional. Se debe trabajar en el diseño de una Política de Estado contra la corrupción, que involucre a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles del gobierno, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Para esto se debería promover un consenso nacional sobre las prioridades y temas clave que identifique compromisos y responsabilidades, así como políticas, con su correspondiente plan de acción. Debe contemplar medidas de prevención, investigación y sanción, y propender por la integración y coordinación de todos los entes responsables de su aplicación. También, debe ajustarse al cumplimiento de las convenciones internacionales contra la corrupción, de las cuales Colombia es signataria.

Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma. Pero más allá de las normas, una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de educación y de participación ciudadanas. Y, sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la corrupción. Sólo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y altos rendimientos y se convertirá en una de alto riesgo y bajos rendimientos.

www.razonpublica.com.co

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
8 de noviembre de 2010
Autor
www.razonpublica.com.co

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