A pesar de que hace cuatro años la Corte Constitucional legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos especiales, la aplicación efectiva de tal decisión judicial sigue enfrentando dificultades. Precisamente esta semana, cuando se inicia una campaña que busca la despenalización total del aborto en América Latina, el procurador, Alejandro Ordóñez, busca limitar con una iniciativa legislativa los espacios donde las mujeres puedan ejercer este derecho sexual y reproductivo.

De convertirse en ley el proyecto que radicará el jefe del Ministerio Público, instituciones académicas y médicas, así como jueces, autoridades policiales y disciplinarias, podrían rehusarse a aprobar y practicar abortos bajo la figura de "objetores de conciencia". Asimismo, aduciendo convicciones personales, los maestros podrían abstenerse de dictar la llamada "cátedra del aborto", que informa a los menores sobre los escenarios despenalizados. Esta medida autorizaría a los funcionarios públicos a negarse a cumplir lo estipulado por la ley por motivos de conciencia.

La Procuraduría se ha convertido en un frente activo que busca el retroceso en los avances que en materia reproductiva las altas cortes han dictaminado. No obstante, es vital no cerrar esa ventana que se abrió en el 2006, cuando se aprobó en tres casos específicos. Es lamentable que el debate gire hoy en torno a más limitaciones y restricciones, y no a los mecanismos para garantizar que las mujeres y niñas víctimas de abuso accedan al procedimiento si cumplen con las condiciones.

La polémica iniciativa desconoce el deber de instituciones médicas, judiciales y académicas de cumplir la ley, y busca anteponer "las convicciones de un funcionario frente a la vida y el matrimonio" a la vida y la salud de la mujer. ¿Se abstendrían, entonces, de practicar divorcios aquellos funcionarios que crean en el matrimonio hasta la muerte? Mientras los médicos, maestros, jueces, hospitales y colegios podrán "objetar" y negarse a practicar abortos, los derechos ganados de las mujeres quedarán en vilo y su vida correrá riesgo.

La ley no puede estar sujeta a los designios particulares de la conciencia de los funcionarios del Estado. Son ellos los que deben aplicar la ley, por encima de sus principios religiosos, y orientar a los ciudadanos. Como este es un debate de política pública y no de moral, los hospitales y demás instituciones han de cumplir la ley de la República y no la ley de Dios. En especial cuando la prioridad de la normatividad vigente es alejar a las mujeres de una muerte segura o mitigar el trauma de una violación.
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