Si hay un indicador que cualifique, sin sesgos, cualquier sistema sanitario y las políticas de salud pública de un país, ese es la forma como se evitan las muertes de mujeres embarazadas. Por eso, llama la atención el reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, que advierte que Colombia no cumplirá la meta propuesta en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, en el período 1990-2015. A estas alturas, es claro que, en el mejor de los casos, ese propósito se cumplirá con un retraso de cinco años.

El compromiso suscrito por el país era concreto: bajar de 75 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos a 45 por cada 100.000 nacidos vivos para el 2015. Pero, de acuerdo con cálculos hechos por el ente de control, eso solo será posible en el 2020. La situación resulta crítica cuando se analizan algunas regiones por separado. Se estima, por ejemplo, que departamentos como Putumayo, Tolima y Meta cumplirían el objetivo en el 2027, mientras que el Chocó lo alcanzaría en el 2051 y el Guainía, en el 2076. El panorama dista mucho de ser del de ciudades como Medellín, que alcanzó la meta en el 2004 (su tasa hoy es de 35,7 por 100.000), y Bogotá, que llegó a ella en el 2008 (con una tasa de 37 por 100.000).

Según el análisis de la Procuraduría, los resultados son un indicativo de los severos riesgos que hoy afrontan las mujeres embarazadas en algunas regiones por cuenta de la inexcusable carencia de políticas serias para prevenir estas muertes. No se entiende cómo un indicador tan sensible sigue a la baja en un país que se ufana de contar con una cobertura en salud cercana al 90 por ciento y de atender la mayoría de los partos en centros hospitalarios para minimizar los riesgos. Parte de la explicación está contenida en el propio informe del Ministerio Público, que no solo puso en evidencia la ausencia de procesos de vigilancia y control, sino que denunció la existencia de barreras al acceso de las embarazadas a los servicios de salud, y la oferta insuficiente de instituciones que armonicen con sus condiciones socioeconómicas y etnoculturales, en buena parte del territorio nacional.

Infortunadamente, el problema no es nuevo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió en el 2008 que las muertes derivadas de la maternidad en Colombia son una violación de los derechos humanos y una expresión inequívoca de las desventajas económicas, sociales y culturales que padecen muchas mujeres en el país. También exponen la crisis del sistema sanitario y la falta de políticas claras de salud pública, de programas efectivos de salud sexual y reproductiva, de estrategias reales de seguimiento y control del embarazo, y de disponibilidad de métodos de planificación familiar.

Las autoridades del sector insisten en que si bien no se han cumplido las metas, sí se han logrado avances. Pero esta explicación no basta para entender, por ejemplo, por qué se siguen presentando fallas en los sistemas de reporte de estos casos por parte de las secretarías de Salud al Ministerio de la Protección Social. Pese a que ello impide contar con datos consolidados sobre mortalidad, vale decir que sólo en el 2008 se conocieron 503 muertes, la mayoría evitables, de mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. Existe un acuerdo social sobre lo grave que resulta para un país la ocurrencia de estas muertes. Por eso, los esfuerzos que colectivamente se hagan para evitarlas nunca serán demasiados. El primero consiste en llenar los peligrosos vacíos que, en materia de salud pública, tiene el sistema actual y que dejan entrever que aún estamos lejos del desarrollo. Ojalá la reforma de la salud, que hace tránsito en el Congreso con mensaje de urgencia del presidente Juan Manuel Santos, asuma de frente y con decisión esta tarea.