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Así será la nueva Ley de Víctimas

Los únicos sin reparación serían los miembros de grupos armados ilegales y sus familias.

El segundo proyecto de ley con el que el Gobierno pretende, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, "saldar la deuda moral" con las víctimas de la violencia (el primero fue el de restitución de tierras) será radicado el miércoles en el Congreso.

El tope de reparación administrativa quedó en 20 millones de pesos y los únicos excluidos serán los miembros de grupos armados ilegales y sus familias.

Con el paquete de medidas, conocidas por EL TIEMPO, el Gobierno cerrará el polémico capítulo de las víctimas de agentes del Estado, que fue clave en el hundimiento de la iniciativa que se cayó en el Congreso en la pasada legislatura.

El texto, que fue concertado con las mayorías legislativas, no hace diferencia entre victimarios, pero deja claro que la reparación "no podrá interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad penal del Estado".

En sus planes de reparación integral, el Gobierno beneficiará con educación hasta bachillerato a las víctimas que no cuenten con recursos, y en todos los casos garantizará asistencia en salud. También fija un plazo de 4 años, a partir de la expedición de la ley, para que las víctimas pidan la reparación.

La iniciativa dice que los niños y niñas a los que se les violenten sus derechos recibirán la indemnización que les toque. "El dinero (que irá a un encargo fiduciario) les será entregado después de los 15 años, si se demuestra su capacidad de administrar los recursos", dice el proyecto.

La ley hace referencia a uno de los líos que más afectan a las víctimas: las deudas. Al respecto, las víctimas podrían recibir alivios especiales sobre las deudas de las propiedades que les restituyan. Ese beneficio aplicaría para servicios públicos no pagados.

También quedaría en la ley que Colombia y EE. UU. garanticen que todos los bienes que entreguen los extraditados van a ir a la reparación, y que sus declaraciones judiciales llegarán a los procesos en Colombia, para garantizar verdad y justicia.

Declaración a puerta cerrada

La buena fe de las víctimas y un protocolo de investigación que contemple medidas jurídicas y psicosociales para protegerlas serían la base de los procesos penales.

Así, "las víctimas podrán solicitar al juez que les permita rendir declaración en un recinto cerrado", contando sólo con la presencia de los funcionarios responsables del caso.

Qué es una víctima, según la propuesta

Sin importar el agresor, serán reconocidas como víctimas las personas que hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales o hayan sufrido lesiones, sufrimiento emocional, pérdida de la libertad, reclutamiento forzado de menores, pérdida financiera y desplazamiento forzado.

También se reconocerán como tal a los familiares hasta en primer grado de consanguinidad de las víctimas de homicidio o desaparición.

Los miembros de la Fuerza Pública recibirán la reparación que los cobija por su condición y también la administrativa, que les entrega el Estado.

No serán considerados como víctimas los miembros de los grupos armados ilegales y sus familias hasta en primer grado de consanguinidad o afinidad.

REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
17 de septiembre de 2010
Autor

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