En Colombia, los precios de algunos medicamentos no solo se cuentan entre los más altos de la región. Tampoco hay claridad sobre el valor que el sistema de salud paga por aquellos que no están en los planes de salud (POS).

A esto se suma el hecho de que más de 500 instituciones y empresas que los compran y los venden no cumplen con la obligación de reportar estas operaciones al Gobierno, como lo exige la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Por ejemplo, durante el segundo trimestre de este año, solo 164 enviaron dichos reportes, una mínima parte de las 728 entidades registradas que deben entregarlos.

Según las normas, las EPS también tienen que enviar la información, que agilizaría la labor de regulación y control estatal de los precios de los medicamentos y la cadena de agentes sobre este tema en el sector. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, que sería la encargada de sancionar o de iniciar investigaciones en tales casos, apenas está empezando algunos procesos.

El panorama, signado por la falta de reglas claras en la regulación, se refleja en cifras escalofriantes, que afectan la viabilidad del sistema de salud. Para la muestra está que, mientras en el 2004, el valor de los recobros por medicinas y procedimientos que no están incluidos en el POS ascendió a 170.155 millones de pesos, en el 2006 superó la barrera del billón de pesos. Se estima que al finalizar el año esa cifra rebasará los 2,5 billones de pesos.

La explicación habría que buscarla en casos como el de algunos fármacos biológicos que no tienen ni competencia en el mercado ni control de precios. De acuerdo con la Federación Médica Colombiana, entre el 2006 y el 2007 el valor de los recobros por uno solo de estos medicamentos fue de 15.600 millones de pesos.

Como se trata de uno que sirve para tratar enfermedades muy específicas, cuyo número de pacientes, por lo general, no se multiplica en forma explosiva, cuesta entender por qué en el 2009 dicha cifra se disparó a 94.000 millones de pesos. Vale anotar que esta medicina se recobra al sistema de salud al doble del precio señalado por el Observatorio Centroamericano de Medicamentos.

Hay que decirlo: Colombia carece de una estructura de costos que permita determinar con exactitud el valor de los medicamentos; esto hace que, con algunas excepciones, haya libertad de los precios de insumos a todas luces vitales, lo que exige revisar el papel que ha cumplido en ese sentido la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.

También es urgente abordar temas como la calidad de los fármacos que usan los colombianos, la carencia de un sistema fuerte de farmacovigilancia, la debilidad técnica e institucional del ente regulador (el Invima, en este caso), la proliferación de medicamentos falsificados e, incluso, el uso irracional e inducido de algunos de ellos, a costa de las finanzas de la salud.

Durante las discusiones que han rodeado la estructuración de la reforma del sistema de salud se ha considerado este problema.

El ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, ya ha hablado de algunas propuestas, como la imposición de topes para los recobros y la posibilidad de hacer importaciones paralelas, a las cuales podrían sumarse otros mecanismos de regulación, como las licencias obligatorias y el fortalecimiento institucional del Invima.

Sacarlas adelante sería dar pasos seguros. Ojalá algunos actores del sistema, interesados en que esto no funcione, entiendan que el acceso a medicamentos útiles, de calidad y a precios justos, está por encima de ellos. Primero está el bien general.

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